Un juicio insólito desnuda los tiempos eternos de Comodoro Py

Era un caso sin nada por investigar, no requería buscar ni una sola prueba, pero a la Justicia le costó ocho años llevarlo a juicio. El acusado, Luis D’Elía, le había dicho por radio "paisano" a Sergio Schoklender y fue denunciado por discriminación, por incitar al odio. El Inadi cuestionó los dichos de D’Elía, pero dictaminó que no había delito; el fiscal Guillermo Marijuan y la DAIA sostuvieron que sí. Así llegó a juicio.

Pero lo insólito del caso es todo lo que pasó antes. La denuncia no había cumplido un mes cuando D’Elía confirmó que había dicho lo que había dicho; sin embargo, durante ocho años el expediente acumuló cinco cuerpos (unas mil hojas) y circuló por decenas de oficinas judiciales, incluidas las de todos los jueces de la Corte Suprema. Y si bien en teoría el proceso terminó ayer, con la absolución que firmó Sebastián Casanello por "inexistencia de delito", ahora empieza el camino de los recursos, que puede durar años.

"Comodoro Py es el reino de la burocracia, el auténtico gobierno de los escritorios", dijo a LA NACION un abogado que lleva décadas caminando los pasillos de los tribunales federales.

La burocracia funciona como una aliada perfecta para el cajoneo. Es muy útil para aquellos jueces y fiscales que no están dispuestos a tomar decisiones que les resultan incómodas y también para los que quieren favorecer a algún acusado al que solo el paso del tiempo puede salvar. Durante años los tribunales perfeccionaron el arte de dejar correr el reloj: la "cronoterapia" de los expedientes, la llamó el juez Carlos Fayt.

La Corte tiene hoy dos casos insuperables en materia de cronoterapia. Los dos contra el expresidente Carlos Menem. Uno es la causa armas, donde Menem había sido condenado, pero el año pasado la Cámara de Casación lo absolvió por violación del "plazo razonable". Los camaristas dijeron que se había extinguido la acción por "lamentables fallas" de la Justicia. No identificaron quién fue el culpable de esas "lamentables fallas" ni promovieron ninguna investigación interna, pero absolvieron a Menem. Es una causa judicial que tiene 24 años y que a pesar de aquel fallo no está cerrada. En junio de este año, la Procuración opinó que debe reabrirse y ahora tiene que decidir la Corte. El expediente está en la Secretaría de Penal del alto tribunal. Todavía no empezó a circular entre los ministros.

La otra es la causa sobresueldos. Menem recibió una pena de 4 años y medio por hechos que ocurrieron hace 27, pero no empezó a cumplir la condena porque está pendiente este recurso, que ataca un fallo de Casación que se negó a cerrarle la causa El expediente entró en la Corte el 18 de diciembre del año pasado y todavía está en la primera de las cinco vocalías, dijeron fuentes del tribunal. La falta de una respuesta final de la Justicia es el argumento de los senadores para mantener con fueros a Menem. La "doctrina Pichetto".

El camino del caso

La causa por la que ayer fue absuelto D’Elía tuvo un paso de un año por la Corte Suprema, que en un fallo dividido, entendió que correspondía que el expediente se investigara en Comodoro Py. Raúl Zaffaroni votó en disidencia. Antes, la justicia de la ciudad lo había enviado a federal y federal a la ciudad. Nadie quería quedarse con el caso. Finalmente, radicada la causa en Comodoro Py, la decisión de enviar a D’Elía a juicio la tomó Luis Rodríguez, un juez federal que estuvo acusado de coleccionar objetos "representativos de la ideología nazi" (según la impugnación del CELS). Cuando a Rodríguez lo eligieron juez, los cuestionamientos a su designación incluyeron la sospecha de que había tenido el examen de antemano y también, de que coleccionaba material nazi. Él dijo en el Senado que eso no era cierto, y que lo que le interesaban eran los objetos vinculados al imperio británico y la segunda guerra mundial.

Por tratarse de un delito que prevé una pena baja, el juicio contra D’Elía no lo hizo un tribunal sino un único juez, Casanello, que en un primer momento había decidido que el caso fuera al tribunal oral que ya estaba juzgando a D’Elía por la toma de la comisaría (y que lo condenó a la pena de prisión que cumple hoy). Pero el tribunal le devolvió el expediente.

El sistema procesal vigente favorece la lentitud. En cambio, el nuevo Código Procesal Penal, que todavía no se aplica en la Capital, es acusatorio y prevé que casi todos los trámites sean orales; incluye nuevos métodos alternativos de solución de conflictos y tiene plazos más breves. Dependerá de cómo lo apliquen los actores del sistema -hoy hay plazos previstos en el código que no se cumplen-, pero casi todos los especialistas coinciden en que va a mejorar los procesos. No se sabe cuándo llegará a Comodoro Py.

La implementación de ese código, gradual, empezó en Salta y Jujuy, y la idea era que se aplicara en Buenos Aires en unos cinco años. Como incrementa el poder de los fiscales (las investigaciones pasan a depender de ellos y ya no de los jueces), hay penalistas cercanos al kirchnerismo que creen que Alberto Fernández, de ser electo presidente, debería promover que se implemente de inmediato el nuevo código en Comodoro Py (una vez que haya cubierto la vacante del procurador). Sería una vía para atenuar el control que hoy tienen sobre las causas los doce jueces federales. Pero todavía es un misterio cómo va a plantear Fernández, si es que gana, la relación con la justicia federal y qué nivel de reformas estará dispuesto a impulsar.

En el Congreso hay una Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, presidida por el peronista Rodolfo Urtubey, que este año evaluó la posibilidad de volver operativo el código de inmediato en todo el país en todos aquellos aspectos que fuera posible -algo que ya están haciendo algunos fallos-; por ejemplo, para empezar a aplicar las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, un tema que el kirchnerismo siguió especialmente por las prisiones ordenadas en las causas de corrupción. Los senadores lo pensaron pero lo frenaron. En el Congreso decidieron congelar todo hasta después del 27 de octubre, confirmaron fuentes legislativas. En la comisión advirtieron que ni siquiera está claro cuándo empezará a aplicarse el código en Santa Fe y Mendoza, previstos para ser ahora los próximos lugares de implementación. Frente a un escenario político inestable, el Senado también maneja los tiempos.

Por Paz Rodríguez Niell

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