Un Poder Judicial en jaque, cada vez más debilitado

La Justicia está inmersa en una tormenta perfecta que desnuda su debilidad como el poder del Estado que debe ser el contrapeso y control de los otros dos. Es el equilibrio del Estado de Derecho de funcionamiento de los tres poderes del Estado. Pero cuando uno de ellos aparece devaluado, se agiganta la posibilidad de control de los otros dos sobre el más desvalido.

Y desde que se reinició la actividad judicial tras la feria de verano, el Poder Judicial quedó atrapado en medio de limitaciones que le buscan imponer desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y está purgando sus propios errores del pasado, que lo colocan en lo más bajo de la consideración pública.

El presidente Alberto Fernández les había avisado en su discurso de asunción que se venía una reforma judicial y había denostado a los jueces federales como lo había hecho durante la campaña electoral. No era solo por las causas contra Cristina Kirchner, sino por sus nexos con los servicios de inteligencia, que nacieron con el kirchnerismo y fueron abonados por la propia Cristina Kirchner.

Los errores propios de los jueces federales y la venganza del kirchnerismo los colocó en una situación de debilidad tal que ni asomaron la cabeza. Lejos quedaron las épocas de las reuniones o declaraciones altisonantes.

Los 12 jueces federales se desayunaron así el 1º de marzo con el anuncio de una reforma judicial que promete licuar su poder en 50 juzgados federales. Ni uno protestó, al menos en voz alta. Todos quedaron a la expectativa.

Si con esa iniciativa les mojaron la oreja, también sienten que les metieron la mano en el bolsillo. El Gobierno, tras aprobar una reforma jubilatoria para el régimen general que implica un ajuste de las jubilaciones por encima de los 20.000 pesos, decidió compensar con el recorte de las jubilaciones de los jueces y diplomáticos, claramente fuera de escala. En la Justicia una jubilación promedio es de 300.000 pesos y un haber mínimo llega a 15.000.

Es claro que los jueces aportan más, sin tope, y que no pueden tener otro ingreso, pero el desequilibrio es tal que hasta los propios magistrados admiten que es necesaria una modificación. Durante todo enero hicieron un discreto lobby ante el Ministerio de Justicia y creían que tenían la batalla ganada, pero en febrero, el Ministerio de Trabajo alumbró un proyecto de ley que no solo aumenta la edad jubilatoria y el monto de los aportes, sino que cambia la base de cálculo del haber mínimo, que equivalía al 82% móvil del sueldo de juez. Ahora se iba a calcular sobre el promedio de lo que ganaron en los últimos 10 años actualizado.

Así las cosas, no consiguieron cambiar el texto en la Cámara de Diputados ni en las comisiones del Senado, que se reunirá esta semana para convertirlo en ley. Los jueces, resignados, forman fila para hacer juicio al Estado y esperan encontrar respuestas en la Corte.

Mientras tanto, al menos una decena de magistrados renunciaron para conservar sus beneficios, con lo que ahondan las vacantes que ya diezman el 25 por ciento de los cargos de la Justicia Nacional y Federal.

Sin poder los federales, con menos jubilación y con vacantes, a este escenario se sumó una vieja costumbre de Comodoro Py 2002: navegar en dirección del viento. Las decisiones de hace menos de tres años, que les devolvieron a los jueces el respeto social y que los pusieron en mejor consideración, ahora se dan vuelta.

Todo es producto de una mala percepción social: prisión preventiva no es culpabilidad y libertad no es inocencia.

El mismo tribunal que a fin del año pasado había extendido la prisión preventiva de Julio De Vido en la causa del fraude de la mina de Yacimiento de Río Turbio y lo había mandado a su casa con una tobillera electrónica, ahora revocó esa detención y lo dejó libre. Nada preocupante si no fuera que no hay ni miras de que sea jugado por ese caso. Por eso De Vido se esforzó en convertir en los medios su excarcelación en una absolución.

Y peor aún, De Vido ya tiene una condena, la de la tragedia de Once, que lo obligaría a permanecer 5 años 8 meses preso. Pero los jueces de la Cámara de Casación ya llevan dos años analizando el caso sin decidir si revocan o dejan firme la condena, Si hubieran fallado así, De Vido no debería haber salido de la cárcel.

El escenario se completa con un nuevo embate kirchnerista sobre la Justicia con el proyecto de ley que busca intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Detrás de esta medida está sepultar las causas contra Milagro Sala. Alberto Fernández le juró al gobernador radical Gerardo Morales que no tiene nada que ver con el proyecto y que no lo avala, pero el asunto será ventilado en el Congreso, donde basta una mayoría simple para que se apruebe.

Mientras los vientos cruzados arrecian sobre el Poder Judicial la Corte se mantiene callada. Cristina Kirchner la toreó esta semana por Twitter. Es evidente tanto lawfare, y a la Corte no se le mueve un pelo, les dijo. Que se ponga en la fila que ya llegará su expediente, le contestaron.

Pero nada más

Con diferencias internas la Corte no exhibe gestos ante los avances sobre el Poder Judicial, los jueces, las vacantes o los errores propios de los funcionarios judiciales. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, actúa sin estridencias. No tiene contactos con el Gobierno. Ricardo Lorenzetti acaba de regresar de Hawai, y en el Gobierno y en el kirchnerismo lo miran con desconfianza. Horacio Rosatti se manda WhatsApp con Alberto Fernández, en un vínculo que recompuso. Juan Carlos Maqueda sigue en Miami y se espera su regreso esta semana, y finalmente está Elena Highton, la más cercana a Alberto Fernández, que llegó a la Corte por sus gestiones. No obstante, puertas adentro los jueces no se ven en una situación de vulnerabilidad porque creen que, en última instancia, ellos son los dueños de la lapicera cuando tienen que firmar sentencias cada semana. Y eso fallos tienen consecuencias, dicen.

Así, atrapada por sus propias limitaciones, purgando errores del pasado, bajo fuego del kirchnerismo, que quiere colocar jueces propios en la Corte, y enfrentando la embestida del Gobierno, que busca recortar sus ingresos, cuando está en lo más bajo de la consideración pública, la Justicia se percibe en un momento de debilidad, nada recomendable institucionalmente si tiene que ejercer su rol de contrapeso republicano y control de los otros dos poderes del Estado.