Un sistema coordinado, para que no haya otro Julio López

Desde Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional, hemos expresado nuestra preocupación sobre la necesidad de coordinar los distintos programas de protección de testigos y cooperadores. El principal problema es normativo.

La figura del cooperador se introdujo mediante una reforma del art. 41 ter del Código Penal, que es una ley nacional, pero al mismo tiempo esa norma (ley 27.304) cuenta con otros diecisiete artículos que regulan cuestiones de procedimiento (por ejemplo: la oportunidad del acuerdo, la forma del acuerdo, etc.), que son facultades reservadas a cada provincia. Por eso, el art. 18 de esa ley "invita a las provincias a dictar normas procesales a efectos de concordarlas". Es decir que el propio legislador, al regular a los cooperadores, advirtió el problema.

Algo parecido ocurre en materia de protección de testigos, pues contamos con una ley nacional (25.764), pero hasta 2017, sobre 24 provincias, existían 17 subsistemas de protección. Esta situación genera múltiples inconvenientes debido a que se prometen medidas de protección que luego no se pueden cumplir. Por ejemplo, que una provincia se compromete a cambiar la identidad de una persona cuando esa facultad depende de la Nación.

En suma, todas estas situaciones condujeron a una falta absoluta de coordinación en los esfuerzos y a un bajísimo nivel de efectividad en la protección de testigos y cooperadores. En 2006 sufrimos la desaparición del testigo Jorge Julio López, en el marco de una investigación de crímenes de lesa humanidad, y ello motivó que el entonces jefe de Gabinete -hoy presidente electo- Alberto Fernández creara el programa Verdad y Justicia (decreto 851/2007).

En conclusión, en la actualidad existe una deficiente política de Estado en la materia y es indispensable reordenar los distintos programas y sistemas en pos de brindar tranquilidad y seguridad a los cientos de ciudadanos que han arriesgado sus vidas y las de sus familias para garantizar que el resto de la ciudadanía cuente con un servicio de justicia ecuánime y eficaz.

Por ello, siguiendo los lineamientos trazados en la investigación de la USAL denominada "Cooperación en el proceso penal argentino. Sistema nacional y sistemas provinciales. Antecedentes, evolución y futuro", propiciamos que el programa de protección de testigos sea coordinado desde el Poder Judicial nacional, a fin de contar con una visión sistémica del problema que permita armonizar el accionar con las distintas jurisdicciones provinciales.

No puede volver a ocurrirnos un caso como el de Jorge Julio López. La Argentina no lo resistirá.

Hugo Wortman Jofré

LA NACION

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