Un sistema que se transformó en los 90

Aún vigente, la desregulación del sistema de salud se concretó durante la gestión de Carlos Menem. El puntapié fue el decreto 9, de 1993, que les garantizó a los asalariados la "libre opción" de la obra social más allá de la rama de su actividad y, en los fundamentos de la resolución, se invocó que esa decisión contribuiría a mejorar la eficiencia por "el clima de mayor competencia".

Más adelante, en 1997, se habilitaron los convenios con empresas de medicina, más conocidas como prepagas. Allí comenzó a prefigurarse el mapa actual. Hubo obras sociales pequeñas que, a cambio de quedarse con una porción mínima del aporte, cerraron acuerdos con firmas privadas. Eso hizo que experimentaran un fabuloso crecimiento en sus filas y ascendieran a los primeros puestos del podio en la recaudación.

En la práctica, los beneficiarios de ingresos más altos optaron por los servicios de la medicina privada. El grueso de los casos lo hizo por el mismo mecanismo: en forma indirecta, a través de la obra social con la que la prepaga selló convenio.

En el Gobierno, fuentes involucradas en el estudio de este fenómeno citan como paradigmático el caso de la Obra Social de Capitanes de Ultramar, que firmó un acuerdo con un jugador relevante del sector privado. "En los 90 tenía poco más de 80 afiliados y hoy tiene 600.000", explicó la fuente. Como paradoja, hoy se da que algunas obras sociales cuentan con un número de afiliados muy superior al de los trabajadores que hay en esa rama. Eso, obviamente, implica que también recauden más.

En la CGT directamente reclaman que se frene el libro de pases y, en la Casa Rosada, se resisten a una medida tan drástica. Analizan alternativas para compensar los desequilibrios de los más afectados, pero no harían cambios radicales al sistema.

Entre los gremios grandes hubo fuertes perjuicios. Muchos de esos gremios están hoy alejados de la facción que conduce la CGT, con Hugo Moyano a la cabeza. Por ejemplo, Comercio, comandado por Armando Cavalieri, sería uno de los grandes beneficiarios de una reforma que impidiera los traspasos o retrotrajera las fugas.

En la Argentina, el sistema de seguridad social cuenta hoy con 18 millones de trabajadores que aportan dinero de sus sueldos a las obras sociales. La medicina prepaga cuenta con entre 2,5 y 3 millones de afiliados, según estimaciones privadas.

La AFIP embolsa unos 2000 millones de pesos mensuales que retiene de los salarios. Esa torta se reparte en su mayoría entre las obras sociales y el resto -alrededor de 15%- al Fondo Solidario de Redistribución. Este último, a la vez, nutre a la Administración de Programas Especiales (APE).

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