Una iniciativa que le otorga un enorme poder al Gobierno

El "vamos por todo" está golpeando hoy las puertas del Poder Judicial. Indudablemente esta frase comienza a plasmarse en hechos contundentes a partir de la reforma que el Congreso de la Nación está tratando a pedido del Poder Ejecutivo Nacional.

Que la Justicia necesita una reforma, ninguna duda. Pero no esta reforma.

El intento sin disimulo por partidizar al Poder Judicial más que brindarle soluciones a los ciudadanos, le otorga un poder enorme al Poder Ejecutivo. Le entrega ni más ni menos que el manejo de otro poder. El triunfante en las elecciones podrá alcanzar el control total sobre el Consejo de la Magistratura.

El Consejo entre otras funciones elige y remueve jueces. Si el oficialismo en el Congreso no se anima a levantar la voz contra el Ejecutivo ni cuando las bases de nuestro sistema institucional están en juego, la respuesta es obvia si nos preguntamos si lo va a hacer cuando le ordenen remover a un juez o nombrar a uno determinado. Recordemos el caso Reposo, que nos muestra que el interés político puede mucho más que las calidades profesionales.

Reafirmamos, esta reforma de la Justicia lejos de darles soluciones a los ciudadanos le otorga privilegios a quien resulte triunfante en las elecciones. No debemos confundir democratización de la Justicia con partidización. Detrás de esta ingeniería institucional propuesta por el Poder Ejecutivo existen claros intereses partidarios de someter al Poder Judicial de la Nación.

Algunas preguntas:

¿Qué garantías se les dará a los jueces cuando éstos dependan de un órgano que con mayoría oficialista podría echarlos sin mayores costos? ¿Qué juez se animará a defender un interés particular o colectivo en contra del Estado?

Este gobierno presionó para remover un procurador, un juez y un fiscal por el simple hecho de estar investigando al vicepresidente de la Nación.

Para muestra dicen que basta un botón. Esta reforma, de aprobarse, le da al Ejecutivo las herramientas necesarias para echar a un juez en forma mucho más simple. ¿De qué independencia judicial estamos hablando?

Las limitaciones a las medidas cautelares propuestas plantean una fuerte disparidad entre los derechos de defensa del Estado y el de los ciudadanos.

¿Alguien recuerda cómo durante el corralito muchos ciudadanos pudieron defender sus ahorros? Si prospera esta reforma se limitará fuertemente la posibilidad de defensa de los ciudadanos frente a los abusos del Estado.

Estamos acostumbrándonos a la rapidez con que los legisladores oficialistas tratan, dictaminan y aprueban proyectos de gran interés público sin un debate serio sobre ellos.

Hoy sorprende que ninguno de ellos levante la voz y ponga un límite a aberraciones políticas de este tipo que responden pura y exclusivamente a intereses partidarios. Sí, aunque sean parte del mismo partido esperamos responsabilidad ante los ciudadanos.

No estamos ante un tema más de la agenda política. Estamos frente a una situación central de nuestra república, la independencia del Poder Judicial y la limitación de los derechos de los ciudadanos.

Entendemos el juego de mayorías, los oficialismos en el Congreso acompañan al Poder Ejecutivo. Pero en algunos casos se convierten en cómplices de atropellos a la democracia y a los ciudadanos. Tienen que ser conscientes de esta responsabilidad.

Poder Ciudadano considera que estos proyectos ponen en juego la calidad de la democracia e invita a la ciudadanía, a los partidos políticos y a los poderes del Estado a participar de un debate amplio en pos del mejoramiento de la Justicia.