Una presión con varios objetivos ocultos

El Gobierno está dando en estos días pasos decisivos para redoblar su embestida contra los medios y contra la Justicia: su objetivo es ejercer el poder sin ningún cuestionamiento ni control.

Lo que ocurre alrededor de la Corte es sintomático del deterioro del Estado de Derecho en el país. El tribunal dictó un fallo que le ordenó al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, reponer a un ex procurador en su cargo. El Poder Ejecutivo instó a no cumplir la sentencia. El Gobierno se esmeró por arrastrar a niveles sin precedente las relaciones entre los dos poderes. Los vínculos institucionales que mantiene cualquier gobierno con la Corte, por motivos de administración o de agenda, se encuentran virtualmente interrumpidos desde hace dos semanas, por la insistencia del Ejecutivo en mancillar a los jueces. Y no se recuerda que un presidente de un período democrático haya instado a no cumplir una sentencia de la Corte. ¿Por qué llevar las cosas a tal extremo? Hay varios motivos.

Primero: el Poder Ejecutivo trata de hacer creer a la gente que la Corte es opositora. Así, deslegitima la instancia última del Poder Judicial, que es el que tiene que controlar las normas inconstitucionales y juzgar los actos de corrupción de los que están acusados muchos kirchneristas.

Segundo: si el ciudadano común o el empresario advierte que ni siquiera la Corte puede hacer valer sus fallos, quedará en claro que los derechos individuales valdrán muy poco. El Gobierno envía un mensaje claro: sólo él encarna la única ley, sin instancias de control.

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Y, finalmente, el Gobierno, que insiste en no reponer a Eduardo Sosa como procurador tiene otro objetivo más ambicioso: restarle espacio a la Justicia para que acepten los planteos que hacen las empresas de comunicación contra la ley de medios y contra los ataques que el Gobierno dirige a Papel Prensa.

Ese intento de avasallar a los medios es el que llevó a grupos filokirchneristas, la semana pasada, a convocar a través de Canal 7 a una marcha pública frente a la sede de la Corte. El tribunal no tiene ya nada para decir sobre el caso Sosa-Peralta, pero sí debe pronunciarse sobre la medida cautelar que dictó la Justicia a favor del Grupo Clarín, para suspender la aplicación de un artículo clave de la ley de medios.

Por Adrián Ventura

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