Una presión que apenas comienza

Néstor Kirchner es un político de costumbres. Cuando un problema que afecta su gestión queda sujeto a decisiones ajenas suele echar mano de un método hasta ahora efectivo: la presión pública de sus palabras.

La estrategia le sirvió para forzar la caída de Julio Nazareno, ex presidente de la Corte Suprema, y tuvo su influencia en la derrota electoral de hombres que había declarado enemigos, como Mauricio Macri y Ramón Puerta.

En todos esos casos mostró la misma obstinación y afiló sus críticas hasta conseguir el objetivo.

Ninguno de los funcionarios que conocen de cerca a Kirchner cree que esta vez vaya a detenerse en su embestida contra la policía bonaerense y, en especial, contra el ministro de Seguridad provincial, Juan José Alvarez.

La ola delictiva voraz que afecta al mayor distrito del país asoma como una crisis capaz de cambiar el humor favorable de la sociedad con su gobierno.

Y, para colmo, la conducción de la lucha contra el delito en la zona más caliente corresponde a un político, Alvarez, de quien Kirchner desconfía ciegamente.

En charlas íntimas, el Presidente ha deslizado infinidad de veces sus sospechas de que el ahora ministro provincial intentó, junto con Carlos Ruckauf, boicotear su candidatura y convencer a Eduardo Duhalde de apoyar a otro postulante.

Desde el viernes pasado, Kirchner enfocó sus armas hacia la provincia de Buenos Aires. Primero señaló a la policía como cómplice en los secuestros extorsivos y generó una disputa inusual con el duhaldismo. Después insinuó, en sintonía con su ministro Gustavo Beliz, que las corporaciones políticas también son responsables.

En el medio se reunió con el gobernador Felipe Solá y con Duhalde. Con ambos habló de la necesidad de una depuración profunda de la policía y no ocultó que, para él, Alvarez no es el hombre indicado para manejar la seguridad en la provincia.

Las fuentes de la Casa Rosada con mejor llegada al Presidente filtraron esa sensación a la prensa, con plena conciencia de sus efectos: debilitar al ministro provincial y apurar a Solá para que aplique reformas drásticas.

Incluso ante los micrófonos se han oído frases sugestivas. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, llegó a decir ayer que ve a Solá "muy decidido" a combatir el delito, aunque -agregó- no sabe "con qué gabinete lo hará".

La jugada del Gobierno está planteada. Pero, a diferencia de otras anteriores, ésta lo enfrenta al peligro de esmerilar la alianza de poder.

¿Podrán convivir la Nación y la provincia con semejante conflicto irresuelto? Al menos en la Casa Rosada esperan que la estrategia de presión vuelva a acomodar la realidad política a los deseos de Kirchner.

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