Una reforma temeraria que no necesitamos

Alejandro Fargosi
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23 de noviembre de 2013  

En 37 años de abogado y de actividad académica, jamás creí que calificaría de "despropósito" un proyecto de codificación. Pero no hay tiempo para elegancias de jurista, porque como en 2009, senadores que en pocos días dejarán de serlo abusarán de sus cargos al aprobar a ciegas un nuevo sistema legal. Un acto político temerario que no necesitamos.

Desde que a mediados del siglo XIX comenzaron a regir los excelentes códigos de Vélez Sarsfield, hubo dos o tres iniciativas de modificarlos por entero, pero nadie se atrevió a concretarlas. Ni nuestros mejores ni nuestros peores presidentes. ¿Cobardía? No, simple cordura.

La necesidad de actualización total es mentira: los cambios lógicos para los nuevos tiempos jamás son tan profundos como para tener que tirar a la basura 150 años de estudios, jurisprudencia, investigaciones, debates, experiencia, costumbres… todo lo que forma el entorno de dos códigos que no son materia opinable para cualquiera. Los códigos Civil y Comercial requieren mucho conocimiento técnico, no marketing político ni disciplina partidaria.

Formar un jurista lleva cinco años de universidad y otros 20 años más para un nivel jurídico superior. Aunque al populismo le repugne no son materia encuestable ni votable ni la medicina, ni la biología, ni el derecho: se requiere conocimiento científico.

La legislación de fondo no puede votarse igual que la fijación del día de la milanesa. El derecho evoluciona desde hace 5000 años y las recodificaciones sólo existieron cuando se salió del absolutismo monárquico, con Napoleón en Europa y entre nosotros, con Vélez Sarsfield. O cuando los comunistas quisieron cambiar la vida de los países que dominaron.

Como no tenemos que mutar de un sistema monárquico medieval a una democracia moderna, ni queremos cambiar esa democracia por un sistema totalitario, los cambios absolutos son un disparate y un suicidio potencial. Puede parecer atractivo a jóvenes inexpertos o a ególatras disimulados, pero es inconcebible en quienes tenemos la vocación y el deber de ser prudentes y analíticos. Si se quiere actualizar algunos temas puede hacérselo sin arrasar con todo el sistema legal y previo un largo y profundo debate.

Nadie puede decir que domina todo el derecho civil y el comercial ni asegurar que cada uno de los nuevos artículos que propone el nuevo código sean mejores que sus predecesores.

¿Cuál es la necesidad de cambiar todo tirando a la basura 142 años de jurisprudencia, de estudios y de costumbres legales? Esos cambios no solucionan ninguno de los problemas urgentes de la Argentina, como seguridad, transporte, educación, narcotráfico, energía y federalismo.

El nuevo régimen sería un electro shock que cambiaría las bases de los próximos 150 años de vida argentina, porque en estos códigos se regulan todos los aspectos de nuestras vidas: nacimiento, educación, casamiento, familia, trabajo, descendencia, salud, patrimonio, vecindad, muerte…

¿Queremos que hasta los tataranietos de nuestros tataranietos sean reglamentados por este arrebato kirchnerista, sin la certeza de qué y por qué dice lo que dice cada línea del nuevo código? Quizás algunos pocos lo hayan leído entero. Apuesto a que nadie lo ha podido estudiar, porque desde que sus tres redactores originales y el ejército de sus colaboradores lo escribieron, no ha habido tiempo: piense el lector que 142 años después, el Código de Vélez sigue generando dudas interpretativas.

Nuestra Argentina es de todos. El kirchnerismo y la Presidenta son sinceros: vinieron por todo y quieren todo. Hasta dominar a nuestros descendientes aunque el 70% de los argentinos esté en desacuerdo.

Los senadores que dejarán sus bancas deben tener la decencia de no aprobar este proyecto, que como mínimo debe dejarse para el nuevo Congreso. Salvo que querramos entregar hasta nuestros tataranietos al cristinismo

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