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Se reactiva la causa penal por los créditos del Banco Nación a Vicentin durante la era Macri
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LA NACIONCandela Ini
La empresa agroexportadora Vicentin, intervenida por un decreto presidencial, tiene varios frentes judiciales abiertos. Uno es el concurso de acreedores que tramita en la provincia de Santa Fe y que está a cargo del juez en lo civil y comercial Fabián Lorenzini. Otro es la causa penal en la que su presidente, Gustavo Nardelli, y Alberto Padoan, otro ejecutivo, están imputados junto con el extitular del Banco Nación de la gestión macrista Javier González Fraga.
En ese expediente se investiga si la entidad bancaria autorizó de manera irregular a la cerealera a acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas del banco.
El caso lo llevan adelante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita y se encuentra, todavía, en una fase inicial. Ercolini le pidió, en febrero pasado, información al Banco Nación y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero los pedidos al Banco Nación no fueron contestados en su totalidad. Los imputados aún no fueron citados a prestar declaración indagatoria.
La causa surgió por una denuncia de un particular basada en un informe elaborado por el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien, al asumir, analizó la situación económica de la firma y consideró que "el proceso de endeudamiento" que acumuló Vicentin con el BNA "superó los límites a los que podía acceder la firma en función de los establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas". Lozano dijo que la empresa recibió un trato privilegiado y, en marzo pasado, tras reunirse con legisladores santafecinos, advirtió que no se descartaba la posibilidad de una estatización.
La información requerida al Banco Nación fue recibida por el juzgado esta semana, a través de decenas de mails con documentación adjunta. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que hay diferencias entre el material que las autoridades del banco dicen que mandaron y lo que se recibió.
Hasta el momento, reconstruyó este medio, el informe elaborado por Lozano en el cual se basó la denuncia penal no fue entregado oficialmente al juzgado, si no que fue descargado por las autoridades judiciales de una página web.
Según supo LA NACION de fuentes judiciales, el juzgado de Ercolini sí recibió la documentación pedida a la AFIP -información amparada por el secreto fiscal- relacionada con las empresas del holding agroindustrial. También se le requirió información al juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de la firma Vicentin, que remita material sobre la deuda de la empresa, investigada en ese juzgado.
La cerealera fue la principal aportante para la campaña de Juntos por el Cambio en las elecciones del año pasado. Entró en cesación de pagos en diciembre pasado y el 11 de febrero de este año solicitó la apertura de su propio concurso de acreedores por una deuda que asciende a los U$S1350 millones.
"Se desprende de la denuncia la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin S.A. lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos", había considerado Pollicita en el dictamen emitido en febrero pasado, cuando impulsó la acción penal e imputó a González Fraga, Nardelli y Padoan.
Ante la consulta de LA NACION, González Fraga dijo que no fue citado ni notificado por el juez Ercolini.
El reporte en el que está basada la denuncia sostiene, además, que "sin fundamento alguno [Vicentín] habría obtenido una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para encuadrar en la normativa vigente, lo cual habría sido posible gracias a los vínculos de la empresa con funcionarios del anterior gobierno nacional y del BNA, y a sus aportes proselitistas a favor de la coalición 'Juntos por el Cambio', que la ubican como la principal contribuyente".
Padoan, uno de los principales accionistas de Vicentin y además expresidente de la Bolsa de Rosario, fue investigado por la Justicia en la causa de los cuadernos de las coimas, por haber hecho pagos ilegales al exfuncionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.
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