Vida de lujo y lavado: confirman el procesamiento de un exfuncionario kirchnerista y su esposa por negociaciones incompatibles

Tras años de “dolce vita” que incluyeron joyas, viajes y lujos que terminaron por exponerlos, la Cámara Federal confirmó los procesamientos del exfuncionario Gustavo Gentili y de su esposa, Laura Andino, acusados de negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de activos a través de operaciones en Uruguay y sociedades offshore que salieron a la luz con los “Panamá Papers”.

Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah consideraron que existen pruebas suficientes para considerar que el matrimonio lavó dinero que durante años recaudó de manera delictiva entre las empresas concesionarias que, en teoría, Gentili debía controlar, según surge de la resolución que obtuvo LA NACION. Quedaron, así, muy próximos a afrontar un juicio ante un tribunal oral.

“Corresponde homologar la responsabilidad asignada a Gustavo Gentili por el desvío de la voluntad de la administración pública, porque sus actos persiguieron una finalidad distinta de la prevista por la ley, que es la del bien común”, indicaron los camaristas Irurzun, Boico y Farah, en un fallo emitido por unanimidad, días antes de que comenzara la feria judicial.

Los camaristas validaron así los procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello, tras considerar probado que, como número uno del Occovi hasta fines de 2015, Gentili le impuso a concesionarios viales que debían contratar a una “consultora especializada”, Consular Consultores Argentinos Asociados, que controlaba a través de testaferros.

Los rostros visibles de Consular fueron Jorge Pinto, Jorge Donnini y Ricardo López Naón, aunque luego pasaron por allí su hermano, José María Gentili, y Miguel Ducoté. Pero todos como actores secundarios. “La prueba obrante en autos conduce a afirmar que quien estuvo desde el año 2005 atrás de Consular fue Gentili”, concluyó Casanello al procesarlo, en línea con el fiscal Federico Delgado.

La Cámara Federal refrendó esos procesamientos: “Existen firmes sospechas de que Gustavo Gentili poseyó, entre 2005 y noviembre de 2011, intereses económicos y societarios en la consultora -mediante la interposición de López Naón primero o a través de su hermano después”.

Gentili sumó así un nuevo traspié judicial. También afronta un juicio oral por su rol en la causa “Vialidad”, pesquisa por la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya afronta un tribunal junto a otros acusados. Entre ellos, Lázaro Báez, quien habría asistido a la fastuosa fiesta de casamiento de Gentili con su segunda esposa, Laura Andino, en el Hotel Alvear.

En su resolución, la Cámara también la procesó a ella. Concluyó que existen pruebas suficientes para enrostrarle a Andino que participó en las maniobras de lavado. “Más allá de las ocupaciones familiares en las que se excusa”, indicaron los camaristas, “en ese tiempo se encontraba laboralmente activa en tanto que más allá del asesoramiento contable que prestaba en ‘Consular’ entre el 2010 y el 2014, también colaboró entre el 2008 y el 2014 con la firma IECSA”. Es decir, una de las empresas involucradas en la operatoria, por entonces bajo el control de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Juntos –y como funcionarios públicos-, según reveló LA NACION en 2016, Gentili y Andino se prodigaron una vida de lujos. Incluyó una mansión en un country exclusivo, camionetas de alta gama, propiedades en Uruguay y viajes frecuentes a Europa en primera -para ellos y sus once hijos-, en tanto que el oro, los dólares y los diamantes fueron parte de su disfrute diario.

Para los camaristas Irurzun, Boico y Farah, todo eso se basó en una trama delictiva. “En ningún caso Gentili podía justificar sus ingresos provenientes de una empresa que no se encontraba registrada a su nombre y con la que no se lo podía relacionar en razón de su cargo en la administración pública a fuerza de no delatar el interés particular que se viene de desarrollar”.

En esa línea, indicaron los camaristas, el juez Casanello vinculó esa situación al procesarlo a Gentili “con maniobras posteriores que pusieron en marcha un sistema de ocultamiento del origen, circulación por diferentes países y simulaciones, que calificó como lavado de activos de procedencia ilícita. Hay indicios que respaldan esa toma de postura”, refrendaron.

Así, al repasar los expedientes del Occovi, Casanello detectó que al menos “dos grandes grupos de empresas, asociadas en UTE que se presentaron a las referidas licitaciones, contaban en sus ofertas con el aval técnico de Consular”. El corredor vial 4 quedó para el consorcio “Carreteras Centrales de Argentina”, integradp por tres empresas que luego figuraron en la causa “Cuadernos” -Corsan Corviam, Luis Losi y Lemiro Pietroboni-, y una cuarta, CCI Construcciones, cuya quiebra se declaró en 2018. Y el corredor vial 8 fue para el consorcio “Corredor Central S.A.” –formado por otras tres empresas de los “Cuadernos” –Supercemento Luciano SA, y Petersen, Thiele y Cruz, de la familia Eskenazi-, y Polan SA.

Para la Cámara, la operatoria tuvo visos de complejidad que intentó simplificar. “En breve, el cuadro incluye: el armado de una maniobra financiera que permitió cambiar una importante cantidad de pesos argentinos por dólares americanos y su salida del país mediante una operación denominada “contado con liqui”; la posterior acreditación de esos valores en una cuenta bancaria del exterior de otra empresa -que carecía de actividad comercial conocida-; y la extracción paulatina de los depósitos, parte en efectivo, hasta perderse todo rastro. Todo ello, sumado al rol de Gustavo Gentili en la función pública y a la firme hipótesis de la proveniencia delictiva originada en razón del desvío de interés en sus funciones, conduce razonablemente al dictado de los procesamientos”.

Por Hugo Alconada Mon

• Corrupción en la Argentina

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