Vinculan al líder de la Uocra con la dictadura

Organizaciones de derechos humanos y sectores sindicales presentaron ayer una denuncia penal para que la Justicia investigue si el secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, integró la "nómina del personal civil de inteligencia" del Batallón 601 durante la última dictadura militar.

"Partiendo de la base de que el juez Ariel Lijo declaró al Batallón 601 como asociación ilícita, solicitamos a la Justicia que verifique el caso de Martínez y que, de ser así, se investigue la asociación ilícita de la que sería miembro, se lo detenga y se lo requiera por la desaparición forzada de 105 trabajadores de la Uocra durante la dictadura", afirmó ante la agencia DyN Graciela Rosenblum, una de las acusadoras.

El Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos se presentaron como querellantes ante el Juzgado Federal N° 9, a cargo de Sergio Torres.

Martínez prefirió el silencio y no responderá públicamente a sus denunciantes. En la Uocra consideran que la acusación sería por una "interna sindical" con Sitraic, que también reúne a obreros de la construcción. Sitraic y un sector de la CTA que lidera Pablo Micheli forman parte de los organismos que impulsaron la denuncia en el juzgado de Torres.

El líder de la Uocra es uno de los sindicalistas de mejor relación con la Casa Rosada. Es más, habría recibido cierto impulso del Gobierno para reemplazar el año que viene a Hugo Moyano en la conducción de la CGT.

Martínez es miembro del consejo directivo de la CGT. Lidera la Uocra desde 1989. Además, fue jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo durante el menemismo.

En la denuncia, a la que tuvo acceso La Nacion, se destaca que en los registros de la Anses figura que Martínez comenzó a prestar servicios en la Uocra a partir de diciembre de 1978. Por entonces, el dirigente tenía 22 años.

"Del 76 al 83 perteneció a los servicios de seguridad del Estado, como personal civil de la agencia de seguridad del Estado", aseguró Oscar Huberto Castro, miembro de Sitraic. Entre los otros denunciantes figuran, además, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu); Liberpueblo; la Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia); el Movimiento Territorial Liberación, y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Al ser consultado por La Nacion, el vocero de Martínez dijo que el líder gremial no hablaría del tema.

---

Conforme a