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Vuelve la polémica por el blanqueo: la ley ómnibus permite a exfuncionarios y sus familiares regularizar capitales
A dos meses de que se anulara un decreto de Macri que amplió el “sinceramiento” a familiares, el proyecto enviado al Congreso por Milei incluye a quienes renunciaron al Estado antes del 30 de noviembre
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LA NACIONCamila Dolabjian
El blanqueo de capitales insertado en la ley ómnibus enviada al Congreso por el gobierno de Javier Milei incluye a funcionarios públicos que se hayan desempeñado hasta el pasado 30 de noviembre. El artículo 160, sobre el Régimen de Regularización de Activos, fija los plazos de la norma y establece que se encuentran excluidas de beneficio aquellas personas que se hayan reportado en el Estado entre el 1 de diciembre y la entrada en vigencia de la iniciativa. Por ende, antes de esa fecha, los exfuncionarios y sus familiares quedan habilitados para ingresar al blanqueo.
La redacción de la iniciativa, tal como llegó al Congreso, permitiría a exministros de Alberto Fernández como Martín Guzmán (Economía) o Ginés González García (Salud) ingresar al blanqueo. También quedarían habilitados funcionarios de gestiones anteriores, como el propio Mauricio Macri, lo que anticipa el regreso de una vieja polémica que comenzó durante la administración de Cambiemos (2015-2019).
Una decena de abogados consultados por LA NACION coincidieron en señalar dos puntos: la redacción del artículo es confusa y así como está implica que quienes fueron funcionarios hasta fines de noviembre podrán ingresar al blanqueo. El texto indica: “Quedan excluidos de las disposiciones del presente régimen los sujetos que al 30 de noviembre de 2023, inclusive, y a la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos, hayan desempeñado y desempeñen las siguientes funciones públicas…”.
El nuevo blanqueo de capitales se presentó al Congreso al mismo tiempo que corre en sede judicial un reclamo contra el gobierno de Cambiemos por el decreto que extendió los beneficios del “sinceramiento” a funcionarios públicos y sus familiares. En 2016, el expresidente Macri fue denunciado por abuso de autoridad por parte de la oposición debido a esta decisión. También fue incluido su jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.
En ese entonces, se planteó que el decreto contradecía la ley 27.260, aprobada por el Poder Legislativo para el blanqueo, que prohibía explícitamente el ingreso de familiares a la operación.
En octubre pasado, el juez Martín Cormick declaró nulos cuatro artículos de ese decreto de Macri luego de una reactivación del proceso en agosto. La AFIP intervino y respaldó el pedido de los legisladores que iniciaron la demanda hace seis años. El magistrado dijo que si el fallo quedara firme, buscaría cobrarle impuestos a los que blanquearon, ya que esas personas “nunca se encontraron legalmente habilitadas para acceder a sus beneficios”.
De acuerdo al texto del proyecto estarán incluidos en el blanqueo quienes hayan renunciado de la función pública al 30 de noviembre, por lo que, por ejemplo, Macri podrá blanquear capitales y Alberto Fernández no. Tampoco podrá hacerlo Sergio Massa, el exministro de Economía, quien se opuso como diputado -en medio de una fuerte polémica- al ingreso de los familiares de los funcionarios de Cambiemos a la regularización de activos.
En la misma línea, también quedaran excluidos quienes hayan sido vicepresidentes, gobernadores, legisladores nacionales y provinciales, magistrados y defensores del pueblo. El impedimento también aplica para aquellos que ocupan cargos en el Consejo de la Magistratura, jurados de enjuiciamiento, embajadores, cónsules, y personal de alto rango en las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad.
A su vez, quedan fuera de ciertos beneficios o restricciones los rectores, decanos y secretarios de universidades, así como funcionarios y empleados con categoría no inferior a director en la administración pública y otros entes del sector público. La lista abarca también a funcionarios relacionados con el otorgamiento de habilitaciones administrativas, control de actividades y servicios públicos privatizados, así como aquellos que integran comisiones de licitación y personal de los poderes legislativo y judicial, entre otros.
Condenados y procesados afuera
Por otra parte, los familiares de los actuales funcionarios excluidos, tales como cónyuges, ascendientes y descendientes, también están impedidos de acogerse al Régimen de Regularización de Activos, pero bajo la misma restricción que los ellos mismos. Esto quiere decir que el esposo de una exfuncionaria que renunció en 2022 puede ingresar al blanqueo. El artículo 162 amplía la lista de exclusiones a aquellos que se encuentren en situaciones específicas. Entre ellas, se destacan los declarados en estado de quiebra, condenados por delitos aduaneros o tributarios, así como aquellos procesados por delitos económicos y financieros.
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