Ya no serán prescriptibles los delitos por financiamiento de la política
La Cámara Electoral determinó que las causas contra funcionarios no caducarán si la Justicia rechaza los balances partidarios de las campañas
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PARA LA NACIONIván Ruiz
Los funcionarios públicos que no puedan explicar el origen del dinero de sus campañas electorales tendrán que enfrentar cargos imprescriptibles ante la Justicia .
La disposición se desprende de la sentencia firmada ayer por la Cámara Nacional Electoral, que sostiene que no sólo los partidos sufrirán consecuencias si las cuentas no cierran. Los dirigentes designados responsables de las campañas electorales y las autoridades de los partidos políticos serán inhabilitados para ejercer cargos públicos -como está previsto por ley-, pero además, en el caso de que esas personas sean funcionarios públicos, los delitos serán a partir de ahora imprescriptibles para la Justicia.
La Cámara Electoral justificó su decisión en los tiempos reales que suele demorar la instrucción de las causas. Si los plazos para juzgar a un responsable se limitan a un año -como dice la ley-, cualquier apelación o recurso interpuesto por los imputados demoran fácilmente la instrucción y condenan la causa a la prescripción, reflexionaron desde la Cámara Electoral ante la consulta de LA NACION. Además, los camaristas argumentaron en la sentencia que la Justicia puede encontrarse con obstáculos impuestos por un funcionario público para evitar que avance la investigación. Por eso, afirmaron, la causa no debe prescribir.
Una causa por irregularidades en el balance anual de un partido político o en el financiamiento de una campaña electoral tiene como primer objeto de investigación a la fuerza política. Si los números son reprobados por la Justicia, el partido o la alianza son sancionados con la quita de los fondos públicos correspondientes para ese período. Una vez establecida esa sanción, la Justicia inicia una investigación contra los individuos que firmaron el balance (apoderado o presidente del partido) o el informe de campaña (responsable económico). Si se los considera culpables de haber incurrido en irregularidades en el financiamiento, la Justicia estipula penas de entre seis meses y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tanto a nivel nacional como provincial o municipal.
La sentencia
Los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera sentaron jurisprudencia con la sentencia firmada al referirse al caso del concejal santafecino Diego Barreto, responsable del balance de Pro en esa provincia en 2012, documento que fue desaprobado por la Justicia.
La Cámara Electoral consideró que, a pesar de que ya había pasado un año desde que se cometió la irregularidad -el límite establecido por la ley-, la Justicia debía continuar con la investigación para determinar si Barreto había incurrido en una falta.
Los principales partidos designaron a funcionarios para firmar documentos vinculados al financiamiento en los últimos meses. En el caso del oficialismo, por ejemplo, los balances de Pro Nacional -todavía pendientes de aprobación- fueron firmados por las autoridades partidarias, todas con cargos públicos. La Justicia examina si el partido oficialista incurrió en alguna falta por el fuerte incremento en la recaudación de fondos en 2015.
Con respecto a la campaña electoral, Cambiemos designó en las PASO a Stella Maris Sandoval, una jubilada matancera de 68 años, como responsable económica. Historias como ésta se volvieron habituales en los últimos años, ya que los partidos evitan designar a funcionarios para eludir la inhabilitación para ocupar cargos públicos si sus balances no son aprobados.
El Frente para la Victoria había designado responsable económico al entonces funcionario Walter Carbone, que quedó bajo la lupa este año después de que la Justicia encontró una caja fuerte dentro de una escultura con forma de dragón en su casa del country Abril.
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