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Ya se controlan los gastos de campaña
La Cámara Electoral y los jueces federales decidieron que harán cumplir la ley de financiamiento; hay algunas resistencias
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La justicia electoral terminó de organizar la semana pasada el operativo para controlar que los candidatos presidenciales no puedan ocultar el origen de los fondos y la cantidad de dinero que gastarán en el tramo final de la campaña.
Un agujero negro absorbió siempre esa información delicada, pero esta vez la Cámara Electoral aspira a estrenar con éxito la ley de financiamiento de los partidos, única sobreviviente del frustrado paquete de normas de la "reforma política" sancionado hace ocho meses.
La normativa describe un sistema de fiscalización complejo de aplicar y que requerirá un esfuerzo especial de los magistrados por quebrar la histórica resistencia de los partidos por informar sus fuentes de ingresos.
Cada candidato fue obligado a abrir una cuenta en el Banco Nación en la que circulará todo el dinero de la campaña. El 17 de abril deberán entregar planillas con el detalle de los aportes recibidos (quién lo hizo y cuánto aportó) y de los gastos realizados (con facturas incluidas).
Dos responsables de cada lista, uno político y otro económico, fueron registrados en la Justicia y sufrirán penas de inhabilitación en caso de incumplimiento, al igual que el titular y el apoderado del partido.
Las lagunas en las leyes de reforma política, provocadas por vetos presidenciales y retracciones de los legisladores, impiden que se pueda controlar cuánto dinero usaron hasta ahora los candidatos. Pero aunque el imperativo de registrar los gastos de campaña empieza a regir esta semana, abarcará la época de mayor ebullición publicitaria.
Para la TV
Otra de las leyes que se aplican por primera vez limita la duración de la campaña presidencial a los 90 días previos a la elección y sólo habilita la propaganda en televisión durante los 32 días finales, es decir, a partir del próximo martes.
Carlos Menem y José Manuel de la Sota (antes de retirarse de la pelea) violaron esa obligación y no recibieron sanciones.
Los delegados de los candidatos con posibilidades de triunfo coinciden en que será imposible determinar con certeza absoluta la transparencia del financiamiento, pero admiten que deberán extremar los cuidados para evitar castigos.
Fuentes de la Cámara Electoral advirtieron que, según la directiva cursada a todos los jueces con competencia en la materia, se intentará aplicar de forma estricta la nueva ley.
No será sencillo. El número de peritos para supervisar cientos de candidatos no llega a una decena. Estarán habilitados no sólo para corroborar la fidelidad de los datos que entreguen los responsables de las listas, sino que analizarán los listados de precios de los medios y de las agencias de publicidad para prevenir trampas en la rendición.
Entre otras restricciones, la ley prohíbe las donaciones anónimas o las provenientes de empresas de servicios públicos concesionados, y pone un tope específico de gastos.
Según los cálculos de los jueces, ningún postulante podrá emplear más de 5 millones de pesos, cuatro veces menos que las cifras que la Fundación Poder Ciudadano estima que gastaron en 1999 Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde.
La mayor parte del dinero provendrá del aporte estatal, que los candidatos esperan con impaciencia para los primeros días de abril.
El subsecretario de Interior, Cristian Ritondo, informó a LA NACION que se trata de 14 millones de pesos que se repartirán entre los partidos de acuerdo con los votos obtenidos en la elección legislativa de 2001.
El peronismo acordó dividir en tres ese aporte. Elisa Carrió se quedará con las manos vacías: hace dos años, su partido, ARI, no existía y los votos que obtuvo tributarán al Partido Socialista. Ricardo López Murphy recibirá dinero por los partidos provinciales que lo apoyan.
La aplicación del control de financiamiento despierta expectativas dispares entre los candidatos.
"Siempre es loable buscar la máxima transparencia, pero el sistema permite que quienes siempre ocultaron el origen de sus aportes sigan haciéndolo", opinó Alberto Fernández, jefe de campaña y responsable económico de la fórmula Néstor Kirchner-Daniel Scioli.
El propio Kirchner es el encargado político registrado en los tribunales, de modo que podría ser sometido a inhabilitación a ocupar cargos públicos si incumpliera con la norma.
Es el único caso. Menem facultó a Angel Torres (secretario de Juan Carlos Romero) y al contador Carlos Gatti como responsables ante la Justicia.
"Tenemos todo al día y esperamos que el Estado pague el aporte de campaña. Es cierto que lo que se gastó hasta ahora no tiene registro, pero el desembolso grande es de la publicidad en los medios y la movilización de los fiscales", señaló Luis Giacosa, abogado de la fórmula Menem-Romero.
Justificaciones
Como el resto de los candidatos, en el menemismo destacan que esta campaña tendrá escasísimos gastos, aseguran que los empresarios no están haciendo aportes y juran que entregarán todos los datos a la Justicia.
Los seguidores de Carrió no le creen. "Menem lleva gastados varios millones y seguramente intentará enmascarar sus aportes. Aun así es muy positivo que se aplique esta ley. Los camaristas están decididos a investigar", indicó la diputada Graciela Ocaña, responsable económica de ARI. Rafael Romá es el jefe político de la campaña.
Al no recibir aportes del Estado (salvo un fondo para imprimir las boletas), Carrió habilitó líneas telefónicas (0-605 y 0-810) para recibir ayuda y fijó un código interno: nadie puede donar más de 12.000 pesos al año y las empresas no pueden entregar dinero.
Roberto Schroder, encargado de las finanzas del Movimiento Federal Recrear, explicó que López Murphy recibe aportes en cenas y ofrece bonos para que particulares y empresas hagan un aporte voluntario. El propio candidato, aseguró, paga de su bolsillo muchos de los gastos proselitistas.
Por la lista de Rodríguez Saá, Luis Lusquiños y el candidato a vicepresidente Melchor Posse serán los responsables de cumplir con la ley. "Vamos a acatar a rajatablas la normativa. Si hasta ahora tuvimos gasto cero. Todo han sido aportes de los militantes y los dirigentes", dijo Lusquiños.
El radical Leopoldo Moreau también suele jurar que su campaña no costó nada. Ahora, el diputado espera el aporte estatal correspondiente a su partido. Serían unos 3 millones de pesos, más de lo que se girará a ninguno de sus rivales.
No bien asuma el futuro gobierno se sabrá si el nuevo sistema fue algo más que un maquillaje. Los datos finales informados por los candidatos y el análisis de los peritos serán difundidos sin limitaciones dos meses después de la elección.
Las obligaciones de los partidos
Responsable: cada frente debe designar un responsable político y otro económico que deben garantizar el cumplimiento de la ley.
Cuenta: deben abrir y registrar en la Justicia una cuenta única en el Banco Nación para depositar los fondos de campaña.
Registro: todo gasto debe documentarse, al igual que los aportes privados que reciba el partido.
Aportes: no se podrán aceptar donaciones anónimas, ni de empresas privatizadas de servicios, ni de extranjeros sin residencia en el país.
Límites: el tope de gastos es un peso por votante habilitado, es decir, unos 25 millones de pesos. Pero el aporte privado no puede superar el fondo que entrega el Estado a cada candidato, lo que reduce el monto.
Sanciones: la fuerza que viole la ley no podrá recibir aportes estatales en la elección siguiente. Sus candidatos pueden ser inhabilitados para ejercer cargos públicos.
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