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Ya se percibe en la Justicia el clima de transición política
Reuniones de jueces, preocupación por el avance de los fiscales, renovados contactos políticos y decisiones que afectan al Gobierno; así se vive en tribunales el escenario que Helmke definió como "defección estratégica"
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El kirchnerismo no había llegado aún al poder cuando la politóloga estadounidense Gretchen Helmke estudió cuándo y por qué la justicia toma medidas en contra de un gobierno. Bautizó su teoría como "la defección estratégica". Fue mucho antes de que los jueces federales procesaran dos veces al vicepresidente Amado Boudou y promediaran un año (éste) récord en cuanto a fallos dictados contra funcionarios y ex funcionarios del poder de turno.
Su estudio sostiene que "cuando un gobierno en ejercicio comienza a perder poder y debilitarse" los jueces "se ven estimulados a incrementar sus medidas contrarias al gobierno a fin de poner distancia con respecto a él", y acercarse al que vendrá. Su teoría pronostica "ciclos político-jurídicos inversos"; dice que al final de un mandato de un gobierno, en un momento de debilidad, los mismos jueces que éste había nombrado tomarán medidas contrarias a él.
El gobierno de Cristina Kirchner entró en su etapa final y en este tránsito los llamados a indagatoria y procesamientos dispuestos contra funcionarios de primera línea del kirchnerismo se incrementan. Cuando la Presidenta asumió (tras cuatro años de mandato de su marido), ya había estallado el caso Skanska, pero no había ministos ni secretarios de Estado procesados por corrupción. Estaban citadas a indagatoria dos ex ministras: Nilda Garré, por un caso que no prosperó, y Felisa Miceli, investigada -y hoy condenada- por la bolsa de dinero encontrada en su despacho. No habían avanzado otras causas contra funcionarios encumbrados, si se considera como tales a secretario de Estado para arriba. Miguel Campos, ex secretario de Agricultura, había sido procesado, pero para ese momento ese fallo ya había sido revocado.
Después vinieron años zigzagueantes, que incluyeron la caída del multiprocesado Ricardo Jaime y problemas judiciales para Guillermo Moreno y Luis D'Elía, pero también el cierre en tiempo récord de la causa de enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial y procesamientos contra opositores; desde activistas contra las retenciones al agro hasta el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
Este año, en cambio, parece imponerse la teoría de Helmke. En menos de dos meses, Boudou fue procesado dos veces -nunca en la historia argentina un vicepresidente había sido procesado por corrupción-. También fueron procesados José Granero y Romina Picolotti (además de D'Elía dos veces); Jaime y Juan Pablo Schiavi se sentaron en el banquillo de un tribunal oral por la tragedia de Once y fueron citados a indagatoria dos hombres de la Casa Rosada: el ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina y el vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, acusados en una causa por malversación.
La indiscutida lentitud que caracteriza todos los trámites judiciales colaboró para que las definiciones coincidieran con el ciclo final de este gobierno; pero además, en los últimos tiempos, la Justicia falló en causas rápidas, que no eran investigaciones de corrupción, en contra del acuerdo que el Gobierno firmó con Irán con el declarado propósito de reactivar la causa AMIA, y barrió con las leyes de democratización de la justicia, que habían sido una bandera de la Presidenta.
Los propios jueces no niegan su influencia en el mapa político, pero defienden sus fallos, dicen que su rol es investigar y sostienen que cada uno de sus avances en causas de corrupción tiene como fundamento pruebas que acreditan que los delitos efectivamente se cometieron.
Reunión cumbre
Hacía años que Norberto Oyarbide no se sentaba alrededor de una misma mesa con sus colegas federales. Ocurrió la semana pasada. El kirchnerismo, que lo alejó de sus pares, desconfiados ante su ostentosa permeabilidad a los deseos del poder, ahora es el mismo que lo llevó a reunirse con ellos. Es que casi todos los jueces federales están convencidos de que este año, de transición política, se inauguró una nueva etapa en su relación con el poder a la que varios han coincidido en llamar con inequívoca certeza como "la guerra".
Así fue como incluso colegas que estuvieron muy enfrentados a él hoy no les cierran las puertas. Como una suerte de unión ante la amenaza externa, en Comodoro Py los jueces celebraron reuniones para trabajar en la defensa de Daniel Rafecas, a pesar de su distancia con varios de sus colegas. El kirchnerismo quería su remoción y reveló WhatsApp comprometedores con el juez después de que Rafecas empezó a avanzar con el caso Ciccone. La lógica es que si tocan a uno, todos se vuelven más vulnerables, según explicó un magistrado federal a LA NACION.
Hoy, no obstante, no ven en el Consejo de la Magistratura su principal amenaza. Al juez Claudio Bonadio, que en los últimos tiempos firmó indagatorias, procesamientos y allanamientos contra el Gobierno, el kirchnerismo también quiso llevarlo a un jury, pero nunca consiguió los votos para avanzar.
A los jueces federales les preocupa hoy el proyecto de nuevo Código Procesal Penal que impulsa el Gobierno. Sostienen que es una respuesta a los procesamientos de este año y a los problemas judiciales que enfrentan sus funcionarios. Dicen que, al poner las investigaciones en cabeza de los fiscales, se pretende licuar el poder de los jueces. No participan los doce magistrados de Comodoro Py, pero cada vez son más los que se oponen. En aquella mesa de mediodía, Oyarbide estuvo acompañado por colegas como Marcelo Martínez de Giorgi y María Servini de Cubría. Algunos conversaron sobre la coyuntura por separado, informalmente en sus despachos, Luis Rodríguez, Ariel Lijo, Julián Ercolini. Otros fueron participados más tarde de lo hablado. "El plan es licuarnos e infiltrarnos", dijo uno de ellos. Pero además de entregar las investigaciones a los fiscales, el nuevo régimen les hace otro recorte: desaparecen las figuras de la indagatoria y el procesamiento.
"Todos los jueces son políticos, lo sepan o no. Son como los cangrejos, que son crustáceos aunque no lo sepan", dijo el juez de la Corte recientemente fallecido Enrique Petracchi. Los jueces federales lo saben bien. Como tales, se mueven en el mundo de la política y mantienen diálogos con personajes tan diversos como Sergio Massa, Daniel Scioli, Julián Álvarez, Julián Domínguez, Miguel Pichetto. Pero además asisten a cumpleaños, casamientos, almuerzos en mesas discretas de hoteles céntricos, cafés en casa de empresarios amigos y encuentros promovidos por lobbistas, donde se debate sobre el futuro del país.
La antropóloga María José Sarrabayrouse Olivera sostiene que además de lo que ella llama el universo rígido de la lógica formal que representan los códigos y la ley, en la justicia penal habita un sistema basado en las relaciones interpersonales y un "intercambio de dones" que permiten crecer en una carrera judicial, que está apoyada sobre "padrinazgos", así como influyen en la toma de decisiones a lo largo de esa carrera.
Eso, puertas adentro. Por el propio diseño constitucional, nadie puede ser juez ni fiscal sin apoyos políticos. Al mismo tiempo, los jueces tienen, por ley, muy limitados los derechos de todo ciudadano de actuar en política, lo que colabora con una imagen de juez aséptico, sostiene Sarrabayrouse. De prosperar la reforma que impulsa el Gobierno, esos jueces perderán poder a manos de los fiscales. Por eso la mirada está puesta en quiénes serán esos actores que crezcan en influencia.
Hoy el mundo de Comodoro Py es un territorio hostil para la jefa de todos los fiscales, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Ellos ya comenzaron a dar sus batallas y a enfrentársele, con requerimientos de instrucción para impulsar investigaciones en su contra y en algún caso pidiendo incluso su indagatoria.
La procuradora construyó poder político en torno de ella: Justicia Legítima fue su plataforma, rodeada de jueces y fiscales que cuestionan la "corporación judicial". Instruyó sumarios, sumó empleados ideológicamente afines, convirtió gente de su confianza en fiscales ad hoc y creó nuevas estructuras que barrieron con otras heredadas de la gestión de Esteban Righi. En simultáneo, fue creciendo la resistencia de los federales de Comodoro Py 2002. Ya hay media docena de causas que cuestionan como delictivas decisiones y designaciones suyas, y funcionarios designados por ella, como Carlos Gonella o Romina Pzellinsky, están bajo investigación en el fuero federal.
Hace 15 días, en un almuerzo en Plaza Mayor, en San Cristóbal, varios fiscales de primera instancia estudiaban el escenario. Dos de las doce fiscalías federales porteñas están vacantes y se abrirá un tercer lugar por cubrir cuando se concrete el ascenso de Gerardo Di Masi, propuesto para fiscal ante los tribunales orales. Ellos temen que esos lugares sean ocupados por aspirantes adeptos al Gobierno. Por lo pronto, el concurso destinado a cubrir las vacantes (donde está primero un funcionario del Poder Ejecutivo, Franco Picardi) ya está siendo investigado: acaban de abrirse dos causas en los tribunales de Comodoro Py.
Antes de que se anunciara el nuevo Código Procesal Penal, Gils Carbó trató de tender puentes. Hubo encuentros con algunos fiscales, pero otros se mantienen duros en enfrentarla. Ellos también miran con desconfianza el nuevo Código; sospechan que con la formación de equipos de fiscales por especialidad, la procuradora buscará desplazar a los fiscales "naturales" de causas (aquellos a los que les tocan por sorteo). Los fiscales cercanos al Gobierno señalan que con esta medida se acaban los acuerdos espurios entre fiscales e imputados. Los críticos aseguran que ésta es la forma de dejar las causas en manos de fiscales adeptos para proteger a los amigos del poder.
Gils Carbó quedó debilitada frente al Gobierno por el costo político que pagó el kirchnerismo ante la derrota que significó el fracaso del juicio político del fiscal José María Campagnoli. No frenó este escollo el avance de la procuradora como artífice el nuevo Código Procesal.
Ese código requerirá además de otras leyes para su implementación. Una nueva ley del Ministerio Público es elaborada a toda marcha por un equipo de la Procuración que dirige el especialista Alberto Binder, vicepresidente de la ONG Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Binder es otro de los investigados en Comodoro Py 2002. Lo acusan porque Gils Carbó lo nombró a través de la resolución PER 1153/13 del 10 de junio como secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, pero hizo que se le pagaran 35.000 pesos retroactivos porque, en realidad, había empezado a trabajar el 17 de abril. Por otro lado, el 13 de agosto, Binder firmó un pedido de amicus curiae por el Inecip a favor de Gils Carbó en una causa en que la denunció el senador radical Mario Cimadevilla por designaciones supuestamente irregulares.
"Por qué los jueces toman medidas contrarias al gobierno?", empieza el estudio de Helmke sobre la "defección estratégica". Ella sostiene que "las respuestas habituales a esta pregunta destacan que los jueces sólo proceden de este modo cuando son independientes", pero afirma que ésta es una premisa "necesaria, aunque insuficiente".
En línea con Helmke, Álvaro Herrero, ex presidente de la ADC, Phd de Oxford en Ciencias Políticas y asesor de Sergio Massa, afirma que los jueces toman decisiones en función del contexto o "el ambiente".
En su tesis doctoral, Herrero estudió -como también lo hizo Helmke- el comportamiento de la Corte Suprema argentina. Advirtió, por ejemplo, que la Corte del menemismo falló en contra de la re-reelección de Carlos Menem cuando se vislumbraba la victoria de la Alianza. "Cuando el Poder Ejecutivo está débil (por ejemplo, cuando no tiene asegurado el control de las dos cámaras del Congreso) y por ende la capacidad de castigar a los jueces por sus conductas es menor, los jueces tienden a fallar más en contra del gobierno en casos sensibles", afirma.
Ante un final de ciclo, la capacidad de castigar de un gobierno es menor y la mirada se posa entonces en el futuro. Si algo tienen los actores de la justicia federal, es experiencia para reconocer los ciclos que se terminan.
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