YPF: el segundo salvataje de Trump

Si uno jerarquiza la información disponible, habría que decir que no está pasando casi ninguna otra cosa, en términos de relevancia, más que la guerra en Medio Oriente. Sobre todo por su duración, por su desorientación, la confusión de objetivos y el problema que está generando en la economía global. En esa guerra se busca un cambio de régimen en Irán. Lo que sucede es que parecería cada vez más claro que, para los Estados Unidos y para Israel, “cambio de régimen” son dos cosas distintas. Tienen objetivos o alcances diferentes que impedirían una negociación, un acuerdo o, por lo menos, una tregua.

Para decirlo en términos venezolanos, Donald Trump parecería estar, desde el comienzo, buscando una Delcy Rodríguez en Irán. Es decir, la continuidad del mismo régimen con un cambio de conducta: que el régimen autocrático iraní deje de ser un peligro para la seguridad internacional. Israel pretende otra cosa. Está buscando una Corina Machado. Es decir, un cambio radical de régimen: la sustitución de la teocracia iraní por un sistema probablemente similar al que había en Irán antes de la Revolución de 1979.

Mientras opera sobre el conflicto bélico esta disonancia, aparecen voces muy importantes que tratan de ser prudentes y, aun así, plantean un escenario sombrío desde el punto de vista de la economía. Una de esas voces es la de Larry Fink. Es el chairman del fondo más importante del mundo, BlackRock, que dio varias entrevistas en los últimos días: una a Il Corriere della Sera, otra a El País de Madrid y otra a la BBC. En todas ellas planteó el peligro, el riesgo de una recesión global derivada del aumento del precio del petróleo. Lo que dice Fink es: si ese precio se vuelve persistente en un nivel de US$150 el barril, estamos ante la posibilidad de un gran enfriamiento de la economía global. Si eso no sucede porque la guerra termina pronto —y pronto es en mayo—, Fink, en un intento de ser optimista, dice que los precios de los combustibles y del petróleo van a volver al punto anterior al comienzo de la guerra.

Hubo la semana pasada una reunión en EE.UU., la más importante del mundo de la energía que se celebra en el año, CERAWeek. Y allí un gran profesor de Harvard, Kenneth Rogoff, un economista muy escuchado a escala internacional, dijo: ya estamos en recesión, ya estamos en el enfriamiento. Porque no vamos a evitar una escena que es más complicada que la del 1973, y puso números. En esa oportunidad, la restricción en la provisión de hidrocarburos fue del 7% del petróleo. Hoy es del 20%. Y eso está produciendo un aumento en el precio de los combustibles que, en Estados Unidos, en promedio, es del 30%, con variaciones según el Estado. En Chile es del 54% y en la Argentina está, en el último mes, entre el 12% y el 16%.

Hay actores importantes del mundo energético en la Argentina que sospechan que en cualquier momento llega el control de precios a los combustibles. Porque este aumento, que es inferior al de Estados Unidos y muy inferior al de Chile, es muy corrosivo para la política antiinflacionaria de Milei.

Este aumento en el precio de los combustibles está en relación directa con la suerte de Trump en las elecciones de medio término. Si además, por miedo a la inflación determinada por ese aumento en los combustibles, la Reserva Federal comienza a subir la tasa de interés, los estadounidenses van a tener además el malestar de tener que pagar más mes a mes el costo de sus hipotecas. Y eso es un problema muy extendido en Estados Unidos, difícil de comprender para la Argentina, que es un país sin crédito hipotecario debido a su historia inflacionaria.

Quiere decir que Trump, si volvemos a los precios de los combustibles en la Argentina y a la amenaza que esos precios plantean sobre la política antiinflacionaria de Milei, es un aliado muy efectivo en la relación bilateral con la Argentina, en la relación personal con el presidente argentino, pero es una especie de salvavidas de plomo para el programa de Milei si miramos su política de carácter global y la forma en que ingresó en esta guerra, sin tener muy claro cuál sería la estrategia de salida.

¿Por qué es un aliado bilateral o personal muy efectivo? Porque en un momento en el que la política económica empieza a tener signos de interrogación muy importantes -por su enfriamiento, por su carácter recesivo, por las amenazas sobre el empleo y por la dificultad para que crezcan los sectores de la economía que proveen más trabajo- y en el que todo el mundo informativo está dominado por una agenda de corrupción que no se esperaba de este gobierno -por el incesante caso Adorni- llega el fallo que da vuelta la situación de la Argentina en los tribunales de Nueva York: un fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revierte la condena dictada por la jueza Loretta Preska, que le imponía a la Argentina una indemnización de US$16.000 millones. Una suma destinada al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que vendió los derechos de juicio a un fondo, Burford Capital, que sería el que se llevaría esa indemnización, sin haber sido afectado de manera directa.

Se da vuelta un fallo que era muy oneroso para la Argentina. Esta película no terminó, Burford va a ir a la Corte de Estados Unidos. Pero hay que celebrar lo que ha pasado, porque realmente este caso estaba muy obstruido por dificultades, importantes muchas de ellas. Una de esas dificultades que lograron revertir los abogados del Estado argentino era lograr que los jueces norteamericanos entiendan la ley argentina, que es la ley que se aplica y que responde a una tradición totalmente distinta de la tradición con la que ellos están acostumbrados a operar y en la que están instalados. También había que lograr que los abogados que defienden a la Argentina, del estudio Sullivan & Cromwell, entiendan el derecho local. Es un cambio de cultura, un cambio de criterio muy difícil de lograr, que requería de mucha didáctica, de mucha persuasión, tanto en el caso de los jueces como en el de los abogados que defienden a la Argentina en Nueva York.

¿Qué es lo que decide la Cámara de Apelaciones? En el fondo, decide una cuestión filosófica, si se mira bien, ideológica. Lo que está diciendo la Cámara es que no es cierto que un contrato entre privados sea superior a una ley dictada por el Congreso de un país. Es decir, el Estado prevalece sobre el estatuto de YPF. Es el estatuto que los Eskenazi y Burford pedían que se respetara. La Cámara cambia ese criterio, cambia el de Preska, adopta uno distinto del de la tradición americana y, sobre todo, del de la tradición de los juzgados de Nueva York, que están muy ligados al mundo privado, sobre todo al mundo financiero de Wall Street.

La Cámara le da la razón a Axel Kicillof, basándose en dos argumentos. Esto es importante para entender la historia de la defensa argentina delante del juzgado de Preska y delante de la Cámara que dio vuelta el fallo. Un argumento es de un jurista argentino, Rafael Manovil, experto en sociedades, y el otro es de otro jurista argentino, profesor de la Universidad Austral, Alfonso Santiago, constitucionalista. Ambos fueron testigos en defensa de la posición argentina en los años en que Bernardo Saravia Frías ejercía la Procuración del Tesoro, es decir, en la época del gobierno de Mauricio Macri. La Cámara dice que estos dos expertos deben ser tomados en cuenta.

Uno es Manovil, que sostiene que el Estado no es solamente un agente externo que expropió el 51% de las acciones de Repsol en YPF. No, además era socio de la sociedad, era socio de YPF. Por lo tanto, quienes se quejan —como los Eskenazi, que después le venden los derechos de juicio a Burford— tendrían que haber impugnado esa decisión de adquisición de las acciones por parte de un accionista en la asamblea de la empresa, y no lo hicieron. Es un argumento difícil de explicar para un abogado o un juez que no conoce la ley argentina, que cambia totalmente el enfoque de lo que fue la estatización, porque la mira como un problema societario y entiende que el estatuto no es un contrato entre dos partes, sino una constitución interna de la empresa que regula las relaciones entre los socios y que no fue seguida por aquellos que reclaman.

El otro es un argumento constitucional, que tiene que ver con la Constitución argentina y con la Ley de Expropiaciones, que lo aporta en el juicio Alfonso Santiago, el otro abogado que fue como testigo. Es el argumento que expuso Axel Kicillof en Odisea Argentina, después de la elección que ganó en la provincia de Buenos Aires. Él dice: yo tenía razón porque es imposible que un estatuto de una empresa privada prevalezca sobre una ley del Congreso.

Al gobierno de Javier Milei le resulta incomodísimo, desde el punto de vista conceptual e ideológico, defender esta idea, porque es un gobierno ultra privatista. Para Milei, el Estado es algo perverso de por sí. Sus funcionarios tienen que festejar un fallo que defiende una idea distinta de la del gobierno. Pero aquí hay que ser claros. El fallo no dice que está bien la expropiación. Está bien desde el punto de vista jurídico, no necesariamente políticamente. No está diciendo que a la Argentina le hicieron un bien con la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF. Es más, el fallo dice que ese no es un camino deseable, pero que, si miramos la ley, es correcto. Tenía derecho el gobierno de Cristina Kirchner a producir esa expropiación y actuó dentro del marco de la ley.

Por eso Milei se encarga de decir esto cuando celebra el fallo: “Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso. Es decir, menos empresas, menos trabajo, más pobreza y más indigencia”.

Es decir, la Cámara dice que, desde el punto de vista legal, la expropiación fue correcta, está dentro de la ley, debe ser respetada, no hay derecho a reclamar. Sin embargo, desde el punto de vista político, fue una decisión muy desacertada, que es lo que dice Milei.

¿Cuál es la palanca política, o diplomática, que operó en este caso? Es la segunda vez que Trump salva a Milei. Lo salvó de perder las elecciones, lo salvó de tener que reemplazar a su equipo económico, en septiembre del año pasado con un cheque de US$20.000 millones, y lo vuelve a salvar ahora porque es evidente que ha habido una enorme influencia del gobierno de los Estados Unidos sobre la Cámara de Apelaciones.

Cuando uno mira el sistema judicial americano, daría la impresión de que, a medida que se asciende en la jerarquía de los tribunales, los jueces son cada vez más permeables a la política. La Cámara de Apelaciones probablemente vio que Scott Bessent le puso un cheque de US$20.000 millones a Milei. Debe haber visto también que hubo un acuerdo de libre comercio entre la Argentina y Estados Unidos, acuerdo muy favorable a Estados Unidos -daría la impresión de que esa es la factura por el cheque-, y advierte que hay una presentación del Departamento de Justicia hablando delante de los tribunales a favor de la Argentina, una gestión de lo que se llama amicus curiae (Amigo del tribunal que opina). El Departamento de Justicia le dice los camaristas algo parecido a esto: “Miren, usted tiene que considerar lo que dice la Argentina porque es correcto; pero no solo eso, usted tiene que advertir que la Argentina es un aliado de los Estados Unidos”. Lo dice expresamente el Departamento de Justicia y la Cámara en su pronunciamiento.

Y hay un argumento adicional muy interesante, que es que el Departamento de Justicia le plantea a la Cámara de Apelaciones: cuidado, porque este fallo de Preska no solamente perjudica a la Argentina sino que también perjudica a los Estados Unidos. Porque si Estados Unidos comienza a tomar decisiones en sus tribunales afectando la soberanía de otros países, esa operación se les puede volver también en contra, porque puede haber otros países que decidan con sus tribunales en contra de bienes o intereses norteamericanos.

Hay otro factor que probablemente debe haber tenido alguna influencia. Uno de los copresidentes del estudio Sullivan & Cromwell se llama Robert Giuffra. Es abogado de la Argentina y es abogado de Donald Trump. Tal vez eso también haya tenido que ver en la capacidad de persuasión sobre la Cámara de Apelaciones para dar vuelta un fallo que era muy improbable que se diera vuelta.

Habría que repasar cómo se llega hasta acá, porque es muy aleccionador de la historia de la Argentina reciente, porque llegamos hasta este punto, que es toda la controversia alrededor de YPF y su estatización, al cabo de una historia que nos cuenta uno de los casos de corrupción más sofisticados y más escandalosos, no solo de la historia argentina, sino de la experiencia internacional: el ingreso de los Eskenazi en YPF. 2007. Gran presión de Kirchner para kirchnerizar (SIC) una parte de la empresa y que ingrese la familia Eskenazi sin poner casi una moneda, porque va a pagar con dividendos de la propia empresa. Con lo cual la política de reparto de dividendos va a ser generosísima. Festejaban los españoles, que querían irse de la Argentina, cobrar también ellos esos dividendos. Y, por supuesto, eso determinó una política de bajísima inversión en YPF.

¿Quiénes son los Eskenazi? Se podría escribir un libro largo sobre el tema. Pero alcanza con dar solo dos detalles. Son los dueños del Banco de Santa Cruz, que es el banco cuyos créditos usaron los Kirchner, Néstor y Cristina, para explicar al juez Oyarbide su sideral enriquecimiento. Dijeron que gran parte de su fortuna inexplicable -que es lo de Adorni multiplicado por 40- se obtuvo gracias a una tasa de interés que les proveía el Banco de Santa Cruz y que no se la pagaba a nadie en ningún lugar del mundo. Hay que sospechar que era algo dibujado.

Otra postal de los Eskenazi, en la causa Cuadernos. Cuando el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, explica movimientos de dinero en efectivo desde Santa Cruz, dice que se armaban bolsas de dinero, que las armaba el secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz, y que esas bolsas de efectivo eran después gestionadas por dos personas: Francisco Larcher, que era el segundo de la SIDE, muy ligado a los Eskenazi, y Sebastián Eskenazi, que se encargaban de mover el dinero negro de Néstor. Esto lo dice el contador Manzanares.

Dicho sea de paso, hay una versión muy insistente de que Larcher, en su casa del country Abril, atesoraba US$70 millones, que cuando vio que revisaban las casas de Cristóbal López los sacó en un auto, que estuvo estacionado una noche en una cochera, para después girar ese dinero no sabemos dónde. Esa operación, dicen, la hizo el hijo de su mujer y se cobró, no sabemos si Larcher lo sabe o no, US$4 millones por el servicio. Nunca hubo ningún fiscal que se interesara por esta información que circuló mucho.

Cristina Kirchner estatiza las acciones de Repsol. ¿Hubo algún conflicto familiar entre la familia Eskenazi y la familia Kirchner ya después de la muerte de Néstor? ¿Hay alguna traición de familia a familia? Esta era la convicción de Antoni Brufau, el presidente de Repsol, a quien le escuché decir: “¿por una diferencia de US$400 millones que le debe la familia Eskenazi a la familia Kirchner se van a cargar una compañía estatizándola?”. Esta era la idea de Brufau un día antes de irse de la Argentina, después de la estatización de las acciones de Repsol.

Los Eskenazi, al no recibir más dividendos, porque se termina esa política de reparto de dividendos, empiezan a quedar en deuda impagable con los bancos, que les habían prestado parte del dinero para que compren lo que primero fue el 14,9% y después el 25% de las acciones de la empresa. Es cuando deciden litigar contra el Estado argentino porque no se cumplió con el estatuto. Piensan así: a nosotros nos tendrían que haber ofrecido pagarnos las acciones para que el Estado adquiera el 51% de las acciones de YPF, tendrían que haber hecho una oferta generalizada para todos los socios.

Le venden lo que es ese supuesto derecho a Burford de manera bastante fraudulenta, porque eluden el derecho europeo, que los hubiera obligado a hacer una oferta antes al Estado argentino, un arreglo extrajudicial. Le venden por US$15 millones el derecho a ese juicio a Burford, y Burford inicia un reclamo que termina siendo de US$16.000 millones. Los Eskenazi quedan asociados al eventual éxito del estudio.

Toda esta peripecia de la Argentina en los tribunales de Nueva York tal vez se podría haber evitado. Tal vez la jueza Preska jamás podría haber dictado un fallo sancionando a la Argentina con una indemnización de US$16.000 millones si se hubiera demostrado que la entrada de los Eskenazi en YPF era un acto de corrupción de Néstor Kirchner y era fraudulenta por el vínculo tan probado entre los Eskenazi y los Kirchner.

¿Cómo se podría haber probado eso? Muy sencillo. Si el juez Ariel Lijo hubiera avanzado con la causa que tiene dormida desde el año 2008 por una denuncia de Elisa Carrió sobre cómo entraron los Eskenazi en YPF. ¿Cómo logran los Eskenazi que Lijo, desde el año 2008 -son 18 años- mantenga dormida esa causa? Es muy difícil o muy fácil de imaginar. Lo cierto es que nunca se pudo plantear contundentemente el caso de corrupción que había en el ingreso de los Eskenazi a YPF porque Lijo duerme la causa. Es el mismo Ariel Lijo propuesto por este gobierno para ocupar un cargo en la Corte. Este es el panorama jurídico, diplomático, podríamos decir político, de esta historia de los Eskenazi en YPF y del reclamo, a través de Burford, para cobrar US$16.000 millones del Estado argentino, por acciones que adquirieron sin poner un dólar.

Todo esto da lugar al fallo de la Cámara de Apelaciones, que es un fallo histórico. El gobierno usó este fallo, o una parte del gobierno, lo redujo en su significación política e histórica para usarlo como parte de una interna. Y esto es, sobre todo, la intención de Santiago Caputo. El mago del Kremlin, está muy inquieto por el avance de Karina Milei y los Menem sobre áreas de su competencia. Perdió el Ministerio de Justicia, teme perder la SIDE, teme perder ARCA -la antigua AFIP-. Entonces se encargó de montar toda una estrategia de comunicación que dijera que el éxito se lo deben a él y sus muchachos. De hecho, se publicó una foto para explicar qué es lo que pasó. En la imagen se lo ve a él con el procurador actual del Tesoro, Sebastián Amerio, que es un hombre que le responde.

Hay una lista de gente a la que el gobierno le imputa este triunfo. Uno es Amerio, que era viceministro de Justicia durante todo el trámite de la causa. Es probable que desde el Ministerio de Justicia tuviera influencia en lo que pasó, pero no era el procurador del Tesoro, acaba de llegar ahí. Sí hay que reconocerle seguramente un mérito a María Ibarzábal, la secretaria legal y técnica, muy involucrada en este tema desde la época de Macri, porque era la jefa de Gabinete de Asesores de Saravia Frías. Juan Stampalija, un experto en este tipo de juicios, a quien los que conocen la trama interna señalan como el cerebro verdadero del triunfo en Nueva York en esta última etapa, sobre todo por la estrategia planteada en la audiencia que se desarrolló en la Cámara de Apelaciones, donde se les dieron estos argumentos centrales a los camaristas.

También Julio Comadira. Y le agradecen también a quien fue el procurador del Tesoro, es decir, el abogado del Estado, hasta que llegó Amerio: Santiago Castro Videla. Enorme error, enorme problema para Castro Videla, porque estaba excusado en esta causa, en este tema. No podía intervenir porque un socio de él, un abogado muy prestigioso, que es Alberto Bianchi, había intervenido en la causa opinando a favor de Burford, en contra de la Argentina. Entonces Castro Videla no puede tocar ese expediente y ahora le agradecen como diciendo que violó esa regla, lo cual podría ser hasta un delito, si exageramos un poco. Le agradecen, por supuesto, a Pablo Quirno y a Alec Oxenford, el embajador en Estados Unidos, por todo lo que significa la operación diplomática que sirvió para que el gobierno de Trump intervenga.

Y se olvidan de una cantidad de gente a la que, en nombre de los contribuyentes argentinos, habría que recordar. Uno es Gerardo Werthein. Otra es Diana Mondino, los dos cancilleres anteriores a Quirno, que seguramente estaban involucrados en la misma operación diplomática. Habría que recordar también a José Ignacio García Hamilton, que es el jefe de abogados del Ministerio de Luis Caputo, que intervino en todo esto desde el Ministerio de Economía. Nadie lo recuerda. Habría que agradecer a los abogados de YPF. Y había que agradecerle a Saravia Frías. Los argumentos que tomó la Cámara se elaboraron en su época y fueron organizados por María Ibarzábal, en aquella gestión de Macri. Hay un empeño del gobierno en decir “fuimos solos nosotros” y, sobre todo, hay una especie de empecinamiento en no reconocerle nada, especialmente a Macri. Peor estuvo Cristina, que le agradeció a los abogados de Sullivan & Cromwell, una especie de pasión por el mundo anglosajón que no se le conocía.

Hay quienes dicen que Trump llegó tarde con esta ayuda, a diferencia de lo que pasó con los US$20.000 millones. Porque, aun con este fallo, con este triunfo que es espectacular, el caso Adorni sigue produciendo molestias. Este lunes se publicó una nota en el diario LA NACION del periodista Ignacio Grimaldi, en la que figura este nuevo departamento de Adorni en la calle Miró. Cuando aparece la documentación que muestra Grimaldi, aparentemente los Adorni -Manuel y Betina- compran el departamento con un préstamo de US$200.000, US$100.000 por cabeza, de dos señoras mayores a las que Grimaldi convocó y no recuerdan haberle prestado una moneda a Adorni. ¿Le habrá explicado todo esto Adorni a sus amigos del gobierno? Porque los sigue empantanando en una historia complicada.

Tan complicada que apareció en el juzgado que está siguiendo adelante este caso Vanesa Tossi, la secretaria del piloto que facturó el viaje, y cuenta que, durante la misma audiencia, el amigo de Adorni, Marcelo Grandío, la llamaba para presionarla. Cuenta que el mismo Grandío pidió que se echara atrás una operación por la cual se pagó parte del viaje en negro, con un sobre que le mandaron a una clínica donde ella estaba haciéndose una intervención médica. Un representante de Grandío pidió por carta documento que se desconozca después ese pago. Todo un berenjenal que lo va hundiendo a Adorni inexplicablemente, porque es una torpeza llamativa, en un gran problema para él y para el Gobierno, porque ya no es el vocero, sino nada menos que el jefe de Gabinete.

Todas estas novedades tan poco edificantes surgen del juzgado que está siguiendo el caso Adorni, que es el de Ariel Lijo, que era el que los iba a cuidar en la Corte. Ahora los está exponiendo en una cantidad de irregularidades cada vez más graves, de ocultamientos, de manipulación; todavía no se explica, por ejemplo, la casa de Exaltación de la Cruz. Están los que dicen que Lijo lo está masacrando a Adorni para justificar que va a salvar a Karina Milei en el caso Andis, que también lo tiene él, es decir, el de las presuntas coimas de los audios de Spagnuolo. A lo mejor Lijo no es tan sofisticado.

Esto tendría que resolverlo, que para eso lo convocaron, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, que fue puesto al frente del Ministerio para tratar de resolver estos problemas judiciales del gobierno: $Libra, Andis, ahora Adorni. Pero, claro, Mahiques en el juzgado de Lijo tiene poca entrada, porque Mahiques y Lijo compiten para ser procurador del Tesoro, es decir, jefe de los fiscales. Lijo, con la ayuda del tenebroso Antonio Stiuso, que estuvo comiendo con él, con su secretario privado, Lucas Nejamkis, y con Sergio Massa, como ya contamos, hace tres semanas, en el restaurante Roldán.

Lijo está buscando apoyos para esta carrera hacia la Procuración. Y consiguió una reunión con Axel Kicillof, con la mano derecha de Axel Kicillof en el gobierno de la provincia, que es Carlos Bianco, con el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso. A esa reunión fue Lijo con otros dos jueces federales de la provincia de Buenos Aires: Miguel Armella, de Quilmes, y Jorge Rodríguez, de Morón, en la casa del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que tiene una causa en el juzgado de Lijo, por manejos incorrectos de dinero de cuando él era ministro de Acción Social, dinero entregado a la municipalidad de Quilmes de Mayra Mendoza, de La Cámpora. Hay que recordar que Ferraresi, investigado por Lijo, apoyó la malhadada candidatura de Lijo como juez de la Corte.

Daría la impresión de que a Kicillof le han hecho una emboscada estos jueces, buscando el apoyo del PJ para que Lijo llegue a la Procuración. A lo mejor no sabe Milei que Lijo está buscando ser también el procurador de Kicillof, además de ofrecerse como procurador del gobierno.

Todo esto nos pone en presencia de un gran problema, eterno problema, probablemente el peor problema que tiene la Argentina, que es la calidad del Poder Judicial y, sobre todo, de la justicia federal de la Capital Federal. Por eso es tan bienvenido lo que sucedió hoy en la Corte, que aconseja al Consejo de la Magistratura un nuevo reglamento para los concursos a través de los cuales se decide quiénes van a ser jueces. Un reglamento que fue votado en la Corte por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Rosatti decidió no firmar porque teme que haya una incompatibilidad, ya que es presidente del Consejo, que es el que debe adoptar o no ese reglamento. Hay 14 proyectos de reglamento en el Consejo para regular los concursos, pero ahora Rosatti se puso al frente de esta tarea. Esto sucede en el momento en que Mahiques tiene que recomendarle a Milei qué jueces mandar de las ternas que tiene en la Casa Rosada, enviar los pliegos al Senado para los acuerdos, cosas que ya está sucediendo.

Hay varios concursos interesantes. Uno es el concurso para cubrir un juzgado federal en Hurlingham. Ana María Juan es la candidata. Curiosamente, es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, otro juez de Stiuso, que tiene en su juzgado el caso $Libra. O sea, el gobierno promueve para jueza federal a la mujer del que está juzgando a los funcionarios del Gobierno, centralmente a Karina y Javier Milei, en el caso $Libra. Segundo concurso interesante, el concurso 400, que habrá que ver si se resuelve o no en esta tanda. Juzgado de familia. Una de las candidatas, Victoria Ordóñez, exmujer de Mahiques. En el concurso arrancó como número 14. Liquidaron a nueve, que estaban por antecedentes mejor que ella, pero en los exámenes orales la valoraron mucho y llegó a quinta. ¿Quién la promovía en esa carrera? Wado de Pedro, íntimo amigo de Mahiques, de Mercedes, kirchnerista. Habrá que ver si se abstiene o no Mahiques en la designación de su exmujer para un juzgado de familia.

Tercer concurso, interesantísimo. Cámara Penal Económica Federal. Hoy procesaron a Chiqui Tapia, a Toviggino, a Víctor Blanco, autoridades de la AFA, por evasión de impuestos. Habrá que ver qué dice el Comité de Ética de la AFA, formado por jueces de la Justicia Nacional Federal, con sus directivos ya procesados. Aparentemente el estatuto de la AFA impide tener al frente de la organización a gente procesada. Lo cierto es que hoy fueron procesados tanto Toviggino, como Tapia, como Blanco, como Malaspina.

¿Qué se tiene que resolver? La Cámara que va a tratar este caso, el tribunal de alzada: dos jueces, dos vacantes. ¿Por qué es importante? Porque los promueve Mahiques, el que provee los abogados a los directivos de la AFA, entre otros, su íntimo amigo, casi su alter ego, Ignacio Jakim. Es muy importante cuáles van a ser los camaristas que van a tratar el caso de los clientes del amigo de Mahiques. Mahiques tiene a los abogados defensores y tiene también la posibilidad de poner a los jueces de la Cámara. Y propone a dos. Uno es Juan Pedro Galván Greenway, cuyo principal antecedente es ser padrino de casamiento del otro juez, que se llama Alejandro Catania, denunciado por un acoso laboral. Catania es un juez penal económico que pedía antecedentes de periodistas en la época de Guillermo Moreno por hablar de la inflación. Ahora este gobierno aparentemente lo premia como camarista en el tribunal que va a resolver el caso Toviggino-Tapia. Hecho esto por un amigo de Toviggino y Tapia, que es Mahiques, que tiene la posibilidad de indicarle al Senado quiénes integran la Cámara. En 2011, Federico Pinedo y Paula Bertol, del PRO, pidieron el juicio político de Catania por esta hostilidad con la prensa.

Para terminar, una columna de Claudio Escribano, maestro de periodismo. Está hablando del caso Adorni, escribe este párrafo: “La Justicia es como un cristal: basta una leve, casi imperceptible quebradura, para comprometer la integridad de la copa. Como extensión de ese viejo símil periodístico -se está refiriendo a un viejo editorial de LA NACION- con piezas de cristalería, la pregunta de rigor desde hace años sería qué queda de sano en la vajilla entera del Poder Judicial, en particular, por lo que a menudo deviene de las decisiones o dilaciones, unas veces tácticas y otras eternas, de la Justicia Federal”.

Hace dos años, en una reunión privada en Punta del Este, se le preguntó a Macri por Lijo. Macri dio una respuesta larga, pero terminó diciendo lo siguiente: en todo proceso de estabilización o saneamiento de la economía hay algo central, que es la confianza. Y la confianza no la proveemos los políticos, dijo Macri. La confianza la proveen los jueces. Por eso es tan importante el reglamento de cómo se eligen los jueces. Por eso es tan importante advertir las manipulaciones en estas designaciones de jueces que lleva adelante Mahiques desde el Ministerio de Justicia de Javier Milei.

Por Carlos Pagni

• Javier Milei
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