
Zaffaroni asumió como juez de la Corte
El nuevo ministro anticipó que no será presidente del máximo tribunal; sólo tres colegas asistieron al acto de asunción
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"No seré presidente de la Corte". "Vengo a resolver el desastre de la situación de los ahorristas". "Tenemos que ocuparnos de las leyes de amnistía". Fueron tres definiciones bien concretas las que dio ayer Eugenio Zaffaroni, tan sólo minutos después de que, a las 11, juró como ministro de la Corte Suprema ante el presidente del máximo tribunal, Carlos Fayt.
Zaffaroni es el primer juez del alto tribunal designado por el presidente Néstor Kirchner e ingresa en reemplazo de Julio Nazareno, que renunció en julio último.
El acto tuvo una concurrencia dispar y muchos ausentes. Aunque buena parte de los presentes sí mostraron cierta corriente de simpatía con el magistrado, especialmente cuando lo aplaudieron en forma sostenida, durante dos minutos, apenas dijo "sí, juro".
Además del ministro Fayt, en el estrado estaban presentes los jueces Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda. Los demás magistrados, faltaron. El lunes último, durante una audiencia privada, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio le habían anticipado a Zaffaroni que, por compromisos contraídos previamente, no podrían concurrir al acto. Tampoco asistió Adolfo Vázquez, a quien la Comisión de Juicio Político acaba de abrirle una investigación.
Presencias y ausencias
Las ausencias se notaron, aunque las trataron de disimular el procurador general, Nicolás Becerra, y el defensor general, Miguel Angel Romero, que ocuparon en el estrado los sitiales que, de otra forma, hubieran quedado vacíos.
Tampoco concurrieron senadores y diputados que habitualmente se muestran en estas ceremonias. Ni siquiera, los legisladores que son miembros del Consejo de la Magistratura. Pero la Sala de Audiencias, igualmente, estaba completa. "Soy Diana Conti, senadora y amiga de Zaffaroni", se presentó la legisladora -que también fue socia del estudio del flamante ministro- ante el personal de ceremonial.
"Si es amiga, acompáñeme a la primera fila", le respondió un funcionario, ignorando su calidad de senadora nacional.
En la misma fila de Conti estaban sentados varios amigos de Zaffaroni, entre ellos, Jacobo Grosmann, un estrecho colaborador del penalista.
Encabezando la otra hilera de asientos se colocaron los altos mandos militares, entre ellos el jefe del Ejército, general de división Roberto Bendini, y el jefe de Estado Mayor Conunto, Jorge Chevalier; así como el jefe de la Policía Federal, Eduardo Prados.
El viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, fue el más importante de los funcionarios del Poder Ejecutivo que asistió, pero prefirió ocupar un lugar más discreto. Bastante llamativo para un nombramiento que tuvo un alto costo político para el primer mandatario.
Bastante más atrás se ubicaron los jueces Horacio Vigliani y Eduardo Luraschi, de la Cámara Federal; Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, de la Cámara Nacional Electoral; Gustavo Costa, camarista de tribunal oral y el ex ministro de Justicia del gobierno aliancista Ricardo Gil Lavedra.
Sergio Torres, el único magistrado de primera instancia de la justicia federal que concurrió a la jura, mantuvo bajo perfil.
Entre el público se mezclaban el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Atilio Alterini; el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Durrieu, una de las entidades que más se opuso a la designación del juez; los abogados Pablo Jacobi, asesor de Memoria Activa en el juicio de la AMIA, y Miguel Angel Pierri, que estuvo preso en relación con la causa por presunta corrupción de menores del cura Julio César Grassi.
Pero llamó la atención la ausencia de los líderes de las principales organizaciones no gubernamentales incluso de aquellas que apoyaron el nombramiento.
Declaraciones
Durante la rueda de prensa posterior al acto, Zaffaroni consideró un "desastre" la situación de los ahorristas y aseguró que "antes de formarme una opinión, voy a escuchar a todas las partes".
Frente a la requisitoria de los cronistas televisivos, afirmó que uno de los principales "problemas" que tiene que definir la Corte es el del "valor de la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida y la ley de nulidad sancionada por el Congreso".





