Carlos Zannini cobra una pensión por su prisión en los setenta

Carlos Zannini, secretario legal y técnico del kirchnerismo durante doce años y futuro procurador del Tesoro en el gobierno entrante de Alberto Fernández, percibe desde septiembre pasado una pensión graciable como expreso político de los setenta, un beneficio previsto por la ley autorizado por la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno saliente y otorgado por la Anses.

Según tres altas fuentes del gobierno de Mauricio Macri, Zannini percibe desde septiembre pasado una pensión de $23.953,80 mensuales, luego de acreditar su detención, entre julio de 1975 y marzo de 1978, como preso a disposición del Poder Ejecutivo, primero durante el gobierno democrático de Isabel Perón (que lo detuvo en Córdoba, su ciudad natal) y luego durante la dictadura militar. La ley 26.913, aprobada por el Congreso en diciembre de 2013, establece una pensión graciable para todas aquellas personas que "acrediten haber estado detenidas por causas políticas, gremiales y/o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983". Uno de los requisitos es "no cobrar otra prestación o subsidio no contributivo de carácter nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o naturaleza, el interesado puede optar por aquella o por esta prestación". Es, por lo demás, "compatible con la percepción de cualquier otro ingreso monetario". Un detalle: el trámite es "presencial", por lo que el propio beneficiado debió iniciar sus trámites en dependencias del Ministerio de Justicia. El haber estuvo congelado durante la gestión macrista.

Zannini es, hasta 2022, representante del estado provincial de las acciones clase A en el directorio del Banco de Santa Cruz, por disposición de la gobernadora Alicia Kirchner. En las últimas tres décadas ocupó distintos cargos públicos: fue ministro de Gobierno de Néstor Kirchner en Santa Cruz (1991-1995) y diputado provincial (1995-1999) antes de sus doce años en la Casa Rosada. Fue, además, compañero de fórmula de Daniel Scioli en la derrota del kirchnerismo a manos de Macri en 2015.

Fueron, en total, 975 días los que pasó entre rejas el entonces militante de la agrupación maoísta Vanguardia Comunista, los que le valieron años más tarde una indemnización de acuerdo con la ley 24.043, aprobada durante el menemismo, a la que se acogieron unos diez mil presos políticos (además de Zannini, la percibieron el exdiputado Carlos Kunkel y el fallecido Juan Carlos Dante Gullo, entre muchos otros). La ley estableció entonces la indemnización para "personas que hubieran sido puestas a disposición del PEN durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares".

Un allegado a Zannini -poco afecto al diálogo con los medios- destacó en diálogo con LA NACION que recibir la pensión graciable "es legal" y calificó de "persecución" los procesos en su contra, como el iniciado hace un año por la Oficina Anticorrupción bajo la acusación de enriquecimiento ilícito, por el cual fue sobreseído esta semana.

Zannini continúa procesado en la causa de presunto encubrimiento de los exfuncionarios iraníes acusados de volar la sede de la AMIA en julio de 1994, a través del memorándum de entendimiento firmado en 2013, aprobado luego por el Congreso.

Estuvo preso por esa causa 107 días, y el propio Fernández le dio la bienvenida al gabinete el pasado viernes, durante una conferencia de prensa.