Alquileres: repercusiones en el sector por el registro de contratos en la AFIP

Tras el anuncio del registro de contratos de alquiler en la AFIP, se generaron voces cruzadas respecto de la nueva medida que empezará a regir en el país a partir de marzo y que afectará a los propietarios de viviendas que se renten. Diversos organismos consultados por LA NACION aportaron su visión y dieron detalles de las repercusiones que tendrá esta medida en los próximos meses.

Desde el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), sostuvieron que el anuncio llega en un mal momento. “Hay una necesidad continua de los funcionarios de querer controlar y esto es innecesario, ya que el mercado debe ser libre y fluir porque el mercado inmobiliario es muy fluctuante. En el país, con tantos impuestos, se genera otra presión para el que tiene que pagar, lo que produce incertidumbre en el valor que va a tener que pagar la gente”, sostiene Martha Liotto, vicepresidenta de la institución. En la misma línea Rita Menéndez, secretaria del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, agrega: “Con este sistema, AFIP busca un mayor cruzamiento de datos y conocer cuál es la situación patrimonial de los contribuyentes, como por ejemplo saber cuáles inmuebles de una persona están alquilados. El organismo tiene como objetivo recaudar más”.

En tanto, desde la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), señalaron: “Esto va a afectar a las locaciones destinadas a viviendas y a sus propietarios, ya que a partir de ahora, al blanquear el contrato, tendrán que tributar Impuesto a las Ganancias, y se verá nuevamente disminuida su ya magra renta, que es la más baja de los últimos 40 años y no supera el 2% anual”, advierte Enrique Abatti, presidente de la entidad. En este sentido, aclaró que la medida hará que aumenten los alquileres para compensar la pérdida que tienen los titulares de las viviendas o, directamente, podría provocar que se retire el inmueble del mercado de alquileres y se ponga en venta.

Con respecto a quiénes estarán afectados por la medida, en un primera instancia parecen ser los propietarios; pero los inquilinos, a quienes la medida busca proteger, en la práctica se podrían ver perjudicados de manera indirecta, según explican fuentes del sector. “Se verán casos en que para eludir la registración se concertarán contratos de comodato, es decir, préstamos gratuitos del inmueble en reemplazo de locación, con el precio pactado en un contrato de mutuo acuerdo, es decir, préstamo de dinero. O como es frecuente para los contratos comerciales, se suscribe un contrato de locación por menor valor y paralelamente un contrato de mutuo acuerdo reforzado con pagarés, por la diferencia del precio. Y en este caso, generalmente es a pedido del inquilino para pagar menos impuestos”, reconoce Abatti.

Cuál será el rol de las inmobiliarias

A raíz de la nueva reglamentación que empezará a regir a partir del próximo mes se generó un nuevo interrogante: el papel que jugarán las inmobiliarias y las escribanías, que por el momento, no están obligados a participar de la normativa. “No somos los que tenemos que denunciar, por el momento sólo aplica a los propietarios. No debemos presentarnos en AFIP ni tenemos que mandar al propietario a inscribirse”, aclara Liotto.

Quien dio detalles al respecto fue Alejandro Ginevra, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI). ”A corto plazo va a seguir generando más inestabilidad en los alquileres, por lo que va a haber menos oportunidades porque muchos van a poner las propiedades a la venta y van a aumentar precios”.

Desde el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, otra de las instituciones que dieron su perspectiva a LA NACION de cara al anuncio que empezará a regir a partir de marzo, advirtieron que el rol en las escribanías será de asesoramiento. “Será importante informar los plazos que tienen los propietarios para registrar los contratos para así evitar sanciones. También certificaremos las firmas de las personas que suscriben a los respectivos acuerdos a efectos de otorgarle mayor seguridad jurídica en caso de un futuro conflicto entre las partes”, advierte Ricardo Blanco Lara, prosecretario y vocero de la entidad.