Ámsterdam obligará a los dueños a vivir cuatro años en los inmuebles que compren para frenar la especulación

El municipio de Ámsterdam anunció que planea introducir la obligación de que aquellas personas que adquieran una propiedad con un valor oficial de hasta €512.000 residan en la vivienda durante los primeros cuatro años posteriores a la compra. La medida, que empezaría a regir el 1 de abril, impediría alquilar la casa durante ese período con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria que elevó los precios de los alquileres en los últimos años.

El concejal de vivienda, Jakob Wedemeijer, señaló que una de cada tres unidades son propiedad de inversores privados actualmente. “Las últimas cifras muestran que miles de viviendas han sido retiradas del mercado y se alquilan a precios muy caros”, explicó, según consignó la agencia EFE.

El gobierno municipal quiere implementar la protección a la compra a partir del 1 de abril, lo que afectaría a seis de cada diez viviendas de dueños existentes en Ámsterdam. Con la medida, los inversores ya no podrían adquirir casas para luego alquilarlas a un precio más alto, aunque se aplicarían excepciones para los edificios en los que ya se realizaron acuerdos previos.

La capital neerlandesa lucha desde hace años contra una fuerte crisis de vivienda, que tiene disparados los precios: los nuevos inquilinos pagan unos €1466 al mes ($176.787) y ya no hay prácticamente viviendas para personas de ingresos bajos o medios. A su vez, en los últimos siete años el valor de adquirir un inmueble se duplicó hasta alcanzar un costo promedio de €600.000.

Aunque el municipio todavía tiene que discutir la medida, se espera que no haya mayores dificultades en su aprobación ya que cuenta con respaldo suficiente. El comité de vivienda debatirá el 9 de febrero y votará una semana después. Así, la norma entraría en vigencia el 1 de abril.

España también busca terminar con la especulación inmobiliaria

Esta semana, España aprobó un proyecto de Ley de Vivienda que incluye dos medidas que también apuntan a controlar los precios de los alquileres. El punto que resultó más polémico es la limitación del valor inicial de los mismos.

Según anunciaron, los topes a las rentas se establecerán en las consideradas “zonas tensionadas”, para lo que el Ejecutivo estableció un plazo de 18 meses para fijar su limitación desde la entrada en vigencia de la ley, una vez que se apruebe en el Parlamento.

Para movilizar la vivienda vacía, además, los municipios podrán aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150% para sacar esa propiedad al mercado para su alquiler o venta. La ley también contempla bonificaciones fiscales de hasta el 90% para los propietarios de viviendas que rebajen los precios de los alquileres.