Propiedades vacías: en el proyecto que obliga a alquilarlas, un departamento que hoy se publica a $70.000 podría ofrecerse a $10.000

La misma agrupación de inquilinos que impulsó la desastrosa Ley de Alquileres 27.551 actualmente vigente y que perjudica tanto a inquilinos, propietarios e inmobiliarios, acaba de presentar un proyecto de ley denominado “Régimen de Alquiler Protegido” que tiene por finalidad poner obligatoriamente bajo la órbita del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) a las propiedades vacías por más de 90 días para que este Instituto se encargue de alquilarlas, obviamente contra la voluntad del propietario. Este proyecto es como arrojar más nafta al fuego y, de prosperar, terminará perjudicando aún más a los inquilinos y a todo el mercado inmobiliario. Y lo paradójico es que no existe un proyecto similar en el mundo, ni siquiera en Venezuela.

Con métodos estalinistas, faculta en su artículo 12º a cualquier ciudadano a denunciar la existencia de viviendas vacías. También obliga a los administradores de consorcios a informar al IVC cada 30 días qué viviendas se encuentran vacías en los consorcios que administran y a la autoridad a cargo de la dirección General de Obras y Catastro (DGROC) a informar periódicamente los inmuebles que se encuentren deshabitados.

El IVC fijará obligatoriamente el alquiler en el 1% mensual de la valuación fiscal homogénea (VFH) del inmueble, lo cual es muy inferior al valor de plaza. Esto conlleva a que el propietario será despojado de la libre administración de su inmueble, la cual estará a cargo del IVC.

En números concretos, un departamento con un valor de plaza de US$150.000 y una valuación fiscal que oscila entre uno y dos millones de pesos -dependiendo del barrio en el que esté ubicado- se alquilaría por entre $10.000 y $20.000 al mes, un valor lejano al contrato que defendería esa propiedad en el mercado actual: por encima de los $70.000.

Por otra parte, el proyecto establece un registro obligatorio para los propietarios que tendrán que avisar al IVC si la vivienda permanecerá deshabitada por alguna causa justificada. Mientras que quienes no lo hagan deberán pagar una multa del 5% del valor fiscal del inmueble por mes -siguiendo el ejemplo anterior, entre $50.000 y $100.000- y si el mismo posee más de cinco viviendas vacías, la multa será del 10% del valor fiscal mensual por cada una, en un claro castigo a quien invierte motorizando el círculo virtuoso de la industria de la construcción.

En una actitud totalmente pueril, el proyecto establece que el método para determinar si una vivienda está vacía es a través de los informes de las empresas prestadoras de los servicios de electricidad y gas, lo cual cualquier propietario podría bloquear, simplemente con dejar varias lámparas encendidas y jurídicamente, suscribir contratos de comodato con algún pariente o amigo.

Este proyecto de ley es inconstitucional desde su nacimiento, ya que vulnera abiertamente la garantía del derecho de propiedad establecida por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Ninguna ley puede despojar al propietario del derecho a administrar su inmueble y alquilarlo o no cuando lo desee, salvo en caso de expropiación por causa de utilidad pública, que no es el presente supuesto.

Proyectos como este, lo único que logran es desalentar la inversión inmobiliaria, que es la que genera más actividad económica en el mercado interno argentino, ya que moviliza en forma directa o indirecta a más de 50 gremios, incluido el de los trabajadores de la construcción afiliados a la UOCRA, con lo cual se agravará aún más el desabastecimiento del mercado locativo de viviendas y la situación de los inquilinos.

Se trata simplemente de un proyecto irracional y contrario a los intereses de los inquilinos, propietarios y corredores inmobiliarios, que seguramente no será aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero es un peligroso antecedente para el resto del país.

El autor es Presidente de la Cámara de Propietarios.