Ley de alquileres: las declaraciones de Sergio Massa reavivan la expectativa del sector, ¿es posible derogar la norma este año?

El sector inmobiliario conserva la esperanza de terminar el año con la ley de alquileres derogada, que había sido aprobada en junio de 2020. El tema se instaló con fuerza durante la campaña electoral, principalmente por declaraciones de candidatos de la oposición que reconocieron que el proyecto impulsado por el entonces diputado nacional Daniel Lipovetsky (Juntos por el Cambio) a fines de 2019 generó una distorsión en el mercado. Ahora, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, sostuvo que la norma “fracasó” y volvió a reavivar la ilusión de los corredores inmobiliarios.

“En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó: la Ley de Alquileres, que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, expresó Massa sobre la norma sancionada en junio de 2020 y remarcó la necesidad de discutir una nueva. Mientras tanto, según confirmó a LA NACION, analiza la posibilidad de suspender por 180 días la ley vigente. “Estamos trabajando y apenas lo tengamos lo vamos a comunicar”, deslizó.

La declaración, por primera vez admitiendo públicamente el fracaso de la norma de parte del oficialismo, cayó bien entre los referentes del sector. “Sin dudas que vemos muy positivas las palabras del presidente de la Cámara de Diputados”, aseguró a LA NACION Marta Liotto, presidenta de CUCICBA, la cámara que nuclea a los corredores. “Desde nuestro Colegio siempre sostuvimos que la ley de alquileres estaba destinada al fracaso y efectivamente ha sido una desgracia”, expresó.

Además, dio a conocer que la institución se había reunido con el gabinete de asesores de Massa a fines de septiembre. Según cuenta Liotto, en ese momento, les aseguraron que el tratamiento de la norma se retomaría después de las elecciones legislativas, por lo que desde CUCICBA entienden las declaraciones del titular de la Cámara baja como “un cumplimiento de esa promesa”.

“Hoy mismo volveremos a ponernos en contacto para aportar todo de nuestra parte con el objetivo de que las modificaciones que se realicen sean realmente beneficiosas para el sector”, añadió. El pedido de CUCICBA es que se modifique el artículo de la ley que establece un plazo mínimo de alquiler de tres años para llevarlo a dos, y que se derogue el artículo 14, que introduce la obligatoriedad de una actualización anual de los contratos según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central.

Actualmente, hay varios proyectos que apuntan a modificar la ley de alquileres. Uno de ellos, encabezado por el diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio), propone directamente derogarla. El segundo, presentado por el legislador Álvaro González (PRO, para la ciudad de Buenos Aires), plantea el cambio de los mismo dos puntos que reclaman los corredores. Hay una tercera iniciativa, presentada por Luciano Laspina (Juntos por el Cambio), que procura generar un mecanismo de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

También desde el oficialismo impulsan un proyecto para solucionar el complejo escenario que atraviesa el mercado de los alquileres. Se trata de una iniciativa de la diputada Marcela Passo (Frente de Todos) para modificar la norma actual e incentivar la construcción. Desde su entorno señalaron a este medio que la idea es incluir a todos los sectores en la decisión y aseguraron que aún “no hay un proyecto definitivo”.

En diálogo con LA NACION, fuentes cercanas a Massa se pronunciaron en el mismo sentido: aseguraron que el oficialismo apunta a “alcanzar el mayor consenso posible”, por lo que ahora trabaja en recopilar los planteos de todos los sectores. Hasta ahora, lo que es seguro es que hay al menos tres puntos de la ley que tanto propietarios como inquilinos y corredores inmobiliarios señalan como “problemáticos”. Se trata del ajuste anual de los contratos según el ICL, la duración de los mismos y las dificultades para obtener una garantía. Es que, aunque la ley actual contempla varias opciones, en la práctica resulta difícil encontrar alternativas viables.

Por el momento, nadie se atreve a asegurar que el tratamiento de la norma podría darse antes de finalizar el año. “Es difícil, pero sino quedará para sesiones extraordinarias o directamente para marzo de 2022”, señalaron desde el entorno de Massa. En tanto, desde CUCICBA ya se pusieron a disposición para avanzar en reuniones y conversar sobre el panorama del sector. La gran incógnita es qué pasará con quienes firmaron un contrato dentro de la normativa vigente si la misma se deroga. Para Liotto, pase lo que pase los contratos acordados bajo la ley actual “deberán continuar de la misma forma hasta vencerse y mientras tanto ser indexados con el ICL”.