Ley de alquileres: luego de que el Gobierno anunció la intención de derogarla, hay cruces políticos por la responsabilidad en su sanción

Las declaraciones de Sergio Massa en contra de la ley de alquileres abrieron paso a una nueva disputa política en torno a las responsabilidades detrás de su sanción. Es que cada vez son menos los defensores de la legislación y luego de que el titular de la Cámara de Diputados sostuvo que la norma “fracasó”, trascendió que ahora evalúa con funcionarios del Gobierno la posibilidad de suspender la legislación vigente por 180 días hasta que se elabore una nueva. Mientras tanto, las acusaciones van de un lado al otro.

El tema de los alquileres se instaló con fuerza durante la campaña electoral, principalmente por declaraciones de candidatos de la oposición que reconocieron que el proyecto impulsado por el entonces diputado nacional Daniel Lipovetsky (Juntos por el Cambio) a fines de 2019 generó una distorsión en el mercado. En un acto por el Día de la Construcción realizado la semana pasada, Massa apuntó contra la ley al asegurar que “terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y, además, generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”.

El propio ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, coincidió con el planteo del titular de la Cámara baja pero sostuvo que no es necesario “derogar la ley sino mejorarla”. “Es como lo plantea Sergio, una ley que fracasó del PRO merece que se vuelva a debatir, pero partiendo de una ley existente”, dijo en diálogo con la radio online FutuRöck.

Para Ferraresi, la ley de alquileres es “uno de los tantos fracasos del PRO, al igual que los créditos UVA”. “Tener una ley nacional de alquileres no es una herramienta viable, sino que cada jurisdicción debería tener su regulación”, sostuvo el ministro. ”En una Argentina tan heterogénea tiene que haber leyes más particulares y otras provinciales, una ley así no se puede aplicar igual en la zona más rica del país que en la más pobre”, insistió el funcionario.

También sostuvo que la norma ”no es peor que lo que había, porque protege al inquilino”, pero dijo que “las leyes se convierten en utilizables cuando la gente se apropia de ellas”. En ese sentido, remarcó que si bien “se estiman más de dos millones de alquileres”, solo “se declararon cerca de 120 mil contratos” en la AFIP desde la sanción de la norma. ”Partimos de un diagnóstico con pocos inquilinos que decidieron registrar el contrato en estas condiciones”, sentenció Ferraresi.

Una de las primeras figuras opositoras en referirse al tema fue la diputada electa de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal, quien reconoció en diálogo con TN que el proyecto se presentó durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero remarcó que el avance se concretó “con el acompañamiento del Frente de Todos”. Durante la campaña, la exgobernadora hizo hincapié en la importancia de derogar la norma y avanzar hacia una nueva legislación con el consenso previo de los actores del mercado.

La Ley de Alquileres fue sancionada por el Senado en junio de 2020, en plena pandemia y durante la gestión de Alberto Fernández, aunque había recibido el aval de la Cámara de Diputados en noviembre del año anterior, cuando aún gobernaba Macri. Luego de que Ferraresi se refirió a la ley de alquileres como “uno de los tantos fracasos del PRO”, el ex secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, salió al cruce y afirmó que hacer esas declaraciones implica “no hacerse cargo de la responsabilidad que a cada uno le toca”.

“La ley de alquileres se aprobó en junio de 2020 con el voto de 39 senadores del Frente de Todos y sin presencia de senadores de Juntos por el Cambio. El proyecto aprobado difirió significativamente de aquel que se había tratado con anterioridad”, planteó en su cuenta de Twitter. “En ese momento la ex ministra María Eugenia Bielsa no pensaba que era una ley neoliberal como ahora declara Ferraresi”, manifestó y adjuntó capturas de viejos tuits en donde la exfuncionaria sostenía que la norma llegaba para “ampliar derechos”.

“Lo que se necesita es un Estado que no se entrometa en todas las relaciones comerciales, que genere confianza, seguridad jurídica y una economía estable. Y por sobre todo, funcionarios que se hagan cargo de los problemas de la gente y no que le vivan echando la culpa a otros”, concluyó el ex secretario de Vivienda.

Las palabras de Sergio Massa, por primera vez admitiendo públicamente el fracaso de la norma de parte del oficialismo, cayeron bien entre los referentes del sector inmobiliario, que al mismo tiempo se encuentran confundidos luego de que trascendió la intención de suspender la ley por 180 días. Para Marta Liotto, presidenta de CUCICBA, la cámara que nuclea a los corredores, esa medida es “inviable”.

El pedido de CUCICBA es que se modifique el artículo de la ley que establece un plazo mínimo de alquiler de tres años para llevarlo a dos, y que se derogue el artículo 14, que introduce la obligatoriedad de una actualización anual de los contratos según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central.

En diálogo con LA NACION, fuentes cercanas a Massa se pronunciaron en el mismo sentido: aseguraron que el oficialismo apunta a “alcanzar el mayor consenso posible”, por lo que ahora trabaja en recopilar los planteos de todos los sectores. Hasta ahora, lo que es seguro es que hay al menos tres puntos de la ley que tanto propietarios como inquilinos y corredores inmobiliarios señalan como “problemáticos”. Se trata del ajuste anual de los contratos según el ICL, la duración de los mismos y las dificultades para obtener una garantía.

LA NACION

• Alquileres
• Jorge Ferraresi
• Cámara de Diputados

---

---

Conforme a

¿Cuáles son? Los barrios “olvidados” en los que comprar para alquilar es un buen negocio

Convivencia difícil. Los 5 conflictos más comunes entre vecinos de un edificio y cómo resolverlos sin ir a juicio

Las mejor y la peor inversión. Los departamentos que se venden más rápido y los que no conviene comprar