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Qué son los convenios urbanísticos, para qué sirven y cómo impactan en la ciudad
Entre enero y marzo, el Gobierno lanzó una convocatoria para que privados presenten propuestas que contribuyan a la transformación del distrito porteño; cuáles son los beneficios para el Estado
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un objetivo ambicioso: de cara a la pospandemia, quiere reconvertir el macro y microcentro porteño, a partir de la creación de zonas con propuestas diversas. En las próximas semanas, presentará en la Legislatura un proyecto de ley para crear un fondo especial que financie esos planes. Muchos de ellos, surgen de una convocatoria lanzada en enero por el Ejecutivo para alcanzar acuerdos con desarrolladoras privadas, en el marco de los convenios urbanísticos.
¿De qué se tratan esos acuerdos? Son herramientas de gestión urbana que formalizan un acuerdo y definen compromisos entre actores del sector privado y el Estado para realizar, dentro de un determinado plazo, intervenciones en la ciudad que generen beneficios mutuos. El Gobierno porteño impulsa hace tiempo distintos proyectos con el plan de “construir una ciudad con mayor mixtura de usos en cada barrio”.
El instrumento se implementa en toda la Argentina y es un recurso utilizado por los Gobiernos de todo el mundo. “Lo que hicimos fue tomar algo que ya existía y sofisticarlo. Es necesario construir herramientas para que eso suceda de forma transparente, clara y con un verdadero beneficio”, explicó a LA NACION el arquitecto y urbanista Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En enero, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta lanzó una convocatoria en la que se establecieron las condiciones económicas y en términos de transparencia que cada actor privado tiene que cumplir para presentar un convenio urbanístico. La misma cerró en abril.
En ese lapso, propietarios, poseedores, superficiarios y/o tenedores de terrenos en la Ciudad presentaron proyectos con un formato prestablecido, donde solicitaron un cambio normativo del objeto del convenio. “Se trata de un acuerdo que se celebra entre el privado y la Ciudad y donde ambos se ven favorecidos. La desarrolladora incurre en un beneficio que se tiene que ver contrarrestado de manera equivalente en uno para la ciudadanía”, explicó el secretario.
Como ejemplo, puso el caso de una persona que tiene dos terrenos y quiere construir allí mayor cantidad de metros. “Con el convenio urbanístico se acepta eso y, a cambio, la persona le da al Gobierno una parte para construir una plaza. Esto es un instrumento potente porque hay una instancia donde se pueden financiar proyectos de beneficio público a partir de capital privado, por lo que el presupuesto público queda reservado para gastarlo en cosas más relevantes como la educación, salud y empleo”, remarcó.
La iniciativa busca generar propuestas urbanas que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Los objetivos principales son impulsar el desarrollo urbano sostenible, la integración social y la reducción del impacto ambiental al tiempo que se crea mayor espacio público de calidad y verde. La última convocatoria fue abierta al público y se recibieron 111 propuestas, que ya presentaron un protocolo a través de un trámite que es tarifado, con el que el Gobierno porteño ya recibió casi $500 millones.
Lo que más suelen pedir las desarrolladoras es “crecer en metros cuadrados”, según indicó el funcionario porteño. Así, por ejemplo, “en una parcela donde se pueden hacer 10 pisos, se propone hacer 15. Al aceptarlo, el privado ganará dinero. A cambio, construirá una plaza para los vecinos. Es una manera en la que la Cuidad puede conseguir nueva tierra pública”, sostuvo.
En esa línea, indicó que, al comienzo de la gestión, la Secretaría contaba con un presupuesto “muy ambicioso” que se vio afectado por la quita de la coparticipación así como por los gastos vinculados a la pandemia de coronavirus. “Los convenios nos permiten pedirle a un privado que, por ejemplo, construya una escuela que nosotros no podríamos. Así, con la ayuda del sector privado vamos a poder seguir transformando la ciudad”, destacó. Por otra parte, remarcó que, si bien el convenio se firma entre el actor privado y el Poder Ejecutivo, luego se refrenda en la Legislatura, por lo que también “se honra que los proyectos no dependan de la firma de un funcionario”.
En la última convocatoria lanzada, se priorizó a los convenios urbanísticos propuestos dentro de las zonas del Casco Histórico, La Boca, Barracas (al Este y Oeste) y Constitución (Oeste). Varias de las presentaciones que se hicieron estaban en consonancia con el plan del Gobierno para reconvertir el microcentro porteño en una zona residencial. “Al haber lanzado esto en época de crisis, se generó una oportunidad. Aquel que en otro momento no hubiese tocado su edifico o no lo hubiese hecho de viviendas, repensó esa posibilidad”, explicó García Resta. Por último, anticipó que algunos de esos planes “probablemente sean los primeros en votarse”.
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