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Córdoba cuida su historia
La provincia prepara modificaciones a las normas que rigen la calificación de patrimonio; los desarrolladores reclaman mayor flexibilidad
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.–La municipalidad de esta ciudad prepara modificaciones a las normas que rigen la calificación de “patrimonio” de inmuebles y que, según desarrollistas e inmobiliarios, impiden compensar a sus propietarios y frena el crecimiento de los distintos barrios.
En 2013 se actualizó el catálogo de bienes patrimoniales que deben preservarse por sus cualidades urbanas, arquitectónicas, históricas y culturales. El listado incluye 2446 inmuebles con diferentes categorías de protección –alta, media y baja que determinan su nivel de preservación–, plazas, parques, calles y puentes –“patrimonio moderno”–.
El listado surgió de un relevamiento de la municipalidad con participación de alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y colaboración del Instituto de Patrimonio Marina Waisman de la Universidad Católica.
La ordenanza establece que los dueños de la propiedad recibirán Certificado de Edificabilidad Potencial Transferible (CEPT) para compensar las restricciones de disponer de la unidad. El documento establece la superficie –sobre el total– que puede construir en otro lugar de la ciudad.
La clave es que el CEPT puede venderse en el mercado, pero la reglamentación restringió las zonas de aplicación. Según los constructores, quedaron sólo las de escaso valor que generan poco interés. “Los certificados hoy no valen nada; circularon muy pocos porque a nadie le interesan”, dice a la nacion César Martínez, presidente de la Cámara de Desarrollistas (Ceduc).
Leticia Gómez, subsecretaria de Planeamiento de la municipalidad, indica que en el proyecto que enviarán al Concejo Deliberante hay una “revisión compleja” sobre el tipo de intervenciones a realizar en los bienes protegidos y se incorporan disposiciones para facilitar la emisión, aplicación y renovación de los CEPT. “El paso siguiente es la revisión de la ordenanza que contiene el listado de bienes inmuebles catalogados, de forma progresiva, por barrios”, agregó.
Juan Manuel Bergallo, docente de historia de la Arquitectura de la UNC, referente en conservación patrimonial a nivel nacional y miembro por el Colegio de Arquitectos del Consejo Asesor de la municipalidad –que funciona desde 2014 y que brinda dictámenes, los cuales no son vinculantes– señala: “Si seguimos accediendo a las pretensiones de los emprendedores, la ciudad se queda sin nada, sin pasado, sin memoria”.
Conservación
Bergallo plantea que en la ciudad hay “múltiples lugares donde construir; hay que preservar valores e identidad” y aunque admite que cada caso merece un análisis de particular sostiene que a veces una unidad integra el catálogo por “su valor en un tramo o calle o en el barrio”, explica el docente.
Aunque la ordenanza establece exenciones o reducciones de impuestos para que los propietarios de los inmuebles los conserven, en buena parte de los casos no se cumple. “Al margen del estado de abandono en que puedan estar, no se deben demoler. Si eso sucediera terminaríamos en una ciudad de torres, hacinados y con mala calidad de vida”, apunta Bergallo.
Para los desarrollistas los más perjudicados son los dueños que no pueden vender porque los constructores, cuando les ofrecen una propiedad que es patrimonio, prefieren no involucrarse. “Hay que revisar el catálogo y rediseñar las zonas de aplicación del certificado, sino se traba todo”, resume Martínez.
Para Bergallo la negociación con los dueños es crucial porque se pueden flexibilizar las posiciones, por ejemplo, conservar la fachada y rehacer el edificio por dentro “aunque no sea lo mejor”.
Esteban Dómina, historiador y concejal de Unión Por Córdoba, que impulsó la ordenanza que establece el nuevo catálogo de bienes patrimoniales, reconoció que debe “mejorarse la operatoria de los certificados” ya que la Municipalidad –por falta de recursos– no puede expropiar. “El catálogo no está tallado en piedra, se lo puede revisar pero lo importante es establecer a largo plazo una política de preservación basada en una operatoria de certificados ágil y de un compromiso del Estado de destinar recursos a mantener lo que aún hay”, finaliza.
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