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Nuevos códigos en el negocio del alquiler
Mientras en el Congreso de la Nación los diputados tienen frenado el debate de la media sanción de una nueva ley; en las provincias discuten reglas que regulen la relación de la actividad
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PARA LA NACIONLorena Zapata
Las legislaturas porteña y la de Santa Fe las que podrían lograr convertir en ley reformas integrales, con el aval de sus gobiernos locales, antes de fin de año. Las asociaciones de locatarios de San Juan, La Pampa y Corrientes, trabajan en modificaciones particulares para que las comisiones inmobiliarias las paguen los dueños. Mientras que en Córdoba, otra vez San Juan y Neuquén se impulsa la creación de Defensorías de Inquilinos, registros o censos provinciales como medidas protectoras del que se considera que es el eslabón más débil de la cadena: los inquilinos.
En la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe son los propios oficialismos los que impulsan reformas en sus mercados inmobiliarios. El avance más importante se logró en la localidad porteña, donde luego de largas rondas de negociaciones entre el Frente de Inquilinos Nacional (FIN) y el gobierno local, el propio Horacio Rodríguez Larreta decidió enviar a la legislatura un proyecto de reforma para que las comisiones las paguen los dueños y se eliminen los gastos de gestión. Además, las inmobiliarias dejarán de autoregularse y se le dará poder de contralor al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). La cuestión referida a la garantía para los alquileres quedó fuera de la iniciativa oficial, aunque el propio titular del IVC, Juan Ignacio Maquieyra, dejó abierta la puerta a que se debata en las comisiones legislativa. El proyecto ya se está analizando se estima que podría recibir la sanción definitiva en el mes de septiembre.
El bloque de Diputados socialistas de Santa Fe, con su presidente Rubén Galassi a la cabeza, se propone sancionar en el mismo mes un proyecto de ley de alquileres que le pone un tope de 4 por ciento a las comisiones , con un pago compartido en mitades iguales entre dueños e inquilinos, y regula la cantidad y calidad de las garantías: un máximo de dos inmuebles –garantía propietaria– que podrán estar ubicados en cualquier localidad de la provincia o tres codeudores que acrediten ingresos periódicos –garantía vía recibos de sueldo–. Además, fija que sean los propietarios quienes paguen el impuesto inmobiliario. “En un contrato de alquiler, quien más asume los costos es el que menos protección tiene por parte del Estado. Por eso buscamos establecer criterios más justos”, explicó Galassi a La Nación.
Benditas comisiones
La ley sanjuanina de Corredores Inmobiliarios establece que se cobrará hasta un mes de alquiler en concepto de comisión, pero no detalla quien la pagará. El presidente de la Asociación de Inquilinos provincial, Víctor Barzán, denunció ante este medio que “siempre se la hacen pagar a quien va a alquilar por una costumbre de los martilleros” y pregunta de manera irónica: “¿por qué la tiene que pagar el inquilino si el que contrató a la inmobiliaria es el dueño?”. Es por eso que, con el auspicio de esta agrupación, el diputado del bloque mayoritario en la Legislatura provincial, Pablo García Nieto (PJ), una de las manos derechas de gobernador Sergio Uñac, presentará la próxima semana un proyecto de ley para que la comisión quede a cargo exclusivamente del propietario. También se busca prohibir a las inmobiliarias publicar en los anuncios que no aceptan mascotas o niños. Un escenario semejante es el que enfrenta la Asociación Civil de Inquilinos de Corrientes (ACIC), que viene denunciando desde hace meses que un monoambiente en el centro de la ciudad capital o en zona del campus universitario tiene el mismo costo que uno en Recoleta o Palermo. “Queremos que se regulen los precios de acuerdo a los salarios que hay en nuestra provincia, donde a veces hay que gastar más del 60 por ciento del sueldo en un alquiler”, explicó Vanesa Falcón, referente de ACIC,. En ese marco, la diputada del PJ Alicia Locatelli trabaja junto a la agrupación para presentar en los próximos días una modificación el artículo 45 de la Ley Provincial de Corredores. El objetivo también es que la comisión la pague directamente el propietario.
Por su parte, los pampeanos están obligados a pagar hasta el 4 por ciento del total del contrato en comisiones. Por eso, el diputado provincial del PJ Rodolfo José Silvestre Calvo presentó a principios del año pasado un proyecto destinado a regular los alquileres residenciales y comerciales de hasta 250 metros cuadrados. Se busca que la comisión sea abonada por el dueño exclusivamente y que esta no sea exigida para la renovación del contrato. En tanto, no podrá exigírsele al inquilino más de una garantía mientras que la cláusula de ajuste propuesta determina que el alquiler mensual debería ser equivalente al 0.25 por ciento del valor fiscal de la propiedad. El proyecto duerme en los cajones de la Comisión de Legislación General de la legislatura provincial, que curiosamente preside el propio autor de la iniciativa.
La idea de crear “Defensorías de Inquilinos” se replica en varias provincias. En la Unicameral de Córdoba espera tratamiento un proyecto que instaura una oficina dentro de la Dirección de Defensa del Consumidor para dar asesoramiento jurídico gratuito a quienes alquilan. También alienta la creación de un registro voluntario de inquilinos y propietarios y la concientización a través de campañas para informar derechos. En tanto, los inquilinos sanjuaninos trabajan en la redacción de otro proyecto para crear una instancia de defensa de los derechos de los locatarios que se sumaría a uno recientemente presentado por el bloque Compromiso con San Juan que busca que los ocupantes pueden contar con asesoramiento gratis en una potencial “Oficina del Inquilino”. Un proyecto similar fue presentado en la legislatura de Neuquén, provincia en la que también se discute el impacto fiscal que tendría para las arcas locales un proyecto “macrista” para que no se cobre el 1,4 por ciento del impuestos de sellos en los contratos. Por un alquiler mensual de $ 15.000 se paga por adelantado un impuesto de sellos de 6000 pesos por dos años de contrato. Así las cosas, el debate ya está instalado en todo el país.
