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Reclamo al Gobierno por viviendas sociales
El déficit habitacional en los hogares de bajos recursos ronda las 950.000 unidades; se requerirían US$ 56.700 millones para resolverlo
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA. En la industria de la construcción están entusiasmados con el incentivo que representa para el sector el boom de los créditos hipotecarios y el aumento de la inversión en obra pública, pero entienden que debería acelerarse la puesta en marcha de planes de viviendas sociales, destinadas a los sectores más vulnerables, que no pueden acceder a los préstamos. Marcos Barembaum, titular de la Cámara de la Construcción delegación Córdoba, enfatiza que los recursos destinados a esos proyectos tienen un “fuerte potencial para crear empleo y ayudar a salir de la pobreza”.
Un trabajo de la consultora Economic Trends para esa Cámara, al que accedió la nacion, estima que, a nivel nacional, el déficit de viviendas correspondiente a hogares pobres equivale a 945.287 unidades nuevas –458.595 para reemplazo de precarias; 167.194 para solucionar situaciones de cohabitación y 319.498 para resolver hacinamiento–. La investigación, basada en proyecciones sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, estima que, sin incluir el costo de la tierra ni de infraestructura, se necesitarían unos US$ 56.700 millones para resolver el problema. De ese total, el 48,5% corresponde a construcción de casas eliminar déficit por unidades precarias (se consideró una superficie de 60 m2 por vivienda a un costo de US$ 1000 el m2 ).
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, ratificó que el tema estuvo presente en las distintas reuniones que mantuvieron con el ministro Rogelio Frigerio y con funcionarios del área de Viviendas. “Todos reconocemos que hay que trabajar para resolver el problema, pero hay restricciones presupuestarias para el financiamiento de los planes”.
Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y presidente de Procrear, confirmó que es uno de los ejes de la agenda de la mesa de la construcción y que constituyeron una específica sobre “oferta de vivienda”.
“Es un aspecto que hay que atender –planteó–. Vamos a avanzar con créditos intermedios para financiar desarrolladores para ese segmento junto con aportes del Estado. Hay entidades listas para salir al mercado”.
Miguel Camps, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), el segmento de mercado de quienes no pueden acceder a financiamiento debe ser atendido por el Estado; entiende que en general a los desarrollistas les costaría conseguir créditos para ese tipo de emprendimientos: “Es una posibilidad para que exploten el Estado con constructoras que sean contratistas”.
Weiss entiende que una alternativa para avanzar con los planes sociales es que el dinero que reciben las provincias por el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) –representa un tercio del presupuesto referido a construcción y mejoramientos de viviendas– “no sea usado para atender otros gastos; tiene que destinarse a casas para los más necesitados”. Kerr enfatizó que esos recursos –que deben tener como destino natural quienes no llegan a dos salarios mínimos– serán “apalancados con más fondos del Estado; pero es muy importante que se los use mejor”.
Las estimaciones marcan que si el Fonavi se hubiera aplicado a los fines previstos entre 2012 y 2015 se podrían haber construido 9036 viviendas por año. Por eso, el oficialismo en Diputados impulsa la “intangibilidad” de ese dinero; buscan poner fin a la libre disponibilidad que rige desde 2002.
Más exigencias
Este año el Fonavi rondará los $ 13.000 millones –las provincias ya recibieron $ 11.000 millones– y en 2018 sumará unos $ 18.000 millones; las viviendas que se construyen por ese esquema cuestan alrededor de $ 850.000 (son de 55 m2 ); las provincias aportan el lote y la infraestructura.
Kerr aseguró que hay diálogo con las provincias para el uso específico de ese dinero, para que constituyan una cuenta única con esos ingresos, más los aportes propios y el recupero de las cuotas. “Hay algunas que no ponen un peso más y que al recupero lo usan para gastos corrientes; se debe reinvertir”.
También está en marcha –aunque con demoras– el armado de una base única de beneficiarios para todo el país que apunta a segmentar de manera más eficiente quién va la ayuda. A esta política, se suma la del área de Hábitat que este año, dijo Kerr, ya ejecutó los $ 9000 millones que tenía asignados para mejoramiento de barrios y espacios públicos en zonas vulnerables.
También hay micro créditos para que las familias más pobres puedan hacer la conexión de servicios públicos: “Es una manera de incorporar a un sector informal con un déficit cualitativo importante”.
Hace unos meses los gobernadores peronistas plantearon que había “discrecionalidad” en el manejo de los fondos de viviendas por parte de la Nación, que priorizaba el giro directo de recursos a los municipios. Desde la administración central rechazaron la crítica. Kerr señaló que aquellos distritos que menos recursos recibieron durante el kirchnerismo –como Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe– son los que mejores políticas de vivienda desarrollaron. “Los que más recibían se acostumbraron a construir sin importarles a quienes se les daban las ayudas, sin hacer foco en el déficit”.
Por Gabriela Origlia
