A lo Bukele. Santa Fe pidió el traspaso de una cárcel federal para alojar a los narcos y sicarios más peligrosos
Tras sufrir amenazas, el gobernador Maximiliano Pullaro quiere trasladar a los presos de “alto perfil” a la unidad penal que se construye en Coronda desde hace 16 años y aún no se terminó
PARA LA NACION
ROSARIO.- El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le pidió a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el traspaso a la provincia de manera temporal el Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino, una cárcel que tiene capacidad para 462 internos, que se empezó a construir hace 16 años y que en ninguna de las últimas cuatro gestiones nacionales se pudo terminar. La idea de Pullaro es que allí se traslade a los presos de “alto perfil” que están en el penal de Piñero, que pertenecen a segundas líneas de las bandas narco y que, según fuertes sospechas, fueron quienes durante los últimos días ordenaron los ataques a balazos contra el hospital de Emergencias y una sede del Banco Macro, donde los “soldaditos” dejaron carteles con amenazas contra el gobernador y su familia.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, confirmó durante el mediodía que el gobernador había viajado con esa demanda a la reunión con Bullrich. El objetivo del gobernador es que Santa Fe termine las obras que restan –el penal se encuentra terminado en un 90% y se había previsto que estuviera listo en agosto pasado– y que traslade allí a internos con causas federales.
En Santa Fe hay más de 500 presos con causas narco, que cumplen condena en las prisiones provinciales, que se encuentran en estado de colapso, con una sobrepoblación carcelaria de casi 3000 reclusos, según un informe de la Defensoría Pública de 2022. Desde los últimos diez años se triplicó la cantidad de internos en las cárceles, que sumaron escasa infraestructura a pesar de que era previsible por el efecto que provocó el cambio al sistema acusatorio.
A la par de las falencias de infraestructura, Santa Fe suma otro problema que es el crimen organizado, que domina las cárceles. Este jueves se realizaron 47 allanamientos a raíz de los ataques a balazos y las amenazas contra el gobernador.
Se realizó por tercera vez en 24 horas un allanamiento al pabellón 9 del penal de Piñero, donde esta mañana se encontró un búnker de drogas dentro del recinto en el que están alojados presos de extrema peligrosidad, como Máximo Cantero –alias El Viejo, fundador de Los Monos– y otros integrantes de que utilizan franquicias de ese clan, como Mauro Gerez y Andrés Benítez. También estaba alojado allí Marcos Mac Caddon, que pretendió manejar la organización en San Lorenzo, y Leandro Olivera, condenado a 11 años como sicario bajo el mando del líder de la banda Ariel “Guille” Cantero, entre otros.
En el búnker del pabellón se incautaron más de 60 dosis de cocaína, según detalló el fiscal Franco Carbone. A pesar de la evidencia concreta nadie del Servicio Penitenciario de Santa Fe fue sumariado ni detenido.
Con el pedido de la cárcel federal que pertenece a la Nación, Pullaro busca descomprimir la situación en la provincia, y tener un sitio donde pueda generar mayores controles a los presos de alto perfil, como los miembros de la banda de Los Monos y sus franquicias criminales.
El gobernador santafesino anunció que proyecta construir un penal provincial para este tipo de reclusos que integran las mafias narcos. En el gobierno señalaron que están la búsqueda de un terreno apropiado para este tipo de estructura carcelaria.
La idea es que el penal al estilo del salvadoreño Najib Bukele esté ubicado en un descampado y aislado, alejado de las principales rutas provinciales y nacionales. Pullaro puntualizó que pretenden que en un año se termine de construir la nueva prisión de máxima seguridad.
El problema para la gestión de Pullaro es superar la urgencia frente a una situación cargada de tensión, y con una policía que está desmantelada. En el primer día hábil de la gestión, en Rosario sólo se pudieron poner en marcha 18 patrulleros. Según los cálculos del gobierno deberían estar alerta en las calles no menos de 200. Como publicó LA NACION en octubre pasado, las nuevas autoridades ratificaron que dentro de depósitos de la Jefatura de Policía de Rosario estaban abandonados 187 móviles policiales que se encuentran fuera de servicio por distinto tipo de desperfecto. La fotografía de los autos herrumbrados en un galpón confirmaba las críticas que le achacaron durante su administración a Omar Perotti.
Para atenuar estas falencias, frente a un contexto marcado por la rabia de los grupos narcos que enfrentan controles más duros en las cárceles, Pullaro le propuso a Bullrich coordinar el accionar de las fuerzas federales en Rosario. La ministra estará el lunes en Rosario donde, según prometió, realizará anuncios. El número de gendarmes y policías federales que están desplegados en Rosario es un misterio, que durante la gestión de Aníbal Fernández nadie quería develar. Serían unos 1500 efectivos que podrían estar disponibles a nivel operativo de un total de 3500 que están en el Destacamento Móvil 2.
El objetivo de Pullaro es absorber el rédito político que en un principio podría conseguir con su estrategia, sobre todo a nivel mediático, de lucha contra los grupos narcos. El dirigente radical busca cumplir lo que prometió en la campaña, y pulir el perfil que construyó de hombre duro que busca enfrentar a la mafia que hoy domina las cárceles y tiene influencia directa en lo que sucede en las calles.
“Venimos a coordinar y sentarnos en una mesa juntos. Pedimos que el comando operativo especial conjunto lo pueda conducir, como marca la Ley de Seguridad Interior, el gobernador de la provincia de Santa Fe”, precisó Pullaro. Desde 2014, cuando desembarcaron por primera vez, durante la gestión de Sergio Berni, los gendarmes en Rosario se constituyó un comando unificado para coordinar los operativos entre las fuerzas federales y la policía de Santa Fe. En los últimos nueve años, este espacio nunca funcionó de manera aceitada por las desconfianzas mutuas entre los uniformados. La policía de Santa Fe está atravesada por un esquema de corrupción que queda a flor de piel en la mayoría de las causas judiciales que se profundizan. Los Monos y Esteban Alvarado, las dos principales bandas, tuvieron a jefes policiales entre sus filas.
“Vamos a hacer todo lo posible para que no se cometan delitos desde la cárcel por más de que nos amenacen o atenten contra la vida de funcionarios como ya ha ocurrido en Santa Fe cuando se atentó contra la vida del exgobernador Antonio Bonfatti”, señaló el mandatario santafesino.
La reacción de los grupos narco se debió, según interpretan en la justicia y el gobierno de Santa Fe, por la decisión de Pullaro de intervenir con distintas medidas en los pabellones donde se encuentran presos las segundas y terceras líneas de las bandas más pesadas, como Los Monos. Reagrupó a presos de alto perfil, dispuso la prohibición del ingreso de alimentos a los penales, y anunció que se bloquearán las señales de celular con el sistema de inhibidores que funcionaban sólo en algunos momentos. También trasladaron a las cárceles a más de 80 reclusos que se encuentran en las comisarías.
No fue ninguna sorpresa en el gobierno de Santa Fe la reacción de los grupos criminales. La respuesta dentro de los penales fue casi inmediata, con atentados que se llevaron adelante fuera. Cada vez que se toca un nervio dentro de las penitenciarías que afecta a los grupos criminales se produce una respuesta con el mismo lenguaje de siempre, que es el de la violencia. Este esquema mafioso se repite desde hace años, y sus cicatrices quedaron marcadas en los balazos contra decenas de organismos públicos desde 2018.
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