ADN del crimen: en las cárceles también se sigue con atención el juicio contra los ocho acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa

Los muros que rodean los penales de máxima seguridad de algunas de las 58 cárceles bonaerenses contienen a los presos, pero resultan absolutamente permeables a la realidad social que se vive puertas afuera. Dentro de las prisiones las noticias sobre el juicio oral contra los ocho acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa tienen el mismo impacto que en la vida que se desarrolla extramuros.

Según revelaron fuentes judiciales, una parte importante de los 51.000 internos bonaerense siguen las alternativas del debate oral que se realiza en los Tribunales de Dolores. Uno de los factores de mayor preocupación entre los responsables de la seguridad de los ocho acusados surgió a partir de la segunda audiencia del juicio cuando uno de los testigos manifestó haber escuchado a uno de los imputados que decía: “Quedate tranquilo que a este negro de mierda me lo llevo de trofeo”.

Esta expresión, sumada a los dichos: “A ver si volvés a pegar negro de mierda”, “Ahora qué pasa que estamos afuera. Adentro pegaban de atrás, pero ahora afuera a ver quién gana” expuestos por los testigos que presenciaron el ataque contra Fernando y que declararon en el debate repercutieron en el ánimo de la población carcelaria bonaerense conformada en su mayoría por internos de los estratos más humildes de la sociedad.

Existe un abismo entre el perfil socioeconómico del 95% de los presos alojados en los penales bonaerenses y los ocho acusados de matar a Báez Sosa.

Los únicos detenidos con perfiles similares a los ocho imputados -de clase media- forman parte del universo de presos que purgan condenas por haber cometido delitos de guante blanco, especialmente estafadores o falsificadores.

La onda expansiva provocada por los dichos con contenido racista de los acusados a Fernando mientras lo atacaban, impactó en la cárcel.

Aunque durante los últimos años se aplicó un plan para que los internos estudien dentro de la cárcel, solamente uno de cada diez presos terminó el secundario. Este factor contrasta con el perfil socioeconómico de los imputados que concluyeron el secundario y que podían costearse una semana de vacaciones.

Si bien el Ministerio Público anunció que desistirá de la acusarlos por el agravante del homicidio por odio porque, según expresó el fiscal Juan Manuel Dávila, las frases que algunos testigos les adjudicaron a los imputados no conformaban los presupuestos requeridos por la ley para solicitar una pena más dura, en la cárcel, la situación generada por esos dichos es absolutamente diferente.

Con sus expresiones, los imputados habrían instalado la cuestión racial y de odio que podría no quedar plasmada en la eventual condena, pero marcó a fuego el ánimo de sus futuros compañeros de cárcel.

Por este motivo, en caso de una eventual condena contra Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Lucas Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Blas Cinalli, la seguridad y el resguardo de la integridad física de los acusados se convertirá en la primera cuestión a resolver para los responsables de las cárceles bonaerenses.

Si ese eventual veredicto fuera condenatorio para todos y con la misma pena para los ocho acusados, deberían dejar la alcaidía Roberto Pettinato de La Plata, donde estuvieron alojados desde abril de 2020 hasta el 1° de enero pasado, cuando fueron trasladados a la cárcel de Dolores para el juicio oral.

Además de fijar una pena, esa eventual sentencia modificaría el estatus carcelario de los acusados que pasarían de ser procesados a condenados.

La primera medida que se aplicará en este caso será consignada en la sentencia del Tribunal Oral cuando, eventualmente y en caso de una hipotética condena, se solicitará al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que habilite cupos en alguna de las 58 cárceles provinciales.

En caso de que reciban las mismas penas podrán estar los ocho imputados juntos. Pero si en la eventual sentencia condenatoria les impusieran penas distintas, deberán ser separados.

Ante esta situación, dejarían de estar detenidos en una alcaldía y pasarían a una cárcel común con el resto de la población carcelaria, donde compartirían pabellones y deberán prepararse la comida.

El Tribunal Oral puede dejar a criterio del SPB disponga el alojamiento adecuado de acuerdo a la disponibilidad de los cupos. Ante esta situación, la defensa de los acusados podría solicitar que sean trasladados a alguna de las tres unidades que funcionan en el complejo de Campana, con el objetivo de mantener el vínculo con las familias que viven en Zárate.

En el caso de la Unidad 57, se alojan adultos jóvenes, de entre 18 y 21 años. Un estudio realizado hace cinco años entre los internos alojados en esa cárcel indicó que apenas uno de 600 presos había terminado el secundario. Además, los presos que cumplen condenas en ese penal no cometieron delitos graves como homicidio.

Las autoridades de esa cárcel apuntan a que los internos que son derivados allí tengan la posibilidad de lograr una reinserción en la sociedad por ese motivo, no reciben condenados por hechos de sangre. El promedio de las penas de la mayoría de los internos que cumplen sentencia en esa unidad no pasa de los 8 años. En caso que los condenen a prisión perpetua, las autoridades de dicha unidad deberán evaluar si resulta conveniente que sean alojados en ese penal, que no es de máxima seguridad.

Las otras opciones dentro del Complejo Penitenciario Campana, son las Unidades 21 y 41, con mayores medidas de seguridad y con otro perfil de presos.

Además de las Unidades 21, 41 y 57, el Complejo Carcelario Campana tiene alcaidías, que cuentan con pabellones con menor capacidad que las cárceles comunes. El concepto de la alcaidía apunta a que se trata de una construcción para alojar presos en condición de aislamiento porque fueron atacados por otro interno o grupos de reclusos. Entonces, para resguardar la integridad física del preso agredido se lo traslada a una alcaidía.

En dichas dependencias también son alojados los presos en tránsito. Se trata de internos que deben ser trasladados desde otros penales para ser sometidos a algún juicio oral y que no deben cruzarse con la población común de la cárcel.

Ante la posibilidad de que se designe una alcaidía del Complejo Penitenciario Campana, como lugar de alojamiento de los ocho acusados del homicidio de Báez Sosa, no habría mayores trastornos por los traslados al sector donde puedan seguir alguna carrera universitaria, al pabellón de sanidad o al patio debido a la cercanía de todas las edificaciones.

Un pabellón de aislamiento

Desde el 1° de enero y mientras se desarrolla el juicio oral, los ocho acusados pasan sus noches en el pabellón de aislamiento de la Unidad N°6, de Dolores. Dicho penal carece de una alcaidía. Por ese motivo cuenta el denominado pabellón SAC, donde también se alojan los presos en tránsito.

Dentro de dicho pabellón, los ocho imputados por el homicidio de Báez Sosa tienen asignados cuatro calabozos. Viollaz y Comelli, comparten una de esas celdas. Thomsen y Luciano Pertossi, están en otra; Lucas Pertossi y Blas Cinalli, tienen el mismo calabozo y Ciro Pertossi y Benicelli, el restante.

En ese pabellón, no se cruzan con el resto de la población del penal. La cárcel de Dolores es una de las más antiguas de la provincia y allí, por ejemplo, estuvieron detenidos Guillermo Cóppola y Máximo Nicoletti, un exmontonero reconvertido en asaltante de blindados.

Allí también cumplió una parte importante de la condena Gregorio Ríos, el sargento (R) del Ejército, sentenciado por haber sido uno de los instigadores del asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas. Ríos, se desempeñaba como jefe de la custodia del empresario Alfredo Yabrán, quien evitó recibir la misma condena al quitarse la vida en una de sus estancias de Entre Ríos.

En caso que los ocho acusados sean condenados por el homicidio de Báez Sosa, no regresarán a la cárcel de Dolores y se les asignará un nuevo penal. Tampoco volverán a la alcaidía Roberto Pettinato, en La Plata.

Además del Complejo Penitenciario de Campana, el otro posible destino de los condenados podría ser el Complejo Penitenciario de San Martín, situado en el cruce de Debenedetti y Camino del Buen Ayre, en José León Suárez.

Aunque existe otra posibilidad: que el abogado que defiende a los ocho imputados presente un hábeas corpus en el que solicite que, hasta que la eventual sentencia condenatoria no quede firme, sus defendidos queden alojados en una alcaidía, sin vínculos con el resto de la población del penal.

Si este recurso fuera aceptado por el Tribunal Oral, las autoridades penitenciarias deberían destinar, especialmente, un pabellón de una alcaidía para alojar a los ocho acusados, hasta que la eventual sentencia sea revisada por la Cámara de Casación, primero y la Suprema Corte de Justicia bonaerense, después.

Debido a que la ley no fijó un plazo para que los recursos sean analizados en ambas instancias superiores, podrían pasar varios años hasta que una hipotética sentencia quede firme.