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ADN del crimen: los secretos de una gran estafa planificada en dos juzgados
La maniobra involucró a magistrados que se apoderaron de dinero de fondos inmovilizados
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LA NACIONGustavo Carabajal
Armaron una maniobra para apoderarse del dinero que había quedado después de los remates ejecutados por quiebras y por terrenos que debían impuestos, valores que estaban en cuentas inmovilizadas. Mediante oficios judiciales falsos y con la complicidad de un empleado bancario, dos abogados y un martillero, los dos magistrados vaciaron los depósitos de las cuentas cuyo dinero nadie reclamaba. En los últimos días, la Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó la condena a cuatro años y medio de prisión al juez Norberto Scavone.
Hace dos años, su colega del juzgado Civil N° 17, Alejandro Martín, en un juicio abreviado, fue condenado a cinco años de cárcel. Ambas sentencias marcaron el cierre para la investigación del escándalo judicial que involucró a dos de los 18 juzgados civiles de Rosario.
Durante la investigación encarada por el Ministerio Público se determinó que ambos magistrados saquearon dinero depositado en cuentas inmovilizadas, tal como se conocen a los fondos que quedan como remanente en una causa luego de haber cobrado todas las partes involucradas en el litigio.
Habitualmente, este remanente de dinero quedaba en expedientes donde se había rematado algún inmueble por impuestos impagos. Debido a que, en la mayoría de los casos, el valor del monto reclamado era menor que la suma obtenida por el remate de la propiedad quedaba un remanente depositado durante diez años.
Según la ley que rige en Santa Fe, si después de diez años nadie reclamaba esos fondos, el dinero pasa a ser administrado por la Caja de Jubilaciones de Abogados que, por ejemplo, pude disponer de esos valores para otorgar préstamos a los afiliados.
Dichos fondos estaban inmovilizados durante diez años, bajo la custodia de cada juzgado Civil y Comercial. Según determinaron los investigadores, ambos jueces formaban parte de una organización en la que un empleado bancario, buscaba esas cuentas con fondos inmovilizados.
Debido a que el juzgado Civil N° 1, que en la época en la que se concretó la estafa, estaba a cargo del juez Scavone, era el más antiguo, tenía más cuentas con los denominados fondos inmovilizados. En tanto, el juzgado Civil N° 17, a cargo del magistrado Martín, era más nuevo y contaba con una menor cantidad de depósitos inmovilizados. “Un grupo de personas se apropió de fondos que estaban depositados en cuentas judiciales del Banco Municipal de Rosario a disposición de distintos juzgados. Dichas operaciones se concretaron respecto de fondos judiciales que estaban a la orden directa de los jueces condenados, que eran los titulares de los juzgados civiles N° 1 y 17 de esta ciudad”, se indicó en la resolución que confirmó la sentencia contra Scavone.
La maniobra adjudicada a ambos magistrados no era nueva. Hace dos años, la Justicia de Misiones condenó a una jueza civil de Posadas, a su secretaria, a la jefa de despacho y a dos abogados por una estafa similar cometida en 2003.
Tanto Martín como Scavone se desempeñaban como titulares de los juzgados civiles N° 17 y 1, respectivamente, entre 2010 y 2011, cuando las autoridades del Banco Municipal de Rosario denunciaron la maniobra. Llamó la atención de los responsables de la entidad financiera que desde el Juzgado Civil N° 17 se libraron oficios para desbloquear fondos que estaban bajo resguardo de otros tribunales.
Una auditoría decisiva
Al principio, los denunciantes abonaron la sospecha que apuntaba a un grupo de abogados y martilleros que habrían engañado a los funcionarios y magistrados del Juzgado Civil N° 17. Además, los responsables de la entidad financiera realizaron una auditoría con el objetivo de revisar si se trataba de una maniobra que se repetía. Dicha inspección incluyó la identificación y seguimiento de los beneficiarios de los oficios librados por el mencionado tribunal. Así, se determinó la existencia de otras resoluciones similares que habían sido dictadas por el Juzgado Civil N° 1.
“Los fondos inmovilizados existieron siempre, siendo un dato relevante que el dinero permanecía en el Banco en un contexto inflacionario como el que históricamente vive la Argentina, porque no siempre los jueces disponían que se preserve el valor de la moneda. La Caja de Jubilaciones tenía una cuenta corriente de compensación automática con el Banco, donde sí aparecía un juez pidiendo la plata de su cuenta directamente se la pagaba, a fin de no incurrir en una demora que pudiera perjudicar a algún particular. Esos retiros de montos de cuentas inmovilizadas fue lo que alertó al banco, porque era plata que nadie sacaba”, se consignó en la resolución de la Cámara de Apelaciones.
En un fallo de 59 páginas, dictado el martes pasado, los magistrados Bibiana Alonso, Javier Beltramone y Gustavo Salvador confirmaron la sentencia del Tribunal Oral N° 4 que condenó al exjuez Scavone a cuatro años y medio de prisión y a ocho años de cárcel para el martillero Oscar Kovalevski.
Tanto Scavone como el martillero habían sido sentenciados por estafas y por integrar una asociación ilícita durante el juicio oral que se desarrolló hace un año. El fiscal Carlos Covani acusó al exjuez Scavone de 30 hechos. Mientras que al martillero, considerado el nexo entre los integrantes de la organización, fue condenado por 50 casos.
“Quedó expuesto que los integrantes de la asociación ilícita se apropiaron de $1.300.000. Devolvieron $600.000, pero falta el resto. Resulta evidente que el perjuicio existió. Si aparece algún damnificado directo el primero que va a tener que responder es el Poder Judicial porque es quien tenía la custodia de ese dinero que estaba depositado a la orden de un juez. Después se analizará si este puede reclamarle al Banco Municipal por la participación de un empleado en los hechos, alegando la responsabilidad por los actos del dependiente”, explicó el fiscal en los lineamientos de su acusación, que figuran en la resolución de la Cámara de Apelaciones.
Durante el proceso, que se desarrolló durante diez años, los investigadores judiciales determinaron la participación de otros cinco imputados, que decidieron someterse a la instancia del juicio abreviado. Scavone y el martillero fueron los únicos que aceptaron ser juzgados en un debate oral.
Alejandro Martín, titular del juzgado Civil N° 17, acordó una pena de cinco años de prisión. Mientras que en otro juicio abreviado, el secretario de dicho tribunal, Ricardo Lavacca, recibió la pena tres de años de prisión de ejecución en suspenso. Una condena similar acordaron los letrados Jorge Heter y Luciano García Montaño y Jorge Heter. En tanto que Tomás Martínez Echenique, que se desempeñaba en la entidad bancaria, aceptó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Para los integrantes del Tribunal Oral N° 4 de Rosario, formado por los magistrados Valeria Pedrana, José Luis Suárez y Nicolás Foppiani, el exjuez Scavone habría formado parte de una asociación ilícita que cometió los delitos de defraudación, tentativa de estafa, falsedad ideológica y material de instrumentos públicos e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Un calculado engaño
“El ardid tenía sustento en los mecanismos utilizados por los acusados para darle credibilidad a los actos, debido a que hay un procedimiento legal en el Banco Municipal para el pago de los fondos judiciales. Dicho ardid se vincula con todas las maniobras efectuadas por los imputados para engañar a los operadores del banco. Confeccionar un oficio, vinculado a una causa, con la firma de un juez y un secretario y que el monto reclamado tenía que coincidir con dinero depositado en la entidad bancaria”, se consignó en la resolución que dejó firme la condena contra el extitular del juzgado Civil N° 1 y el martillero Kovalevski.
Uno de los factores que acrecentó las repercusiones del escándalo fue que la maniobra denunciada por las autoridades del Banco Municipal involucraba a dos de los 18 juzgados civiles que funcionan en Rosario. Los abogados que representaron a exjuez Scavone sostuvieron que el exmagistrado “si bien se encuentra confeso, alegó que ‘firmaba los oficios sin control de su contenido’ y manifestó su sincero arrepentimiento por todo lo sucedido”
Además, los letrados indicaron que Scavone nunca integró una asociación ilícita. “Hubo una confusión dogmática entre la participación en un hecho de entidad delictiva con la constatación de los elementos que hacen a la figura autónoma de la asociación ilícita. Dentro de esos elementos se encuentra la comunión de voluntades para cometer hechos indeterminados. Pero dicho elemento no se encuentra configurado en el presente caso, debido a que la conducta achacada constituye un hecho perfectamente determinable cometido por un grupo de personas”, sostuvieron los defensores del exjuez.
Cuando la maniobra fue denunciada, en 2012, por las irregularidades encontradas en las resoluciones firmadas por el juez Martín, su colega Scavone se había jubilado. Los hechos que le adjudicaron fueron cometidos entre 2010 y 2011. El magistrado Martín fue destituido en 2013. Ambos cumplirán las condenas en sus domicilios.
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