ADN del crimen: los turbios negocios en manos de la Liga de Compradores

Nadie sabía nada de algo que conocían todos los operadores del ambiente de los remates de Mar del Plata: la existencia de una "Liga" que amañaba las subastas judiciales y que recurría a matones para evitar que cualquier extraño se involucrara en el negocio. Los integrantes de esa organización criminal no se parecen en nada los superhéroes de la película "La Liga de la Justicia". En la Liga de Compradores de Mar del Plata, los 26 miembros se dedican a amenazar y apretar a los compradores que no formaban parte del grupo que dominaba los remates

Hace diez días, el fiscal Alejandro Pellegrinelli imputó a Oscar Roberto Larluz, Luis Alberto Puga y Héctor Ricardo Monteros como presuntos jefes de la asociación ilícita conocida como la Liga de Compradores. En tanto que otros ocho sospechosos fueron acusados de formar parte del grupo de presión e intimidación en las subastas. Mientras que los otros quince acusados, entre los que figura el abogado José Luis Gallo,fueron acusados de formar parte de la asociación ilícita. Otro grupo de ocho imputados, liderados por tres policías bonaerenses exonerados, se dedicaba a estafar a propietarios de inmuebles y así, apoderarse de departamentos o cocheras.

Tan importante era el poder de la Liga que sus integrantes se quedaron con los inmuebles ofrecidos en 324 de 520 subastas realizadas en Mar del Plata entre 2013 y 2018. En algunos de los casos, los acusados recurrían al denominado "silencio de piedra", para que no hubiera oferentes y se declare desierto el remate.

Con esta maniobra, los integrantes de la Liga, lograban que el bien ofrecido para la subasta sea presentado en un remate con una base menor. Así le bajaban el precio a la propiedad hasta comprar ese inmueble por el valor que la asociación ilícita fijara. De esta forma se concretaba el doble perjuicio, contra el dueño que se desprendía de ese bien a un precio mucho menor y se evadía, además, el pago de los impuestos con los que se graban las operaciones inmobiliarias en las subastas.

Aunque, en el acta de la subasta se dejó constancia que había quince personas en el salón, las grabaciones de las cámaras de seguridad indicaron la presencia de sólo cinco asistentes, entre los que no estaba el comprador del campo. Uno de los presuntos jefes de la Liga, Roberto Larluz, compró el campo en $ 666.000, apenas $ 938 por encima del precio fijado como base. Según fuentes de la investigación, tan burda resultó la maniobra que el martillero Víctor Echeverría no había terminado de leer el acta, cuando Larluz presentó la oferta y se adjudicó el remate, en menos de treinta segundos.

Hubo compradores que concurrieron a los remates para poder adquirir algún bien a un precio por debajo de los valores del mercado y sufrieron en carne propia los aprietes de los integrantes de la liga. Aunque luego, ante el Ministerio Público, negaran por miedo lo que en las imágenes de las cámaras de seguridad del salón de subastas aparecía como amenazas e intimidaciones.

Una circunstancia de esas características ocurrió el 12 de diciembre de 2016. Según consta en la causa judicial, se convocó a una subasta por un galpón y dos viviendas en el barrio Bosque Alegre que ocupaban una superficie de 8249 metros cuadrados. La base de la oferta era de $ 251.000 más gastos e impuestos de sellados.

En un video incorporado en la causa penal, el salón aparecía ocupado en un 80 por ciento. La investigación encarada por el representante del Ministerio Público observó que cuando el martillero anunciaba que se adjudicaría la propiedad en $250.000 y expresaba la frase "a la una, a las dos...", un hombre de remera blanca acompañado por su hijo, levantaba la mano realizaba una oferta por "300", situación que originó un revuelo importante en el salón. En cuatro segundos, el oferente y su hijo fueron rodeados por cinco hombres que corpulentos.

En la investigación, se habría identificado como Marcelo Phillip a uno de los sospechosos que amenazaba con mayor vehemencia al oferente.

Ante la reacción de algunos de los participantes del remate y debido a la situación tensa que se había generado, el martillero Echeverría expresó: "Yo les agradecería que lo dejen si quiere ofertar". Luego, según el análisis del video realizado por investigadores, el sospechoso Luis Alberto Puga interrumpió al martillero. Para entonces, los acusados que rodeaban al oferente interferían el campo de visión del rematador quien interpretó la oferta expresada por el hombre de remera blanca de "300" como de "$250.300", en lugar de $300.000.

Con esta maniobra, el comprador que había pactado con el jefe de la "Liga" y que estaba sentado en la primera fila de asientos junto al abogado José Luis Gallo, otro de los líderes de la organización, ofreció $251.000 que equivalían a casi US$ 15.000 y se quedó con la propiedad en puja.

Debido a que no fue imputado, se mantienen en reserva las identidades del hombre del traje gris que, en la subasta de diciembre de 2016, compró a un precio mucho menor que el valor de mercado la propiedad de 8249 metros cuadrados, luego de pagarle una comisión a los jefes de la Liga, a cambio de asegurarse de que su oferta ganaría el remate.

También se mantienen en reserva las identidades del comprador de remera blanca y de su hijo que, por miedo, negaron ante la Justicia, haber sido víctimas de amenazas o intimidaciones por algunos de los miembros de la banda, a pesar que las imágenes de las cámaras de seguridad, mostraron lo contrario.

Con respecto a la subasta realizada el 13 de febrero de 2013 los investigadores judiciales determinaron que los miembros de la "Liga" blindaron el salón para evitar que ingresaran otros compradores. "A los oferentes que pretendían entrar, los golpearon", se indicó en una denuncia presentada dos semanas después del remate en la que se indicaba una serie de irregularidades registradas en la presentación de un campo de 29 hectáreas situado en Miramar.

Según se detalló en la denuncia, los dos martilleros a cargo de dicha subasta permitieron que esas irregularidades ocurrieran. El campo de 29 hectáreas se vendió por US$ 133.000, un valor mucho menor que el precio de mercado.

Siete años después de ser denunciado ese caso, Julio y Pablo Consorte fueron incluidos por los representantes del Ministerio Público de Mar del Plata en la lista de 26 imputados como presuntos integrantes de la asociación ilícita conocida como la "Liga de Compradores".

En la investigación se determinó que Adolfo Salminci y sus hijos, Marcelo y Pablo, se desempeñaban como administradores de dicho edificio y a partir de esa función se habrían dedicado a apoderarse de departamentos y cocheras. La maniobra consistía en iniciar juicios por ejecución de deudas de expensas que terminaban en los remates de dichas propiedades. Una de las claves para concretar el desapoderamiento de los inmuebles era que las notificaciones del proceso judicial iniciado para el cobro de las expensas nunca llegaran a los verdaderos propietarios.

La Justicia determinó que 67 de los expedientes de ejecución de deudas del complejo Semar XI se instruyeron en el juzgado Civil y Comercial N° 13, donde trabajaba la pareja de uno de los hijos de Salminci. El punto de contacto entre el grupo de Salminci y la Liga, se concretaba en las subastas donde las adjudicaciones de las propiedades eran direccionadas hacia alguno de los integrantes del clan Salminci.

Al describir las maniobras endilgadas a uno y otro grupo, el representante del Ministerio Público indicó que a Salminci no se lo podía acusar de integrar la banda de la Liga, pero que hubo episodios en los que los integrantes de la "Liga" fueron funcionales a Salminci.

Aunque para la Justicia se trata de grupos distintos que forman parte de asociaciones ilícitas diferentes, ambas organizaciones utilizaban métodos de intimidación similares. En un video grabado con su teléfono celular por uno de los propietarios de los departamentos del edificio de Arenales al 2300, que fue incorporado en el expediente, aparecía el mayor de los Salminci y su hijo Pablo cuando intentan impedir que el vecino grabara el momento en que le prohibían el ingreso al salón del club River Plate, en Juan B. Justo 5775, donde se realizaba una asamblea del consorcio.

Llamativamente, la reunión se concretó con la presencia de cuatro efectivos de la policía bonaerense. Salminci y sus hijos fueron integrantes de dicha fuerza de seguridad y habían sido exonerados. Esos cuatro policías fueron enviados desde una comisaría cercana, aunque nunca se estableció quién firmó la orden de servicio. La presencia de esos uniformados se pagó con las denominadas horas Cores, que son horas extras abonadas por el Ministerio de Seguridad provincial, cuando correspondía que el servicio se facturara como horas Polad o de policía adicional, que debería ser pagado por el organizador del evento.

Ningún funcionario policial explicó qué hacían los uniformados en una reunión de consorcio. Aunque en la causa judicial, los vecinos del edificio indicaron los Salminci manejaban la asamblea con poderes falsos. A partir de estos testimonios también fueron imputados de diez casos estafas procesales y aparecen dos escribanos en la mira, como presuntos cómplices.

Por Gustavo Carabajal

• Mar del Plata

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