Ante la posibilidad de un fallo dividido, la Corte Suprema convocó a conjueces para tratar un caso trascendental

Ante la posibilidad de un fallo dividido en un caso trascendental que puede sentar jurisprudencia para los casos de femicidio y violencia de género, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a dos conjueces para tratar un recurso presentado por la defensa de Andrés Di Césare, hijo de un empresario transportista de Mendoza, condenado a la pena de prisión perpetua por el homicidio de Julieta González, ocurrido en septiembre de 2016.

Si bien todavía no se conocen los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, los tres integrantes del máximo tribunal del país, la convocatoria a un sorteo entre los presidentes de las Cámaras Federales del país hace suponer que se está ante la posibilidad de que no haya un voto unánime.

Por sorteo, resultaron convocados los jueces Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Resistencia, Chaco, y Gustavo Castiñeira, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. “Ambos magistrados ya fueron convocados”, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

González tenía 19 años cuando fue asesinada, el 21 de septiembre de 2016. El Día de la Primavera, la víctima, y Di Cesare se encontraron en la comuna de Maipú. Se sabe que tuvieron una discusión.

Según la acusación, tras golpearla, Di Cesare −que en ese momento tenía 23 años− la trasladó en su auto hasta la precordillera mendocina, en las inmediaciones de la cárcel de Almafuerte, en la localidad de Cacheuta, Luján de Cuyo.

En ese lugar, la mató a golpes, e incluso le pegó con una piedra. El cuerpo de Julieta fue hallado recién seis días después. El joven fue detenido dos semanas más tarde.

Tres años después, Di Cesare fue condenado a la pena de 18 años de cárcel por homicidio simple. Para el tribunal no se había tratado de un femicidio (que tiene la pena única de prisión perpetua) y dejó de lado la agravante de violencia de género que había sostenido el Ministerio Público Fiscal.

Di Césare no era un desconocido para la familia de la víctima: Julieta y Andrés se conocían desde chicos, del barrio.

“Después de tantos años, cuando se reencontraron, mi hija vino un día, se rio y me dijo ‘mamá, a que no te imaginás con quién me crucé, estuvimos hablando y me invitó a salir: con el Andresito’.

Los dos estaban de novios con otras personas, pero se veían con frecuencia. Me decía que se encontraba con amigas y se iba con él; así fue durante más de un mes. Fueron a cenar al Hotel Hyatt, al Casino, a comer comida peruana; venía y charlábamos. Hasta me contó que él le recordó que cuando eran chicos jugaron a la ‘botellita’ y se dieron el primer beso”, contó, en su momento, Graciela Carrizo, la madre de la víctima.

Apenas desapareció Julieta, la familia González llamó a Di Césare, pero el joven dijo que no sabía nada de ella.

“La Justicia encontró pruebas de lo contrario. Se cree que la mató cuando se enteró de que ella estaba embarazada”, dijeron fuentes judiciales.

Según las fuentes consultadas, cuando declaró, en enero de 2018, el joven Di Césare afirmó ser inocente, pero admitió que el día de la desaparición se había peleado con Julieta, que ella lo había arañado y que él había respondido pegándole en la cara, y que luego de eso la había llevado algunas cuadras en su vehículo, pero que ella se bajó y no la vio más.

“Las pruebas lo comprometían directamente con el crimen: había restos de piel de Di Césare debajo de las uñas de Julieta y sangre de la joven en el vehículo. El día de la desaparición, las antenas de sus celulares coincidieron a la misma hora en un mismo lugar. Al analizar el celular del joven se encontró que, antes del crimen, el acusado había googleado si se podía realizar una prueba de ADN sobre el feto de un cadáver y cómo deshacerse de un cuerpo. Según esa hipótesis, la víctima le había contado a Di Césare que esperaba un hijo suyo, él se enfureció y la mató a golpes”, afirmaron voceros judiciales.

Finalmente, Di Césare llegó a juicio y fue condenado a la pena de 18 años de cárcel. Como se dijo, para los jueces Jorge Coussirat, Mauricio Juan y María Alejandra Ratto no se trató de un caso de violencia de género ni se dio la agravante del vínculo.

“Para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional, puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite de por sí configurar el concepto de pareja”, sostuvo en su voto el juez Coussirat.

El Movimiento #NiUnaMenos y otras organizaciones feministas rápidamente se movilizaron de forma multitudinaria tras el fallo de primera instancia: esperaban una condena a prisión perpetua.

Tras el fallo de los jueces Coussirat, Juan y Ratto, la fiscal que instruyó la causa, Claudia Ríos, entendió que no se habían tenido en cuenta las recomendaciones y los tratados internacionales acerca de la perspectiva de género.

“Las recomendaciones internacionales no son sugerencias: son de carácter obligatorio, por encima de normas o códigos nacionales. Vamos a apelar la decisión del tribunal. Lo positivo es que estamos haciendo cada vez más visible la problemática y puede ser un proceso lento comprender los alcances de la violencia de género, pero es necesario que se analice con la perspectiva correspondiente. Aquí la Justicia resolvió el caso teniendo en cuenta los lineamientos patriarcales con los cuales fue concebido el derecho penal”, sostuvo tras la sentencia de primera instancia la abogada Carolina Jacky, que representó a la familia de la víctima.

A principios de 2021, y tras una revisión de la Sala Segunda, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza consideró que el homicidio se había dado en un contexto de violencia de género, lo que cambió la calificación a femicidio y agravó la pena de Di Césare a prisión perpetua. Tras un recurso de la defensa en el marco del llamado “recurso de casación horizontal”, otros integrantes del máximo tribunal provincial confirmaron la decisión, a finales de abril de 2022.

“La multiplicidad de lesiones y el modo en que fue agredido el cuerpo de la víctima son indicadores de una voluntad disciplinadora, de una toma de control por parte del agresor ante la resistencia de la víctima a ser sometida. Resulta innegable que existió una discusión −aun cuando se ignore el contenido preciso de la misma− y que Di Césare empleó todos los medios que tuvo a su disposición −mayor contextura física para asfixiar hasta la muerte y golpear, inclusive, con las piedras del lugar− para imponerse ante la endeble defensa de Julieta González. Estas circunstancias evidencian una clara asimetría de poder, propia de la violencia de género”, sostuvo en su fallo el máximo tribunal de Mendoza.

La defensa de Di Césare llegó con un recurso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya comenzó a analizar el tema.

“El caso está en pleno debate entre los ministros que integran el máximo tribunal. Y si bien no se puede conocer por qué postura se inclinará cada uno, la definición promete una sentencia dividida. Por tal motivo, en los últimos días el máximo tribunal decidió por sorteo convocar a dos conjueces”, explicaron las fuentes consultadas.

Fuentes del máximo tribunal del país dijeron que Alcalá y Castiñeiras ya tomaron contacto con el expediente. “No hay plazos perentorios, pero tampoco se van a extender demasiado”, precisaron.

LA NACION

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