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Avanza la investigación sobre la venta de fusiles a bandas narco brasileñas
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La investigación que puso al descubierto auna banda que ingresaba en la Argentina de contrabando partes de armas de guerra para, después de ensamblarlas, venderlas a organizaciones criminales de Brasil y de Paraguay ingresó en su etapa final con la elevación a juicio de parte del expediente judicial con nueve sospechosos que deberán sentarse en el banquillo de los acusados. Entre los acusados que deberán enfrentar un juicio oral y público están los hermanos Román y Flavio Ragusa, Alfredo Castañón, Jorge Loschiavo, Ricardo Pelayo Perpiña y Ernesto Sánchez.
El debate, que todavía no tiene fecha, estará a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1, integrado por José Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari. El Ministerio Público está representado por el fiscal Marcelo Agüero Vera.
"Se encuentra corroborado, con los alcances requeridos para esta etapa del proceso, que los nombrados integraron una organización delictiva que, al menos, desde el mes de noviembre de 2017 hasta el día 1º de noviembre de 2018, habría estado destinada a cometer delitos diversos, principalmente vinculados con lasarmas de guerra y municiones", sostuvo en la elevación a juicio el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, a cargo de la causa, respecto de los hermanos Ragusa, Castañón, Sánchez, Perpiña y Loschiavo.
En la resolución, el juez Yadarola explicó que los sospechosos se dedicaban al contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones y piezas e instrumental para producirlas, "así como también procuraban dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual".
"El armamento en cuestión habría provenido del crimen organizado a nivel internacional, y, conforme surge de las constancias de autos, podrían haber tenido como destino el abastecimiento de grupos criminales que operarían en diferentes países, como Brasil y Paraguay", afirmó Yadarola en la elevación a juicio.
El magistrado resaltó el dinero que, según registros incorporados en el expediente, recibió desde el exterior Román Ragusa, de 56 años. "Se desconoce, de momento, el motivo real de los mismos, y además se ha podido conocer que el nombrado [por Román Ragusa] registra cuentas bancarias en los Estados Unidos, como así también una gran cantidad de movimientos migratorios hacia ese país y Europa, en especial, España, justamente sitios de donde provendría la mercadería".
En una de sus declaraciones indagatorias, el acusado, según se desprende del expediente, reconoció que recibió dinero desde el exterior, pero explicó que eran envíos realizados por un amigo para cubrir los costos de un tratamiento médico.
A la banda, según el expediente judicial, le enviaban en encomiendas desde los Estados Unidos y desde Europa piezas de armas y partes esenciales de fusiles de asalto AR-15 que se ensamblaban aquí para la venta en el mercado negro.
Aviso desde los Estados Unidos
La causa comenzó el 17 de octubre de 2018 cuando la División Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas (DGA), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), puso en conocimiento del juez Yadarola un pedido de "envío controlado" presentado por la División Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de la embajada de los Estados Unidos en la Argentina.
En el escrito se informaba que cinco días antes, la oficina Miami de Homeland Security Investigations (HSI) había interceptado un paquete que contenía 100 piezas de armas de alto calibre. La carga simulaba ser indumentaria deportiva que tenía como destino final un domicilio de la ciudad de Campana.
El 20 de octubre de 2018 llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionarios del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos con una valija negra en cuyo interior había una caja de cartón con las piezas de armas de alto calibre. Se decidió reemplazar la carga original por partes de maderas pintadas de negro, acondicionadas en bolsas herméticas y baterías aportadas por la Gendarmería Nacional. Se les puso un rastreador satelital.
Era el comienzo de una investigación que terminó descubriendo "una agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, piezas e instrumental para producirlas, como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual", según la descripción que hizo el juez en el expediente.
El destino de las armas
Uno de los puntos claves de la investigación que terminó con la elevación a juicio oral es la relación de parte de los acusados con traficantes de armas de Paraguay, a quienes les enviaban armamento por diferentes vías. La sospecha, según se desprende de la causa, es que el tránsito final de las armas que se enviaban desde la Argentina tenía como destino bandas criminales brasileñas.
"Podrían haber tenido como destino el abastecimiento de grupos criminales que operarían en diferentes países, tales como Brasil y Paraguay", explicó Yadarola. Se sospecha que esas bandas serían el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
"Se encontraría acreditada que la relación existía por los numerosos envíos de dinero desde el exterior, así como por los movimientos migratorios de los imputados y los cruces fronterizos que llevó a cabo una camioneta con insignias del Ejército Argentino y documentos falsos, que fue secuestrada en un domicilio de los Ragusa", según el expediente. Ese vehículo, se sospecha, era tripulado por brasileños y paraguayos.
Los hermanos Román y Flavio Ragusa –según el fallo– "no brindaron explicaciones sobre por qué tenían documentos falsos" ni tampoco por qué "nunca sacaron de la camioneta KIA que adquirieron las insignias del Ejército Argentino". Con esa identificación militar "habrían podido evitar controles de tránsito cuando transportaban de forma espuria distinto tipo de armamento".
Flavio Ragusa, de 52 años y odontólogo, dijo ser inocente en sus declaraciones indagatorias. "Yo quiero aclarar que soy un hombre de bien, que vivo de mi trabajo y vivo para mis hijas y mantengo a mi familia", afirmó el acusado.
La camioneta KIA de los Ragusa "registró numerosos cruces desde mayo de 2013 hasta julio de 2017 por los pasos fronterizos del Puente Tancredo Neves, Andresito Capaneda, Puerto San Antonio hacia Brasil". También figura que traspasó los límites entre la Argentina y Paraguay por los puentes San Ignacio de Loyola y San Roque González.
Contrabando en ómnibus
En la investigación se detectó que durante tres años mantuvieron estrechos contactos, a través de comunicaciones, Román Ragusa y Eduardo Ramírez Cantero, un ciudadano paraguayo conocido como Matungo. En los mensajes de texto quedó expuesta la relación "comercial" entre ambos. El negocio era la compraventa de armas, accesorios y municiones.
El contrabando de las armas y el pago del "servicio" se hacían por intermedio de choferes de ómnibus de larga distancia que unían las ciudades de Asunción, Buenos Aires y Rosario. Eso figura en los mensajes de WhatsApp que se descubrieron tras peritar el teléfono celular utilizado por Román Ragussa. En los chats llamaban "piloto" al chofer del ómnibus que llevaba las armas hacia Paraguay y traía desde ese país el dinero por esa venta.
Para el juez en los chats queda en evidencia cómo funcionaban los engranajes de la banda. Los mensajes dejan "en evidencia los modus operandi para el envío de armamento con destino a Paraguay. Cuando Ramírez Cantero menciona a los pilotos estaría haciendo referencia a choferes de empresa de transporte de pasajeros encargados de llevar el dinero para el pago de las armas y a su retorno el ingreso de armamento, haciendo ambos también mención al ‘secre’, quien sería una tercera persona, encargada de llevar las armas a los choferes una vez arribado los mismos a la provincia de Buenos Aires", consignó el magistrado.
La causa en Paraguay
En marzo pasado, un tribunal de Asunción, tras un extenso proceso, condenó a 13 años y seis meses a León Ocampo y a siete años a Ramírez Cantero, quienes tienen pendiente en Paraguay un pedido de extradición de la Argentina del juez Yadarola.
León Ocampo es un empresario con fuertes influencias en el Poder Judicial y la política paraguaya. Es el cuñado del ministro de la Corte Suprema de Paraguay Alberto Martínez Simón. Este hombre de 57 años no solo proveía a las organizaciones criminales, como se sospecha en la causa, sino también a la Policía Nacional de Paraguay y a las Fuerzas Armadas. Para esa tarea creó la firma Comtecpar, según el expediente en Asunción al que tuvo acceso LA NACIÓN, que entre los años 2011 y 2014 importó US$569.885 en "blanco".
Esta causa en la que fueron condenados León Ocampo y Ramírez comenzó el 9 de marzo de 2016, dos años y medio antes de que se iniciase el expediente en la Argentina. El operativo lo hicieron agentes de la Secretaría Nacional de Narcotráfico de Paraguay (Senad) en una casa en el barrio Villa Amelia de Asunción. El inventario de lo secuestrado ocupa tres páginas y está valuado en varios millones de dólares.
"De las armas de fuego incautadas se detectó que algunas tenían el número de serie borrado y no poseían el sello de importador local", se indicó en esa causa. Entre la enorme cantidad de armas secuestradas figuran dos ametralladoras Browning M2, dos fusiles Kalashnikov, dos ametralladoras HK MP5, un maletín de metal con 200 balas perforantes, detonadores, explosivos plásticos y granadas de mano y de mortero, entre otras.
Estos dos traficantes de armas, según probó la fiscal Ledesma, vendieron el armamento que usó un brazo de PCC para la cinematográfica emboscada en Pedro Juan Caballero del empresario narco Jorge Rafaat, quien fue acribillado con una ametralladora Browning calibre 50 desde una camioneta Toyota.
En ese atentado, que provocó conmoción tanto en Paraguay como en Brasil, se usó una camioneta que fue encontrada en la casa de León Ocampo. Ese vehículo, según consigna el expediente, está a nombre de la empresa RSS Internacional SA, cuyo titular es Sergio Denis Sierra, quien está imputado desde 2017 como uno de los lavadores de dinero de PCC.
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