Bajo caución. El financista acusado de una megaestafa se comprometió a depositar 3 millones de dólares para quedar libre

SANTA FE. El financista rosarino Luis Herrera sus hijos Ignacio y Diego, acusados de integrar una asociación ilícita que cometió una estafa piramidal millonaria y lavado de dinero por unos 30 millones de dólares, quedaron en libertad este viernes por la tarde tras comprometerse al pago de una caución por 3.000.000 de dólares en propiedades, cifra que refleja el volumen de las operaciones que venía concretando la firma familiar.

Según se documentó en la causa, desde 2017 los Herrera comenzaron a desviar los fondos de sus clientes hacia el patrimonio propio, en lo que se supone fue un esquema Ponzi (llamado así por Carlo Ponzi, un italiano que realizó numerosas estafas de este tipo a principios del siglo XX en Estados Unidos).

Se trata de una operatoria similar por la que está denunciada Generación Zoe, encabezada por Leonardo Cositorto (actualmente detenido), que hizo perder millones de pesos y dólares a miles de personas en pocos meses.

La resolución fue adoptada por la jueza Paula Álvarez, debido a que la Fiscalía “no pudo probar que haya riesgo procesal, como una fuga, si quedan en libertad”.

Además, la magistrada se pronunció en contra de aplicarles la prisión preventiva por el plazo de la ley.

No obstante, la familia Herrera no podrá salir del país ni intentar comunicarse con los damnificados por las acciones delictivas.

Como informó LA NACION, los financistas fueron detenidos el martes pasado tras acumular más de 60 denuncias de ahorristas, que los acusaron de no devolverles sus fondos.

En la causa, la investigación demostró que Herrera mintió al prometer a los ahorristas que sus inversiones irían al mercado de futuros de Chicago. La realidad es que los fondos eran desviados a otra firma: Luis Herrera Futuro y Opciones.

Por su parte, el defensor de los Herrera sostuvo que no se trató de una estafa: “No hubo estafa. Hay un incumplimiento de contrato. El que ponía dinero sabía el riesgo. Estaban dejando su plata a quien le pagaba tasas del 10/12% en dólares. No se puede juzgar por estafa una mala inversión”, resaltó.

Luis Herrera fue en dos oportunidades fue presidente de Rofex (mercado de futuros de commodities, monedas y activos financieros más importante de la Argentina), participó de la Bolsa de Comercio de Rosario y presidió la agencia de bolsa de su suegro Paulino Fernández Soljan.

Informes a los que pudo acceder LA NACION destacan que el perjuicio total relevado hasta el presente fue de 5.665.184 de dólares y 34.426 euros, aunque ahora se investiga si el fraude total alcanza los 30 millones de pesos.

Imputaciones y libertades

En la audiencia de ayer viernes, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno, imputó al financista Luis Herrera, a sus hijos Ignacio y Diego y a su esposa Marcela Fernández por estafar a un considerable número de inversores a los que les prometían suculentos dividendos en dólares.

Se estima que operaban de esta manera desde el 2000 hasta la actualidad, tiempo en el que cometieron administración fraudulenta con el dinero de los ahorristas y en 2017 mutaron a una estafa piramidal que cometió unas 87 defraudaciones por una suma cercana a los 6 millones de dólares.

La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para el financista y sus hijos, aunque el cuarteto familiar se fue a su casa tras pagar una fianza de 3 millones de dólares por resolución de la jueza Paula Álvarez.

Para el fiscal, los integrantes de la familia Herrera se valieron de su nombre, prestigio, imagen y confianza que generaban para cometer defraudaciones.

“Aprovecharon la reputación de sus socios en el mercado de la bolsa e hicieron maniobras vinculadas a la captación y recepción irregular de fondos de propiedad de terceros, valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores”, describió Moreno.

La operatoria se basó en esos atributos exhibidos por los Herrera a lo largo de tantos años de trabajo financiero. Con sus antecedentes convencían a las víctimas y les hacían creer que harían inversiones como si fuera en un fondo común de inversión de renta fija, pero lo que hacían era recibir dólares o euros en efectivo de forma irregular, sin ajustarse a las formalidades impuestas por la normativa tributaria, las normas relativas al funcionamiento de las entidades financieras y su supervisión y las normas emitidas por la Comisión Nacional de Valores como ente de control de mercado de capitales.

Además, este dinero, en lugar de ser aplicado en la toma de posiciones a través de los mercados o agentes habilitados bajo la ley de mercado de capitales, eran dispuestos a operaciones financieras irregulares no especificadas, como, por ejemplo, préstamos, cambio de cheque, cambio ilegal de divisas, o se los apropiaron en beneficio propio de los directivos, según describieron en la acusación.