Buscan probar que el crimen de un subcomisario estuvo ligado “al narcotráfico y la corrupción de los años ‘90″

La abogada de la familia del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, asesinado de un balazo en la nuca en 1994 cuando iba en un tren que se dirigía a la ciudad de La Plata, aseguró hoy que en el juicio que comenzó hoy por ese crimen, en el que están imputados dos expolicías, buscará probar que estuvo vinculado “a la ‘Aduana Paralela’, al narcotráfico y la corrupción de los años ‘90″, y consideró que el debate “es importante para la historia del país”.

Si bien el hermano de la víctima, el exintendente del partido bonaerense de Quilmes y exdirigente de la UOM, Francisco “Barba” Gutiérrez, se mostró escéptico sobre los resultados que podrá tener el juicio tras 28 años del hecho -“es difícil tener expectativas por todo el tiempo transcurrido y por el empeño de la política y los poderes institucionales en trabar para que no se avance al nudo del problema”, dijo-, una de las abogadas querellantes, Carla Ocampo Pilla, explicó que buscará probar que la víctima investigaba “uno de los depósitos vinculados a la Aduana Paralela”.

”No solo genera expectativas, sino que es importante para la historia del país, porque tiene que ver con la investigación que luego se conoció como Aduana Paralela, con aquellas maniobras de narcotráfico y corrupción de los años ‘90″, dijo la letrada a la agencia de noticias Télam.

”El 95 por ciento de la mercadería que entraba al país en esos años tenía luz verde, nada de controles”, afirmó la abogada Ocampo Pilla, quien aseguró que “el depósito que estaba investigando Gutiérrez estaba vinculado a la Aduana Paralela, y no solo no era un depósito fiscal, sino que no estaba habilitado”.

Expresó que, junto a las abogadas Lucía Extremera y Carolina Farotto, intentará “demostrar que Gutiérrez había comenzado a investigar ese depósito lindero a la comisaría y que de esa investigación derivó la investigación de la Aduana Paralela”.

“El crimen de Gutiérrez, además, fue silenciante: buscaba que a nadie más se le ocurriera seguir con esa investigación”, precisó Ocampo Pilla.

El nuevo proceso

La Sala A de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata comenzó a juzgar hoy a Alejandro Santillán, excabo de la Policía Federal, y a Francisco Mostajo -exefectivo de la bonaerense- por el delito de “homicidio agravado por alevosía”.

Por este caso, Santillán ya había sido absuelto en un primer juicio que se desarrolló en 1996 y que luego fue anulado, mientras que Mostajo estuvo prófugo de la Justicia durante la mayor parte del proceso.

Durante esta primera audiencia, la fiscalía leyó su acusación y los dos imputados, que son defendidos por la defensora oficial Fabiana Ripani, se negaron a declarar.

“Está previsto que durante las audiencias declaren unos 70 testigos, algunos de los cuales ya cuentan con protección para resguardar su integridad. Esto fue algo que planteó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y mañana comenzarán los testimonios con la declaración de Nilda, la esposa de Gutiérrez; sus hijos Jorge, David y Marilyn y su hermano, Francisco”, precisó la abogada.

Según la letrada, Nilda, la esposa de Jorge, “se acuerda de todo, vuelve a esa temporalidad de su vida. Su vida se terminó aquel 29 de agosto y a partir de ahí se dedicó a luchar y buscar justicia. Los hijos también están conmovidos y mañana van a declarar”.

“Este nuevo juicio se debe a la lucha inclaudicable de la familia, que buscó justicia estos 28 años. Y si la familia pudo lograr ese fallo de la CIDH fue gracias al CELS”, puntualizó la letrada.

El hecho ocurrió el 29 de agosto de 1994, cuando Gutiérrez fue encontrado muerto con un disparo en la nuca en un vagón de una formación que arribó a la estación La Plata, una de las cabeceras del ferrocarril Roca.

Según un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a la familia de la víctima, el crimen ocurrió cuando Gutiérrez investigaba lo que ocurría en “depósitos de mercaderías vinculados al caso de la ‘Aduana paralela’, un resonante escándalo durante el gobierno de Carlos Menem”.

Esa madrugada, el jefe policial se retiró de la seccional y se dirigía en tren a su casa, en Quilmes, cuando, a la altura de Sarandí, fue abordado por dos hombres, uno de los cuales le efectuó el disparo que lo mató, según la pesquisa.

’Chiquito’ Santillán, entonces cabo de la PFA, estuvo imputado como autor material del disparo que mató a Gutiérrez, aunque fue absuelto en 1996 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

En 1998, en representación de la familia, desde el CELS se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , lo que derivó en una causa que tramitó en la Corte IDH, que, en su sentencia, emitida en 2013, declaró al Estado argentino responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y de su familia.

”En el fallo se determinó que había suficiente prueba para ‘concluir la participación de agentes estatales en la ejecución del subcomisario, así como en la obstrucción de la investigación’”, precisó el comunicado del CELS.

La Corte Interamericana también ordenó reabrir el proceso para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato. En el contexto de ese mandato es que comenzó hoy el juicio.

LA NACION

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