Con dos teorías antagónicas, ahora empieza la etapa clave de la pesquisa

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2 de septiembre de 2020  • 20:37

La identificación de los restos esqueletizados hallados hace poco más de dos semanas semienterrados en un cangrejal de Villarino Viejo firma un doloroso grado de certeza sobre el trágico destino de Facundo Astudillo Castro. Pero lejos está de ponerle punto final a la cuestión.

Por el contrario: ahora comienza una etapa crucial para determinar cuál de las dos teorías en pugna sobre la desaparición y la muerte del joven termina por prevalecer. Y no se trata solo de esclarecer un hecho: asoma el impacto político que tendrá el resultado de la investigación en el gobierno de Axel Kicillof y, sobre todo, en el futuro político de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, fuertemente cuestionado, desde distintos ángulos, por su papel en este caso.

El siguiente capítulo pericial deberá determinar cuándo se produjo la muerte y cuál fue la causa. Si se tratara de un crimen, la Justicia deberá ponerle nombre y apellido a los culpables.

Una vez más, como en tantos otros casos desde el restablecimiento de la democracia, lo que queda en tela de juicio es la forma en la que, cotidianamente, ejercen su rol como agentes de aplicación de la ley los miles de efectivos de la policía bonaerense. Ejercicio que, en ocasiones, deja al desnudo arbitrariedades, severidades, abusos de poder y vejaciones que incluso pueden concluir en la muerte de personas inocentes. La "maldita policía", fue el mote que se ganó hace casi tres décadas, y que nunca logró quitarse de encima del todo. Casos como este se lo recuerdan.

Hay, en esta pesquisa, dos posiciones antagónicas: la de los abogados querellantes, que, con Cristina Castro como ariete, embisten contra la policía de Villarino y, sobre todo, contra la posición de Berni, y la del ministro, férreo en su defensa de la ajenidad en el hecho de la policía que él representa políticamente.

Unos y otro sostienen que "el expediente" -a esta altura, una suerte de entelequia- contiene pruebas que les dan la razón: la querella afirma que Facundo fue víctima de una desaparición forzada de persona seguida de muerte; Berni (interlocutor de los 90.000 efectivos bonaerenses) replica que no hay un solo indicio que inculpe a los agentes que retuvieron al malogrado joven en Mayor Buratovich y Teniente Origone en plena pandemia.

Ambos contendientes son poderosos: los dos letrados que impulsan el reclamo de la madre de Facundo -Leandro Aparicio y Luciano Peretto- tienen una larga trayectoria de litigios en los que se han topado con el "lado oscuro" de la policía; saben "jugar" este juego, muchas veces, con un lenguaje y un tono combativos, no exentos de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad. Berni, en tanto, comparte el lenguaje filoso y aguerrido de sus ocasionales contrincantes, y ha construido en estos meses una figura de "sheriff" que incomoda al ala progresista del kirchnerismo y de los sectores alineados con la lucha por los derechos humanos. Ha sido, desde el inicio de la cuarentena y especialmente en este caso, indomable para Kicillof. Y, por carácter transitivo, para el Gobierno nacional, que no logrará salir inmune de este caso si se comprobara que la policía bonaerense está detrás de la muerte de Astudillo Castro.

¿Qué se sabe y qué no se sabe al respecto de esa eventual responsabilidad uniformada en el caso? Es un hecho comprobado que el 30 de abril pasado, en la primera mañana, agentes de Buratovich llevaron a Facundo al puesto policial para labrarle la infracción por incumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio; hay una foto como prueba. Está probado, también, que horas después fue nuevamente controlado por policías, esta vez en Origone. Y es ahí cuando los caminos de la verdad se bifurcan.

Los policías afirman que luego de notificarlo nuevamente, lo dejaron ir, y que una mujer habría alcanzado a Facundo en su camioneta hasta el puesto de control fitosanitario de Bahía Blanca. Por ahí corre el tendido ferroviario que llega hasta la ciudad; son unos 16 kilómetros por sobre los durmientes, en un terreno afectado por un régimen de amplias mareas. Sobre esos datos, Berni (y, hasta ahora, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, que investiga la eventual desaparición forzada) abrazan la teoría de que el joven se internó por esas vías para eludir nuevos controles y que, extraviado por la caída de la noche, murió de forma accidental, ahogado.

La querella, en cambio, sostiene a gritos que la policía de Origone, por motivos aún no explicitados, le dio una paliza y lo mató. El hallazgo de un amuleto del joven con forma de sandía y una vaquita de San Antonio dentro -regalo de la abuela materna- tirado en una celda abandonada de ese puesto policial es, para los abogados, indicativo de que Facundo estuvo retenido allí, algo que la policía había negado o, al menos, ocultado.

El 8 de mayo, una de las agentes de ese destacamento borró la aplicación de WhatsApp de su celular el mismo día en que el GPS de una patrulla de Unidad de Prevención de Policía Local de Bahía Blanca delató la presencia de ese vehículo muy cerca del cangrejal de Villarino Viejo donde apareció el cuerpo que, se sabe ahora, era el de Facundo. Para los querellantes es un indicio indubitable de que una semana después de la desaparición de Astudillo Castro los policías tenían algo que ocultar y realizaban movimientos inesperados o inexplicables. En esa línea de pensamiento, Aparicio y Peretto están convencidos de que en ese momento "plantaron" el cadáver y comenzaron a montar el encubrimiento del crimen.

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