Condenaron a Piti, el hermano del capo narco peruano que hizo de una villa porteña su feudo

Hace más de 20 años Marco Antonio Estrada Gonzales, o Marcos, como le decían, simplemente, comenzó a construir su imperio del crimen en las manzanas internas de la villa 1-11-14. Su nombre era sinónimo de narcotráfico, de violencia, de poder en las sombras. Hasta que en 2016, una impactante redada ordenada por el entonces juez federal Sergio Torres −hoy integrante de la Suprema Corte bonaerense− le cayó encima con todo el peso de la ley. En 2020 lo condenaron a la pena única de 24 años de prisión y dos años después lo expulsaron a su Perú natal.

Pero con Marcos tras bambalinas, las actividades de su banda no cesaron. Tal era el volumen de sus operaciones que, según estimó la Justicia, llegaron a facturar casi 960.000 dólares por mes.

La logística quedó a cargo de su hermano, Fernando, alias Piti, que en 2016 había sido el único miembro del triunvirato que encabezaba la organización −la otra era su cuñada, Silvana Alejandra Salazar, “la doña”− que consiguió evadir a la ley. Eso duró hasta mayo de 2023, cuando se entregó en la sede de la Procuraduría de Criminalidad (Procunar).

Ahora le llegó a él la hora de la sentencia. Esta tarde, el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) N°3 porteño, integrado por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, condenó al Piti a 17 años y medio de cárcel por tráfico de estupefacientes y acopio de armas de fuego. Seguirá, así, preso en el penal de Marcos Paz, el mismo en el que estuvo preso su hermano, que tras su deportación vivió dos años en Lima como un hombre libre hasta que volvieron a arrestarlo, esta vez, acusado de lavar el dinero que a su organización del Bajo Flores le ingresaba como un torrente por la comercialización a escala de sustancias ilegales.

Según informaron fuentes judiciales, esta sentencia −dictada por mayoría− forma parte de “un nuevo tramo de la investigación llevada a cabo con relación a la comercialización de estupefacientes en la Villa 1-11-14, por la que, el 6 de noviembre de 2020, el mismo Tribunal condenó a Marco Antonio Estrada González a la pena de 17 años de prisión, accesorias legales, multa y costas”, que se unificó con una previa dictada el 23 de mayo de 2013 en la causa N° 1310/11, para llevar el castigo a 24 años de cárcel.

En esa misma causa, la mujer de Marcos, Salazar, fue condenada a la pena única de 18 años de prisión y otros 30 secuaces recibieron penas de distinta graduación.

A Piti, que purgó una pena por un homicidio de 1988 y estuvo prófugo casi 14 años, entre 2009 y 2023, los fiscales de instrucción le habían imputado haber organizado, junto con Marcos y su mujer, “una asociación integrada por un importante e indefinido número de personas, destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes (marihuana, cocaína y sus derivados) en grandes cantidades y pequeñas porciones para el consumo individual, en el interior y fuera de la Villa 1-11-14”, además del “almacenamiento y uso permanente de todo tipo de armamento, sus piezas, municiones y otros elementos de corte balístico con el claro objetivo de mantener la hegemonía territorial de la zona en la que produciría la mayor parte del emprendimiento criminal”.

Los fiscales señalaron que esas actividades atribuidas a Piti se extendieron entre el 9 de mayo de 2009 y el 25 de abril de 2023, tiempo en el que “habría liderado una facción de la organización mientras se encontraba prófugo”.

En este sentido, los representantes del Ministerio Público sostuvieron que “la banda se valió de una compleja estructura de funcionamiento, dividiendo sus actividades en dos facciones, como así también en distintos estratos, personas con distintos roles y/o funciones, y un histórico sistema de turnos rotativos” de 28 días: uno a cargo de Marcos y, el siguiente, liderado por Piti, que mientras estuvo prófugo no soltó las riendas, pero delegó el control de las operaciones en familiares, gente de su círculo íntimo.

Según estimó la Justicia hace una década, llegó a facturar 900.000 euros mensuales. “Tres fuerzas de seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad, llegaron a la misma conclusión: existía en la villa 1-11-14 una organización narcocriminal que era liderada por Marco Estrada Gonzales, Salazar y Piti. Hubo cambios de gobiernos, crisis económicas, pero desde 2009 hasta mediados de 2017 en su pedazo de territorio, siete hectáreas de la villa 1-11-14, nada cambió. En ese lugar siempre fueron Marcos, Salazar y Piti. Esperemos que este juicio logre cambiar algo", sostuvo en el primer juicio el fiscal general Diego Velasco.

Esa vez Piti no estuvo en el banquillo de los acusados. Pero eso no bastó para que evitara que le cayera encima −de nuevo− el peso del aparato judicial.

LA NACION

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