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Confirman las condenas a un empresario y a su esposa por la desaparición de una mujer
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LA NACION
Un tribunal de Rosario confirmó las condenas contra un empresario y su esposa por la desaparición de Paula Perassi, la mujer de 34 años que fue vista por última vez en 2011 en la ciudad santafesina de San Lorenzo y cuyo cuerpo jamás fue encontrado.
Se trata del empresario Gabriel Strumia, que había recibido 17 años de prisión, y de su esposa, Roxana Michl, sentenciada a 6 años y medio en un juicio oral que ambos enfrentaron en 2019.
El tribunal integrado por José Luis Mascali, Bibiana Alonso y Gabriela Sansó ratificó la pena de Strumia como autor del delito de "privación ilegítima de la libertad coactiva agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada". En tanto, los camaristas consideraron a la mujer como "partícipe secundaria" del mismo delito.
A su vez, el tribunal ordenó "hacer lugar al pedido de prisión preventiva de ambos acusados solicitada por la fiscalía y la querella, por haber sido condenados a penas altas y de prisión efectiva".
El Tribunal introdujo en su revisión del caso la perspectiva de género, basándose en la manda convencional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vigencia plena de la Convención de Belém do Pará, lo que determina que "hay que reforzar los mecanismos internos de control policial, de ejercicio de la prevención punitiva y por lo tanto se flexibiliza la lectura de lo que es una terminología procesal".
Además, la presidenta del Tribunal, Bibiana Alonso, señaló que "la pauta de peligrosidad procesal se refuerza por tratarse de un caso de crimen sin cuerpo, relacionado directamente con la desaparición involuntaria de persona; así lo llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entiende que cada vez que sucede en un contexto de no dejar rastro, el delito se sigue cometiendo hasta la aparición de la persona o el descubrimiento de sus restos óseos".
"En este marco de situación, quizás hay rastros que encontrar para satisfacer el derecho de la víctima a la verdad", finalizó Alonso.
Por su parte, la fiscal, María Eugenia Iribarren, consideró que el nuevo fallo "entendió cómo debía analizarse este caso, con perspectiva de género, y al ser un crimen sin cuerpo debían analizarse los indicios de otra forma, mucho más rigurosa y de forma global".
En ese sentido, dijo: "Un crimen sin cuerpo implica que los autores tomaron todos los recaudos para eliminar vestigios de su delito y que eso impida su investigación, por eso sostenemos que no podría hacerse en soledad y debió tener otra cobertura que lo ayudara que nos lleva a pensar en una cobertura estatal".
"Nosotros sostenemos que, en soledad, este caso no podría haber llegado al punto de que sigamos al día de hoy sin el cuerpo de Paula Perassi. No podrían haber actuado solos Strumia y su mujer", remarcó.
Tras conocer la decisión del Tribunal, el padre de Paula, Alberto Perassi, dijo entre lágrimas: "Siento que se hizo justicia, pero tarde, y no era lo que queríamos nosotros, porque nos vamos con las manos vacías, sin el cuerpo de Paula".
El Tribunal no se equivocó, estas personas tienen que estar presas, pero faltan gran parte de las otras personas involucradas, dos personas no hicieron esto solas
En esa línea, sostuvo que "el pacto de silencio no se rompió. Esto es parte del túnel negro que hay en San Lorenzo".
"Voy por seguir luchando hasta encontrar los huesos de Paula. A lo mejor encuentro primero la muerte, pero hasta ese momento voy por seguir con toda la sociedad de San Lorenzo y gente que nos apoya", finalizó.
Paula Perassi tenía 34 años cuando fue vista por última vez, el 18 de septiembre de 2011, luego de salir de su casa de la localidad santafesina de San Lorenzo tras recibir un llamado telefónico.
La mujer vivía con su esposo y sus dos hijos y, según la investigación, mantenía una relación extramatrimonial con el empresario de esa misma ciudad, Gabriel Strumia.
La teoría del caso de la fiscalía es que la mujer quedó embarazada y fue obligada por su amante y la esposa de este, Roxana Michl, a realizarse un aborto, práctica en la que habría muerto.
Durante varias semanas de 2019 se realizó el juicio en el Centro de Justicia Penal de Rosario por este caso, que terminó con la absolución de los nueve acusados por eventual falta de pruebas, entre los que se contaban a cuatro civiles y cinco policías.
Más tarde, la Cámara Penal encontró culpables a Strumia y a su esposa, decisión que ahora fue ratificada al finalizar el juicio de revisión de condenas.
