Confirman la condena de un abogado “carancho” que comandaba una banda de rompehuesos

Hugo César Schiber, el abogado condenado a 18 de prisión por encabezar una banda de “rompehuesos” que armaba accidentes de tránsito para estafar a aseguradoras, seguirá preso en la cárcel de Olmos.

La Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó la sentencia que impuso el Tribunal Oral N°7 de San Isidro contra el letrado, dueño de un estudio jurídico en Morón, y contra Daniel Ceferino Herrera, otro integrante de la organización delictiva.

En su voto, el camarista Ricardo Maidana se refirió a la modalidad delictiva encarada por la banda de Schiber como “un particular fenómeno de delincuencia organizada conocida vulgarmente como ‘caranchos’”. La resolución que confirmó la condena también fue firmada por los jueces Daniel Carral y Víctor Violini.

Federico Schiber, el hijo del abogado, es único integrante de la banda que eludió la condena. Actualmente está prófugo en Israel y tiene un pedido de extradición en pleno desarrollo.

“Se trata el presente caso de un particular fenómeno de delincuencia organizada conocido vulgarmente como ‘caranchos’, que afecta a la tranquilidad de la población en general, por los componentes especialmente cruentos que integran su configuración y por trastocar pilares e instituciones básicas de nuestra sociedad, como la figura y misión del abogado y el médico, interfiriendo y atacando el funcionamiento de los servicios públicos de Justicia, Seguridad y Salud, con los que la comunidad toda tiene la legítima expectativa de contar”, explicó el magistrado Maidana en los fundamentos de su voto.

El abogado Schiber había sido condenado en un juicio oral que estuvo a cargo de los jueces María Coelho, Alberto Gaig y María Elena Márquez. La investigación que permitió reunir las pruebas que se ventilaron en el debate fue realizada por la fiscal María Virginia Toso. La representante del Ministerio Público también estuvo a cargo de la acusación durante el debate.

Un caso escalofriante

“Bueno, aguantá que ahí va”, le dijo el hombre de piel mate, pelo corto y con tatuajes en los brazos a Samanta, mientras sostenía su pierna apoyada sobre una plancha de hierro, entre dos tacos de madera. Como ella ante cada aviso se levantaba, el hombre le advirtió: “No te voy a decir nada más. Así, te quedás quieta”. Después vino el golpe con una maza de cinco kilos que le produjo la fractura de tibia y peroné y le causó un dolor que aún hoy persiste.

En 2009, los hombres que le rompieron la pierna le prometieron a Samanta pagarle $3000 para participar en una maniobra en la que una banda de abogados simulaba accidentes de tránsito para cobrar indemnizaciones de las compañías de seguros. Nunca le pagaron.

Al exponer los fundamentos de la resolución, los jueces del tribunal Oral N°7 de San Isidro habían valorado como agravantes de la condena “el trato cruel, discriminatorio, inhumano y degradante dispensado hacia las víctimas en las maniobras delictivas y durante el juicio”.

Entre las pruebas que los magistrados tuvieron en cuenta para fundar la condena figuran una serie de escuchas telefónicas. En esas conversaciones los acusados mencionaban la necesidad de conseguirles clavos y prótesis a las mujeres que habían fracturado y que se atendían en hospitales públicos del conurbano. Al analizar estos elementos, los jueces consideraron que constituían una circunstancia que agravaba la responsabilidad de los acusados y remarcaba la magnitud del delito.

“Se advierte que su eje es un estudio jurídico de sólida estructura al frente de un abogado avezado y con vasta experiencia, situado en un lugar estratégico por su cercanía con las fiscalías y los tribunales en el partido de Morón”, expresó el camarista Maidana.

Durante la investigación realizada por la fiscal Toso, se determinó que el grupo delictivo utilizaba una falsa ambulancia para trasladar a los heridos desde los lugares donde ocurrían los falsos accidentes hasta los hospitales.

Antes, los distintos integrantes de la banda se encargaban de reclutar a personas con bajos recursos económicos, se aprovechaban de sus necesidades y les ofrecían dinero para que se dejaran romper los huesos. Si a las fracturas les agregaban la posibilidad de aumentar las lesiones para hacer más sangriento el accidente, se incrementaba la suma de dinero.

Cuando lograban convencer a las víctimas, las llevaban a un galpón donde un “rompehuesos”, con una masa de cinco kilos o una barra de hierro provocaba las fracturas. En algunos casos, los “rompehuesos” ofrecían a las mujeres la posibilidad de que se aplicaran algún calmante, pero, en realidad, les inyectaban un placebo. Entonces el dolor era tan grande que las ponían al borde del desmayo, circunstancia que aumentaba la veracidad de la puesta en escena del accidente que fraguaba la banda.

Con la comprobación de las lesiones en los hospitales públicos a los que llevaban a las víctimas en la falsa ambulancia, que en algunas oportunidades le vieron conducir a Federico Schiber, el letrado iniciaba los reclamos ante las compañías de seguros de los autos que protagonizaban los accidentes fraguados.

Los testigos que declaraban en los distintos reclamos se repetían en algunos de los 42 expedientes presentados en diversos tribunales. Los poderes de las víctimas firmados en favor del abogado Schiber y el secuestro de los DNI, elementos necesarios para avanzar con los reclamos y cobrar las indemnizaciones, completaban la maniobra.

“Detrás de fachada del estudio jurídico se esconde al mismo tiempo una base de operaciones pergeñada para aprovecharse de la comunidad en sus exponentes más vulnerables, de modo denigrante y con fines meramente lucrativos, como de las mismas fiscalías y sedes tribunalicias, al utilizarlas con total desprecio de su rol institucional para la consecución de ese propósito de enriquecimiento ilícito”, describió el magistrado Maidana en los fundamentos de la resolución.

Cuando la fiscal ordenó allanar el estudio de Schiber, situado en Sucre al 200, Morón, los policías fueron testigos de cómo el abogado intentó tachar con una lapicera las anotaciones que tenía en una agenda con los nombres de las mujeres a las que les rompieron los huesos y los nombres de las compañías de seguros ante las que presentaron al menos 42 reclamos por accidentes de tránsito fraguados

“Tomaban de los indigentes la integridad de sus cuerpos, de sus huesos, su dignidad. Y llevaban a los tribunales casos ficticios. Todo por dinero”, concluyó el juez Maidana.

Por Gustavo Carabajal

• Justicia

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