Córdoba: cómo viven y qué piden los familiares de víctimas de la violencia policial

CÓRDOBA. “Blas no está más, pero quiero que su partida no sea en vano”, dice Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, el adolescente asesinado por un policía en esta ciudad, en agosto pasado. Fue una de las madres que la semana pasada expuso ante la Comisión Conjunta de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí mencionó a otras personas víctimas de la violencia institucional en la provincia.

Comparte un grupo de WhatsApp con esas familias, donde intercambian datos y se acompañan. “Queremos ser escuchados con empatía; necesitamos respuestas, no círculos de silencios y ocultamiento para defender a asesinos vestidos de uniforme”, define Claudio Malizzia, padre de Yamil, de 16 años, asesinado en 2018. “No son casos aislados; para muchos es una forma de actuar. Queremos ser representados y respuestas de quienes son responsables de darlas”, agrega.

Diputados analiza el “Proyecto integral contra la violencia institucional”, que tiene como objetivo “prevenir y erradicar los episodios de violencia ilegal” por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios. Laciar no lo leyó, ya que los legisladores no se lo enviaron, pero decidió participar para contar no solo su caso, sino para ser la voz de otros.

Por el crimen de Blas hay 17 imputados, 13 de ellos, detenidos. Los policías Javier Alarcón y Lucas Gómez son los acusados del homicidio. Además, también están acusados de homicidio en grado de tentativa, por entender que también dispararon a matar a los cuatro jóvenes que iban con el joven en el auto.

“No me callé nada, ni siquiera pensé antes qué iba a decir –cuenta a LA NACION-. Voy a seguir siendo yo, y escuchar otros casos conmueve. Estoy desilusionada por lo que pasó en la reunión [en Diputados]. Frente al dolor que tenemos, se peleaban y chicaneaban. Si algo suma, bienvenido sea, queremos poner un granito de arena. Esto tiene que cambiar, a los otros casos los llevo como mi bandera, igual que al de Blas”.

La Red contra la Violencia Institucional la integran, además de Laciar y Malizzia, los familiares de Álvaro Zarandon, (16 años, asesinado en un confuso operativo policial en 2016 en Laboulaye; hay un policía imputado); Rodrigo Sánchez (17 años, asesinado durante un intento de robo por un agente que hizo cinco disparos; el análisis toxicológico del policía mostró que estaba trabajando bajo los efectos de cocaína, marihuana y estupefacientes) y Lucas Funes (23 años, recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento y persecución en 2012; en 2015 el policía fue sobreseído por la Justicia, fallo que fue apelado).

LA NACION dialogó con otros de los familiares de las historias que nombró Laciar ante los legisladores.

El 4 de julio del año pasado, en el barrio Villa el Libertador, de Córdoba capital, José Antonio Ávila, de 35 años, fue asesinado por los policías Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez, de la División de Motocicletas de la Comisaría 18. Era padre de dos hijos. Ese día salió de su casa para buscar a su hermano para vender ropa a domicilio. Los agentes no informaron el hecho ni llamaron a Emergencias. Están detenidos, imputados por homicidio doblemente calificado.

Gabriela, la esposa de Ávila, cuenta que un vecino testificó que sintió dos tiros, el segundo dio en el hombro de José: “No fue una persecución; la moto estaba estacionada. Mi marido tenía la llave en la mano, quedó tirado en el patio de la casa adonde iba. Lo auxilió un hombre, pero ya estaba agonizando. No entiendo el por qué, no tengo consuelo. Voy a cerrar los ojos preguntándome por qué hicieron eso, no hay razón. El policía Juárez se quedó al frente, no hizo nada. Tal vez si hubiera hablado, hubiera cambiado algo. Mataron a un ser humano por matarlo”.

Joaquín Paredes tenía 15 años cuando en la madrugada del 25 de octubre pasado fue asesinado de un disparo policial en el pueblo cordobés de Paso Viejo. Estaba reunido con unos amigos en la plaza con unos amigos, con una guitarra y bebidas alcohólicas. Pasó la policía y les dijo que se fueran. A los pocos minutos, los uniformados regresaron y se escucharon disparos. El chico no llegó a ser atendido: murió en el piso de un tiro en la espalda. Jorge Navarro, de 18 años, recibió un impacto de bala en una pierna y Braian Villagra, de 15, terminó con una herida de arma blanca en un brazo.

Soledad Paredes, la madre de Joaquín, asegura que están reclamando justicia. “Ya que él no lo puede gritar, lo hacemos nosotros”, afirma. Reclaman a la Justicia un cambio de carátula, ya que solo Maykel López está imputado por homicidio doblemente calificado por uso de arma de fuego y por su condición de policía, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad. Sus otros cuatro compañeros están acusados de abuso de autoridad. “No es así; todos dispararon. Hay testigos de que fue así, esa carátula es como protegerlos”, dice la madre.

Lautaro Guzmán, 23 años, y Agustín Barrios, 19 años, iban en moto cuando chocaron contra un auto en Colonia Caroya; ambos murieron. Fue el 19 de junio pasado. La policía asegura que cruzaron un semáforo en rojo cuando eran perseguidos por un delito; la familia niega eso y exige el esclarecimiento del hecho. Jimena Lescano, tía de Agustín, enfatiza: “Nunca más nos recibió nadie, ni siquiera nos entregaron sus pertenencias. Nos dicen que hay secreto de sumario; no tenían antecedentes. La policía venía detrás de ellos, no tenían sirena encendida ni se hizo un cerrojo. Ese día hubo un asalto en Colonia Caroya y buscaban a un prófugo que después encontraron y no tenía nada que ver con Lautaro y Agustín. Pedimos saber qué pasó, que nos muestren las cámaras”.

La noche del 7 de noviembre de 2018, Yamil Malizzia, de 16 años, fue a jugar al fútbol con amigos en una cancha del Barrio Media Luna, de Río Tercero. Cuando terminaron, se fueron a un quiosco. Él iba en su moto y fue perseguido por móviles policiales que ocasionaron que chocara y cayera al piso. A los pocos días murió por las lesiones.

Su padre, Claudio Malizzia, reclama que se haga una investigación: “Es un caso muy complejo, no es uno típico de gatillo fácil, pero acá mataron de manera injustificada, no había ninguna razón para la persecución. Vivimos un calvario, hay un ultraje a su inocencia. Siguen atacando su figura y la mía por seguir luchando y reclamando justicia. No me han permitido, por diversos artilugios, acceder al expediente. Intentaron perder las imágenes de las cámaras, que son pruebas contundentes. A dos años y seis meses del hecho no hay imputados, ni siquiera por el accidente que aducen que es lo que ocurrió. Quisieron ‘plantar’ que mi hijo venía de robar y luego cambiaron la versión por la de un accidente”.

El 22 de febrero de 2017, Franco Amaya, de 18 años, estaba a punto de recibirse de peluquero, y esa noche iba a ver a Ulises Bueno en Villa Carlos Paz, donde vivía. Iba con un primo en moto y se encontraron con una posta policial. La moto tenía pocos frenos y Franco intentó detenerse utilizando los cambios. El agente Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos le disparó por considerar que estaban evadiendo el control; su compañero, el agente oficial ayudante José Ezequiel Villagra, era el responsable del control y dio aviso a un superior. En un test de alcoholemia, en el momento, ambos dieron positivo, pero esas pruebas “se perdieron” y no se presentaron en el juicio ante la Cámara 11 del Crimen, que condenó a Bustos a 12 años de prisión, y absolvió a Villagra.

Laura Cortez, madre de Franco, sigue pidiendo justicia: “Apelamos porque 12 años no alcanzan para que un asesino pague por lo que hizo. La decisión fue a ojos cerrados, porque sé que en la revisión incluso le pueden bajar la pena. La idea del grupo es pedir justicia, es todo complejo, lleva tiempo. Las causas van y vienen, es muy doloroso”. Bustos bajó la calificación a “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, y la familia Amaya entiende que corresponde la de “homicidio agravado en calidad de autor y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal”.