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Cuando garantizar derechos molesta: el peligro detrás de una frase que parece inofensiva
La discusión pública entre funcionarios políticos y judiciales generó una importante polémica
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En los últimos días, la Sra. Vocera Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Virginia Coudannes, respondiéndole a una jueza penal juvenil de esa provincia (que había cuestionado un allanamiento sin orden judicial que derivó en una detención de un adolescente de 17 años de edad) utilizó fue una muy peligrosa: “Llevatelo a tu casa si es tan bueno”. La frase, repetida con ligereza en redes sociales, en declaraciones públicas e incluso desde espacios de poder, parece inofensiva. Pero no lo es. Encierra una profunda incomprensión del rol del Poder Judicial y, lo que es más grave, una peligrosa erosión de los pilares del Estado de derecho.
Cuando un juez o jueza adopta una decisión que garantiza derechos (aunque resulte impopular) no está emitiendo una opinión personal ni actuando por empatía individual. Está cumpliendo la Constitución. Está aplicando la ley. Está haciendo exactamente aquello para lo que fue investido; controlar el ejercicio del poder y proteger a las personas frente a posibles abusos.
La frase en cuestión parte de una premisa falsa; que las decisiones judiciales pueden reducirse a preferencias personales o a actos de benevolencia individual. Como si un juez pudiera “hacerse cargo” en su ámbito privado de aquello que resuelve en el ejercicio de una función pública. Esta idea no solo es absurda; es incompatible con el funcionamiento mismo de la justicia.
Pero, además, este tipo de expresiones funcionan como mecanismos de presión que erosionan la independencia judicial. No son meras críticas; son mensajes disciplinadores que buscan condicionar decisiones futuras. Instalan la idea de que garantizar derechos tiene un costo personal, mediático o político para quien juzga. Y cuando los jueces comienzan a decidir bajo ese clima (temiendo la reacción social o el señalamiento público) la justicia deja de ser independiente para transformarse en una institución vulnerable a las mayorías circunstanciales y a los intereses del poder.
Pero el problema no es solo conceptual. Es político e institucional. Porque detrás de esa expresión hay un mensaje mucho más preocupante; que los derechos pueden relativizarse según el humor social, que las garantías son privilegios indebidos y que el cumplimiento de la ley es opcional cuando genera incomodidad.
Aceptar esa lógica implica abrir la puerta a la arbitrariedad. Significa que las decisiones dejarían de basarse en normas y principios para depender de mayorías circunstanciales,
presiones mediáticas o conveniencias del poder de turno. Es, en definitiva, el camino hacia el autoritarismo.
El Poder Judicial existe, precisamente, para resistir ese tipo de presiones. Su función no es agradar, sino garantizar. No es seguir el pulso de la opinión pública, sino sostener los límites que la Constitución impone. Cuando un juez protege derechos, incluso (y sobre todo) en los casos más incómodos, está defendiendo algo que nos pertenece a todos; la seguridad de que nadie quedará a merced del poder sin reglas.
Porque hoy puede ser “el otro” el destinatario de esa garantía que incomoda. Pero mañana puede ser cualquiera. La historia demuestra, una y otra vez, que cuando los derechos se relativizan para algunos, terminan debilitándose para todos.
Por eso, banalizar el rol judicial con frases como “llévatelo a tu casa” no es solo un error. Es una forma de deslegitimar el sistema de garantías que protege a la sociedad entera. Es sembrar desconfianza en las instituciones y habilitar discursos que naturalizan la excepción como regla.
Defender el Estado de derecho implica algo más que invocarlo. Implica comprender que los derechos no están sujetos a aprobación popular ni a la simpatía que despierte quien los ejerce. Implica aceptar que la Justicia no siempre será cómoda, pero debe ser siempre independiente y justa.
Y, sobre todo, implica entender que cuando un juez garantiza derechos, no está haciendo un favor. Está cumpliendo su deber con la Constitución, que por cierto los políticos también juran cumplir.
El doctor Rodrigo Morabito es juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca; profesor adjunto de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Catamarca; miembro de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal; miembro del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes (Jufejus); miembro de Ajunaf; miembro de la Red de Jueces de Unicef; miembro del Comité Panamericano de Jueces y Juezas de la República Argentina por la doctrina franciscana (Copaju); miembro de la Red de jueces y juezas penales de la República Argentina
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