"Dejate de joder con Carbón Blanco". Amenazan a funcionarios judiciales que investigan el lavado de dinero del narcotráfico

"Dejate de joder con Carbón Blanco. No sabés con quiénes te estás metiendo. Cortala. Ahora, si sos tan pelotuda y seguís, te vamos a hacer mierda. Pero antes vas a sufrir primero, vamos a ir por tu familia, tu esposo, tus hijos y te los vamos a ir mandando en trozos y después te vamos a cagar matando. Hija de mil putas. No te podés esconder de nosotros, donde y cuando se nos ocurra te vamos a hacer pagar. Nunca nos vamos a olvidar. Estás avisada".

El texto amenazante le llegó por WhatsApp a Pamela Michlig, secretaria de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, Chaco, que revista como ayudante fiscal.

No fue la única funcionaria judicial amenazada: un texto similar le llegó por WhatsApp al hasta ayer juez federal subrogante en Sáenz Peña, Miguel Aranda.

Las amenazas se dan en el contexto de una causa derivada de la investigación conocida como Carbón Blanco, que dejó al descubierto la actividad de una organización criminal que enviaba hacia Portugal y España cargamentos de cocaína camuflados en bolsas de carbón vegetal desde Quitilipi, Chaco.

En 2015 hubo fuertes condenadas a los líderes de la banda. El abogado Carlos Salvatore y el empresario futbolístico Patricio Gorosito recibieron penas de 21 y 19 años, respectivamente. Ambos murieron cuando cumplían sus sentencias.

El año pasado hubo condenas de hasta nueve años de cárcel por lavado de activos. Además, el TOF de Resistencia dispuso el decomiso de los bienes provenientes de esa causa. La medida fue ordenada tras el pedido del fiscal general Federico Carniel, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

En septiembre pasado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a cargo de Martín Cosentino, decidió subastar una de las propiedades que poseía Salvatore, ubicada a 400 metros de la estación Belgrano R del ferrocarril Mitre. La familia Salvatore vivió 15 años en esa casa.

Mientras, el fiscal Carniel y su equipo de colaboradores continuaron la investigación para dar con las segundas líneas de la organización, que tuvieron vínculos con el lavado de activos. Se logró identificar a cinco sospechosos y el juez Aranda ordenó sus detenciones.

Tres de los imputados fueron detenidos y procesados, pero dos quedaron prófugos: el contador de Salvatore y un empresario que sería el testaferro de la organización criminal.

En medio del proceso, primero se descubrió que desconocidos habían sacado fotos de la casa y del auto del fiscal Carniel.

Poco después les llegaron las amenazas a Michlig y a Aranda, que pusieron en estado de alerta y de preocupación al Poder Judicial.

"Expresamos nuestra solidaridad hacia la Dra. Michlig y su familia rechazando todas y cada una de las expresiones amenazantes para con ella y su familia", fue parte del comunicado firmado anoche por 152 jueces y fiscales de todo el país que mostraron su inquietud por la intimidación sufrida por los representantes judiciales que investigan las derivaciones de la causa conocida como Carbón Blanco.

"En primer término quisiera expresar mi preocupación por las amenazas y expresar mi solidaridad con Michlig y su familia. Si estos actos intimidatorios fueron, tal cual se desprende del texto, con motivo de la causa Carbón Blanco, quiero aclarar que en el trámite de la misma quienes tomamos todas las decisiones somos un equipo de trabajo integrado por dos fiscales generales y la Procelac, equipo de trabajo que Michlig integra desde la función que ella ocupa dentro de la estructura de la fiscalía", sostuvo Carniel a LA NACION.

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, en las próximas horas podría darse a conocer un comunicado firmado por representantes del Ministerio Público Fiscal de todo el país para repudiar las amenazadas recibidas por la secretaría de la Fiscalía General ante el TOF de Resistencia.

En junio de 2015, Carniel y su colega Carlos Amad habían sido amenazados en el contexto de esta misma causa. Fue en plena sustanciación del juicio en el que resultaron condenados Salvatore y Gorosito. Tres meses antes de eso, el abogado, que cumplía prisión domiciliaria en la casona de la avenida Melián 2157, en Belgrano R, le prometió a su esposa, Silvia Valles, que iba a mandar a asesinar a la jueza federal de Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, porque la magistrada había dispuesto detener a la mujer por lavado de activos en el caso Carbón Blanco.

"Me voy a ocupar de la defensa de todos. Los voy a sacar. Después la mato a ella. Yo pago este homicidio, pero ella se muere. Te amo, mi vida. No me afloje ninguno por favor. Yo cuido a los chicos", le habría dicho Salvatore a su mujer en una comunicación telefónica.

Para la Justicia, Salvatore hacía referencia en la escucha telefónica a la jueza federal de la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger. Así lo había sostenido el fiscal federal Diego Iglesias en un dictamen de marzo de 2015 donde el allanamiento en la casa de Salvatore.

"Ante este cuadro de situación y teniendo en cuenta la gravedad de las amenazas vertidas por Salvatore, se impone adoptar las medidas urgentes de la instrucción tendientes a comprobar la existencia de la hipótesis más gravosa e impedir que los hechos sean llevados a consecuencias ulteriores", había sostenido el fiscal federal Iglesias en el dictamen presentado en su momento al juez federal Ariel Lijo.

Pese a la muerte de los dos líderes de la organización criminal, cómplices aún no descubiertos por la Justicia podrían estar detrás de las nuevas amenazas, ya que la causa no se detuvo con las condenas a Salvatore y Gorosito y puede avanzar hacia la distribución local de droga. Una de las sospechas que siempre se mantuvo alrededor de esta causa apunta al abastecimiento de redes de narcomenudeo con parte de la cocaína que era acopiada en Chaco para su transporte a Europa. Por eso los movimientos en el expediente pueden provocar intranquilidad entre aquellos que aprovecharon la logística de Carbón Blanco.

Por Gabriel Di Nicola

• Narcotráfico

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