Denunciaron por estafas a una concesionaria de Pilar: pagaron en dólares autos que nunca les fueron entregados

Ante la falta de respuestas, se acercaron a la puerta de la concesionaria, situada en el kilómetro 39,5 de la colectora de la autopista Panamericana, en Pilar, y se encontraron con lo peor: las puertas estaban cerradas y los grandes ventanales habían sido tapiados con cartón. Habían pagado en dólares vehículos que nunca les fueron entregados.

“Cerraron todo. Estafaron a todo el mundo. Se fueron todos. Desaparecieron”, dijo uno de los damnificados en un video al que tuvo acceso LA NACION. Esa filmación fue registrada en las últimas horas en la puerta donde hasta hace pocos días funcionaba la concesionaria Autos Pilar Premium.

Hay víctimas que no solo hicieron transferencias de dinero: también entregaron sus autos como parte de pago de los vehículos que habían señado.

Habría cerca de 20 damnificados. La mayoría se presentó e hizo la denuncia. Los expedientes tramitan en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 y en la UFI N°2 de Pilar, a cargo de los fiscales Raúl Casal y Andrés Quintana, respectivamente. Las causas podrían unificarse en una sola fiscalía, dado que se refieren a hechos similares con un mismo denunciado.

Uno de los denunciantes, según fuentes de la investigación, es el diputado jujeño de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Quintar, que la semana pasada fue noticia cuando estacionó un Tesla Cybertruck en el garaje del Congreso de la Nación.

El mes pasado, Quintar denunció que en agosto de 2025 había comenzado a negociar con los responsables de Autos Pilar Premium la compra de un Tesla Cybertruck por 285.000 dólares. En su presentación, sostuvo que pagó la totalidad del precio acordado, una parte en transferencias bancarias y otra en efectivo, pero que nunca le entregaron el vehículo.

“Se hicieron tareas investigativas y se estableció que los propietarios de la agencia continuarían ofreciendo vehículos premium a la venta por medio de un esquema societario organizado y destinado a captar potenciales víctimas”, dijeron fuentes del caso.

La semana pasada, ante la sospecha de que los comerciantes denunciados estaban por trasladar varios vehículos a otro local, el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó el secuestro de 19 camionetas 4x4 y autos valuados en 1.229.200 dólares.

Además del caso del diputado Quintar, LA NACION supo del de un joven que pagó 13.490 dólares por un Volkswagen Nivus que nunca le fue entregado.

“Estaba buscando cambiar el auto. Por Mercado Libre encontré una publicación que me interesó. Me puse en contacto con la agencia, revisaron mi auto para tasarlo y ponerlo como permuta. Puse una seña de 2500 dólares y esperé a que me dijeran que ya tenían los papeles del auto que iba a comprar. Un día me dijeron que solo faltaba la Verificación Técnica Vehicular (VTV), pero me pidieron que cancelara el pago para agilizar los trámites. Al día siguiente transferí el resto del dinero que faltaba por contrato, 10.990 dólares, a la cuenta de la agencia”, explicó a LA NACION.

“Después vinieron tres semanas de idas y vueltas; me decían que el dueño del auto estaba de viaje, que el que verificaba los vehículos iba solo los miércoles y otras excusas que fueron atrasando la operación. Se pactó para el jueves pasado la entrega de la documentación para hacer la transferencia. Pero desde el día anterior, el miércoles, ya no me respondían los mensajes ni las llamadas. Al llegar a la agencia me encontré con los ventanales tapados y la concesionaria vacía”, dijo el joven, que pidió que su identidad se mantenga en reserva.

Carlos G., el dueño de la agencia Autos Pilar Premium, había sido procesado el año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de desobediencia a un funcionario público. En esa ocasión, el magistrado trabó un embargo sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de 300 millones de pesos.

Se trata de una causa que, como informó LA NACION, comenzó el 3 de junio de 2025 a instancias de una denuncia presentada por el apoderado de Autopistas del Sol, quien afirmó que varias concesionarias utilizaban “el parquizado lindante a la autopista Panamericana como si fuera de su propiedad y que allí estacionaban vehículos a fin de exhibirlos para su venta”. Se refirió puntualmente a las firmas MV Automotores, Autos Pilar Premium, Blue Cars y FDG Motors.

“Se han apropiado del espacio público y lo utilizan de playa de exhibición de vehículos de manera ininterrumpida. Es decir, no es que los estacionan durante el día y los remueven, sino que se han apropiado del lugar como si fuese una extensión de su negocio de ventas de automotores”, dijo el denunciante, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

Tras la denuncia, la Fiscalía Federal de Campana, a cargo de Sebastián Bringas, remitió el requerimiento de instrucción e instó a la acción, por lo que se dispusieron diversas medidas de investigación, según informaron fuentes judiciales.

Ante la comprobación de los hechos denunciados y previa intimación, el juez federal González Charvay “dispuso librar la orden de lanzamiento”, es decir, el retiro de los vehículos del parquizado.

La medida fue llevada a cabo el 7 de junio pasado por personal de la Prefectura Naval. “Los responsables de cada uno de los concesionarios cumplieron con la intimación efectuada y retiraron los vehículos por propia voluntad, siendo fehacientemente notificados de que no deberían volver a ocupar el parquizado perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad”, según el expediente judicial.

Cuatro días después, el magistrado ordenó tareas investigativas para que la Prefectura Naval determinara si los concesionarios cumplían con la medida ordenada.

“Tanto FGD Motors como Blue Cars no tenían vehículos estacionados sobre el parquizado, pero respecto a Autos Pilar Premium, la Prefectura Naval adjuntó diversas fotografías en donde se apreciaba que el concesionario había vuelto a ocupar el predio lindante a la Ruta Nacional N°8″, se explicó en la resolución donde fue procesado el empresario.

Un día después, el juez González Charvay dispuso el secuestro de nueve vehículos: un Audi Q5, un Peugeot 208, una camioneta Toyota Hilux, una Ford Ranger, una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota Hilux, una Ford Ranger y una Kia Carnival.

Carlos Alberto G. fue citado a prestar declaración indagatoria el lunes pasado. Como se dijo, se negó a declarar, pero presentó un escrito.

“De la presentación efectuada surge que el encausado desligó su responsabilidad respecto del hecho imputado, señalando que más allá de haber sido notificado de la medida dispuesta en autos, informó que no fue él quien había vuelto a estacionarlos allí, sino que había sido producto de la torpeza y el descuido de las personas que trabajan con él. Indicó que tal circunstancia no había sido advertida por él, alegando que, en caso de haber tomado conocimiento, habría procurado su remoción. Asimismo, agregó que no se le puede imputar el delito toda vez que no fue él mismo quien lo cometió, por cuanto aquel requiere de dolo para su comisión, alegando que este se encuentra ausente en los hechos comprobados”, según explicó el juez González Charvay, en la citada resolución.

Al procesar al empresario, el magistrado sostuvo: “La desobediencia imputada se constató como consecuencia de las tareas investigativas desplegadas en torno a la verificación del cumplimiento de la medida dispuesta respecto del primer delito denunciado [la ocupación del predio]. De las actas labradas por el personal del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval surge que, más allá de la intimación cursada a los responsables de los concesionarios, ha quedado acreditado en autos que el responsable de Autos Pilar Premium deliberadamente desobedeció la orden emanada por esta Judicatura al volver a ubicar los vehículos en exhibición en la zona de parquizado”.

Agregó: “Es más, previo al secuestro de los vehículos y al momento de materializarse la orden de lanzamiento, se les dio la posibilidad a todos los responsables de los concesionarios en infracción de retirar los vehículos voluntariamente, a fin de evitar su secuestro, a lo que en ese momento Carlos Alberto G. accedió, pero no obstante ello incurrió en desobediencia al volverlos a estacionar en el lugar de donde los había retirado, y posteriormente los ubicó en un sector distante a 100 metros del concesionario, pero ocupando también el área de concesión”.

Por Gabriel Di Nicola

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