Megaestafa. Recaudaban $18 millones al mes con engaños telefónicas desde la cárcel

El aislamiento decretado para frenar los contagios por la pandemia del coronavirus hizo creer exponencialmente una modalidad delictiva: las estafas telefónicas.

En las últimas horas, más de 400 efectivos participaron de 44 allanamientos que terminaron con las detenciones de 19 integrantes de una banda que, durante la cuarentena, se apoderó de más de 18.000.000 de pesos por mes. Con la cárcel cordobesa de Bouwer como centro de operaciones, y con un "cuento del tío" bien ensayado, engañaron a miles de personas para obtener sus claves bancarias y vaciarles las cuentas.

Entre los damnificados figuran vecinos que cobraban el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), comerciantes y empleados. Los investigadores estimaron que en los más de 6000 llamados mensuales que hicieron los estafadores llegaron a obtener un botín de $1.500.000 con cada teléfono. Fuentes de la pesquisa señalaron que hubo casos en los que a las víctimas les robaron 600.000 pesos. Muchas de las víctimas viven en la zona norte del conurbano. Eso explica que la investigación, que demandó seis meses de tareas y el análisis de decenas de miles de comunicaciones, en el que se documentaron al menos 70 hechos, haya estado en manos del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari.

En mayo de este año, LA NACION dio cuenta de una maniobra de similar envergadura e idéntico procedimiento, también realizada por internos de otro penal cordobés: el de Cruz del Eje.

En este nuevo caso, según fuentes judiciales, al menos diez de los miembros de la organización delictiva realizaban los llamados telefónicos desde dos cárceles de Córdoba, una de ellas, la de Bouwer. Los otros nueve imputados no estaban en prisión y se dedicaban obtener el ticket de la operación de transferencia que hacía el damnificado.

Ese elemento les permitía a los estafadores obtener un código que les abría la puerta para transferir el dinero a cuentas que varios "prestanombres" abrían en diferentes bancos.

Hasta el momento, los investigadores de la Fiscalía General de San Isidro identificaron a 70 damnificados de San Fernando, Tigre, Pilar, Boulogne y Beccar, pero se estima que la maniobra tuvo alcance nacional y que existirían más víctimas en el resto del país.

La investigación se inició a mediados de mayo pasado cuando el fiscal general de San Isidro, John Broyad ordenó la unificación de varias causas por estafas bajo la modalidad delictiva que presenta a la tecnología como principal medio para concretarlas.

Al revisar las denuncias, Broyad encontró como común denominador la utilización de los teléfonos para concretar las estafas y la aplicación del mismo engaño. Con estos elementos, el fiscal Broyad asignó el caso a su adjunto, Patricio Ferrari, quien ordenó una serie de escuchas telefónicas y, en las últimas horas, solicitó los allanamientos en las dos cárceles de Córdoba.

En la mayoría de los casos, los estafadores llamaban telefónicamente a líneas que figuran en la guía y se hacían pasar por funcionarios de la Anses, aunque en ocasiones también invocaban ser empleados de firmas multinacionales. Cuando la potencial víctima atendía el llamado, el estafador le decía que le habían otorgado un crédito de dicho organismo del Estado y que para hacerlo efectivo debía dirigirse a un cajero automático, donde le indicarían los pasos por seguir.

Con extrema habilidad, el estafador lograba que el damnificado realizara una operación en el cajero automático y le pedía que leyera el código que figuraba en el ticket.

La víctima no lo sabía, pero le estaba entregando al estafador una clave que le permitiría ingresar en sus cuentas, transferir el dinero a las cuentas abiertas por los prestanombres y dejar a los damnificados sin nada.

"Un valor promedio de estafas cercano a los 50.000 pesos (teniendo en cuenta que hay hechos que van desde los 3500 hasta los 600.000 pesos, aproximadamente) nos muestra valores estimados de 1.500.000 pesos mensuales de recaudación por operador y con mínimos costos", describieron los investigadores en el expediente.

Al cabo de cuatro meses de entrecruzamientos de comunicaciones e información, el juez de Garantías N°7 de Pilar, Walter Federico Saettone, avaló el pedido del fiscal Ferrari para realizar 44 allanamientos en las celdas de la cárcel de Bouwer y en los domicilios particulares de los acusados. Además de los 19 detenidos -diez de ellos, en el penal cordobés- se investiga la participación de al menos 30 personas que hicieron de prestanombres para la apertura de las cuentas a las que se realizaban las transferencias del dinero robado.

Por último, las fuentes señalaron que a todos los acusados se les congelaron las cuentas bancarias y se secuestraron los celulares de los sospechosos, que quedaron imputados por el delito de "asociación ilícita y estafas reiteradas".