Detuvieron a cinco policías por “plantar” armas para involucrar a un narco con las amenazas al gobernador Pullaro

ROSARIO.– Un escándalo amenaza con estallar en la provincia. La investigación por las amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro y por distintos atentados a mano armada tuvo un giro inesperado luego de la detención de cinco efectivos de la policía de Santa Fe que este miércoles, en una audiencia imputativa, serán acusados de “encubrimiento”.

Los agentes, que tras haber sido arrestados el domingo ya fueron pasados a disponibilidad preventiva, le habrían “plantado” tres armas a un detenido. La sospecha es que los policías habrían cobrado dinero de una banda narco para perjudicar a un grupo criminal rival, en un esquema de corrupción que se vio claramente en otras causas judiciales, como la de Los Monos. Esas armas, además, fueron efectivamente usadas en ataques contra edificios públicos para “causar conmoción social” y política en un contexto en el que Rosario aparece como un polo de violencia extrema vinculada a la acción del crimen organizado.

La secuencia comenzó el 31 de enero pasado, cuando Alexis Michell, que se trasladaba en una Toyota Hilux, fue detenido por la policía. La versión “oficial” que se difundió entonces fue que los efectivos habían secuestrado dentro de la camioneta tres pistolas calibres .40, .380 y 9 milímetros. También incautaron un cartón con un mensaje que decía: “TOE, dejen de joder porque ni Pullaro los va a salvar”.

La acusación contra Michell fue, a partir del material incautado, la de haber participado de un ataque a balazos contra la sede de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) el 20 de enero último.

Según advirtieron fuentes judiciales, el acusado argumentó que las armas en cuestión las había “plantado” la policía. De todos modos, días después terminó imputado sobre la base de aquella acusación. Sin embargo, en la investigación judicial comenzó a florecer la hipótesis de que lo que decía este hombre ligado a la banda de Francisco Riquelme podría tener asidero.

El fiscal Franco Carbone comenzó a sopesar que los policías efectivamente habían “plantado” las armas para involucrar en el hecho a una banda rival de quien los habría contratado a tal efecto. No aportó detalles de qué grupo criminal sería el que tramó esta maniobra con los efectivos del Comando Radioeléctrico, que serán imputados por encubrimiento.

Carbone aún no tiene en claro si los policías también participaron de los ataques en los que esas armas fueron usadas. En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe señalaron que los agentes no habrían disparado ni organizado los atentados.

Esas tres armas, según Carbone, se usaron para concretar tres ataques días después de que Pullaro asumió y, entre sus primeras medidas contra el crimen organizado, dispuso un reagrupamiento de los presos de alto perfil en los penales provinciales, lo que derivó en atentados a mano armada y amenazas contra el flamante gobernador.

Seguidilla

El primer ataque ocurrió el 12 de diciembre, cuando dos hombres, uno de ellos con guantes de látex, disparó con una pistola calibre .40 contra la sede del Banco Macro en Ovidio Lagos y Saavedra. En ese lugar los atacantes dejaron una amenaza contra Pullaro que hacía referencia al enojo de los presos de alto perfil de la cárcel de Piñero.

Horas después se produjo un ataque similar contra la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), con un arma del mismo calibre. Los tiradores dejaron otro mensaje casi idéntico al que habían arrojado en la puerta del banco horas antes.

El tercer ataque fue el 27 de diciembre. Ese día fue baleada la comisaría 19ª de Rosario. Los disparos, según los peritajes, se hicieron con una pistola calibre .380. En una audiencia imputativa, Francisco Riquelme –preso actualmente en la cárcel de Marcos Paz– fue acusado de planear y financiar este ataque. La sospecha del fiscal era que también había organizado los dos atentados previos, pero no obtuvo pruebas para atribuirle esos hechos.

Además en la investigación judicial se detectó que el 20 de enero pasado una de las armas “plantadas” por la policía a Michell, una pistola calibre 9 mm, para balear la sede de la TOE en la zona oeste de Rosario. Ahí también se encontró un mensaje que hacía referencia a la banda de Tripi. Tres días después, con esa pistola tirotearon el bar de una estación de servicio. Y apareció el mismo mensaje.

Tras una serie de peritajes, el fiscal Carbone ordenó el domingo la detención de cinco policías, entre los que hay tres hombres de vasta trayectoria en la fuerza y dos recién ingresados. Uno de los efectivos tenía carpeta médica, pero a pesar de eso se encontraba en la provincia de Córdoba. Este uniformado se desempeñaba en la Oficina de Gestión Judicial del Ministerio Público de la Acusación, aunque antes había pasado por el Comando Radioeléctrico, que era el lugar donde trabajaban actualmente los otros aprehendidos, que serán imputados formalmente este miércoles.

“Se les va a imputar el encubrimiento de balaceras contra objetivos importantes que tuvieron por finalidad amenazar al gobernador y a distintos funcionarios provinciales”, aseguró Carbone en conferencia de prensa. El titular de Control Policial, Lucas Covacich, confirmó a LA NACION que los efectivos fueron pasados a disponibilidad y que si son imputados y quedan en prisión preventiva serán pasados a condición de “pasivos”, una instancia en la que no percibirán su salario.

La banda conocida como Tripi, a la que pertenece el conductor de la Toyota Hilux al que le “plantaron” las armas, opera en los monoblocks del Fonavi Parque Oeste, donde el monopolio de la venta de drogas lo tiene Iván Tripi, que fue condenado el año pasado a siete años de prisión por el Tribunal Oral Federal Nº2. La distribución de cocaína en el barrio la manejaban desde las cárceles de Resistencia y de Ezeiza, donde están presos la mayoría de los integrantes de esta organización delictiva.

A este grupo criminal, que operaba en la zona donde se produjeron los atentados, es al que querían perjudicar los policías al “plantar” las armas a uno de sus integrantes para que los acusaran de los ataques. Según el fiscal Carbone, lo habrían hecho para favorecer a un rival.

En la zona oeste operan desde hace tiempo “franquicias” narco de las dos organizaciones más poderosas de Rosario, como Los Monos y Esteban Alvarado, pero también grupos más pequeños, con cobertura barrial, como Tripi.

El sugestivo final de los atentados

Ante una consulta de LA NACION, el ministro de Seguridad Pablo Coccocioni no quiso hacer comentarios sobre el caso porque “es el fiscal el que está a cargo” de la investigación.  “El Ministerio aportó la información requerida por el Ministerio Público y dispuso medidas administrativas contra los policías acusados”, afirmó el funcionario.

Lo que está claro en esta historia es que después de que los policías “plantaron” las armas, el 31 de enero pasado dejaron de producirse los ataques a balazos donde aparecían carteles con amenazas contra el gobernador. Aunque el Ministerio de Seguridad niegue que los efectivos hayan participado de esos ataques y admita, prima facie, que solo pusieron las armas, resultó llamativo que se extinguieran las amenazas contra Pullaro, que –según él mismo admitió– debió sacar su familia de Rosario ante el temor de que pudiera sufrir un atentado.

Tampoco está claro el rol de Francisco Riquelme, que amenazó a los directores de la cárcel de Ezeiza y se enfureció luego de que lo acusaron de planear el ataque a la comisaría. La policía no solo “plantó” las armas, sino que direccionó las investigaciones judiciales, que terminaron con personas detenidas que después tuvieron que ser puestas en libertad, como Alexis Michell.

Es grave que un grupo de policías que tenían altos rangos en la fuerza –uno de ellos, comisario, y el otro, inspector– inventen pruebas por encargo de un grupo narco. La sospecha es que recibieron dinero, aunque eso aún no fue probado; el miércoles, en la audiencia imputativa, el fiscal desplegará las evidencias.

La historia reciente de Rosario está plagada de jefes policiales que estaban enrolados en bandas narco como la de Esteban Alvarado y Los Monos. Uno de los casos más significativos fue el del exjefe de Inteligencia de la Policía de Investigaciones Javier Makhat, que vivía en un departamento de lujo que era de Alvarado y usó gran parte de la estructura de la fuerza de seguridad, entre ellas a la División Judiciales, para perjudicar a Los Monos en causas que tramitaban ante la Justicia provincial.

Los Cantero también tuvieron siempre efectivos leales, como Juan “Chavo” Maciel o Juan José Raffo. Lo que reaparece es un nuevo capítulo de estas tramas de complicidades que alimentaron que la violencia creciera en Rosario desde 2013.