El historial de métodos mafiosos que utilizaba un clan familiar para sostener su reino de terror en un barrio

ROSARIO.-Siempre hay pérdidas que forman parte de la dinámica del negocio narco. Es más benigno para los narcos “entregar” a la policía un búnker de venta de drogas, con unas pocas dosis de cocaína berreta, adulterada, adaptada al mercado popular, que resistir a los tiros, y aferrarse a algo que pierde sentido si se lo ve en proyección. Mucho peor es ir preso.

El “kiosco” se reabre en otro lugar inmediatamente. La resiliencia de ese negocio rústico y marginal es casi inmediata. Ese no es el problema. Con los hermanos Muñoz, que viven en uno de los extremos de Villa Banana, era diferente. Se creían los dueños de una parte del barrio, que tenían aterrorizado.

Una postal marca cómo era el dominio de este grupo narco, precario y marginal, en medio de una pobreza extrema: cuando “cortaban” cocaína, es decir, en el momento en que fraccionaban las dosis en papeles y bolsitas, cerraban la calle. Ningún vecino podía entrar ni salir. Los hermanos Muñoz eran amos y señores. Ante la ausencia total del Estado en ese lugar, ponían sus propias reglas, siempre con crueldad: a un vecino que se negó a vender drogas para ellos le cortaron un dedo con una tenaza. El pasillo de 27 de febrero y Gutemberg era de ellos, y también varias viviendas que habían usurpado.

El barrio conocido como Villa Banana, en el sudoeste de Rosario, donde viven unas 7000 personas, tiene sus propias leyes. Sus pasillos angostos —demasiado estrechos para que circule un patrullero— funcionan como trincheras, aunque una parte importante se urbanizó a través de un plan municipal que comenzó en 2016. Estos cambios mejoraron en un sector la vida de los vecinos. Otro sigue envuelto en la violencia que supura de esa criminalidad marginal.

Los vecinos de ese extremo del barrio saben quién manda, quién vende y quién vigila. Y saben, sobre todo, que hablar tiene un precio. Esa geografía del miedo es el sustento de una organización narco que sobrevivió dos condenas judiciales, se reorganizó en tiempo récord y el 12 de junio de 2026 demostró de lo que era capaz: en menos de once minutos, detectó a tres policías federales que patrullaban de civil, los identificó, los cercó con un grupo de al menos diez personas y los atacó a tiros. El agente Rodolfo Arnaldo Manfredi murió con tres balazos en la espalda. Su compañero Emilio Gómez Villafañe –ambos oriundos de Tucumán- quedó internado en terapia intensiva, y se recupera lentamente. El tercer efectivo, Ricardo Barrios Zabala, logró escapar ileso.

Lo que ocurrió esa noche fue la respuesta de una estructura criminal organizada, disciplinada y arraigada territorialmente frente a lo que consideró una intrusión inadmisible. La actuación temeraria de los policías, que habrían recibido la orden de entrar a ese lugar peligroso vestidos de civil, para ir a “comprar” cocaína y “marcar” el lugar, generó mucha bronca entre los agentes por las pésimas condiciones de trabajo en el marco del Plan Bandera en Rosario. “Los políticos se llevan los laureles y nosotros ponemos el cuerpo con salarios miserables”, señaló un policía desplegado en Rosario que es oriundo del norte del país.

La investigación judicial que reconstruye el crimen —la audiencia de formalización que se realizó el 15 de junio ante el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz, con los fiscales Diego Iglesias, Matías Scilabra y Gonzalo Ruggeri— permitió reconstruir esa arquitectura criminal. En el centro de toda la trama, aparece un apellido que se repite: Muñoz.

Para entender quiénes son los Muñoz hay que remontarse a Dalmacio Saravia, el hombre que construyó el primer andamiaje narco en Villa Banana, ligado a Máximo Ariel Cantero, conocido como El Viejo, el fundador de la banda Los Monos.

En diciembre de 2023, la Justicia Federal de Rosario condenó a Dalmacio Saravia, de 60 años, a ocho años de prisión por tenencia de estupefacientes agravada. En la misma sentencia cayeron su hijo, Leonardo Saravia, con una pena de cuatro años, y Eduardo Rodolfo Muñoz —su cuñado— también con una sentencia de cuatro años de cárcel, como partícipe secundario en la comercialización.

Pero la organización no quedó desarticulada. En agosto de 2024, ocho meses después de la condena, se secuestraron más de dos mil envoltorios de cocaína y un trozo compacto de trescientos gramos en Rueda y las vías férreas. En febrero de 2025 nuevos allanamientos en el Bulevar 27 de Febrero confirmaron que la maquinaria seguía en marcha. En noviembre de ese año, un segundo juicio condenó a Dalmacio Saravia a ocho años más, esta vez junto a Marianela Muñoz —su concubina—, quien recibió tres años en suspenso por integrar la organización en el barrio Villa Banana.

Las investigaciones habían revelado algo más que una sociedad criminal entre Saravia y Marianela: ella era la encargada de las tácticas de contrainteligencia. Ocultaba pruebas, coordinaba alertas para que la banda no fuera desbaratada. La extracción forense de sus celulares fue determinante. Los registros del Sistema Único de Visitas del Servicio Penitenciario confirmaron que Marianela figuraba como concubina de Saravia —alojado en el CPF II— y, al mismo tiempo, como hermana de Eduardo Muñoz, también detenido en esa unidad.

Ese dato genealógico lo dice todo: Marianela Muñoz era el eslabón entre Saravia y su propio hermano menor, Eduardo Rodolfo Muñoz. Y Luis Miguel Muñoz, uno de los dos imputados en la causa por el asesinato del agente Manfredi, es hermano de ambos.

El fenómeno que describe el expediente es clásico en el estudio de la criminalidad organizada: cuando el líder cae, la estructura no colapsa, se reconfigura. Quienes ocupaban posiciones periféricas o de segundo nivel ascienden —por designación interna, por imposición violenta, o por acumulación de poder propio. En 2023, Eduardo Rodolfo Muñoz era considerado un partícipe secundario, un integrante fungible. Hoy, según la fiscalía, es el organizador de la banda: se encarga de recibir el material, acopiarlo y distribuirlo en los puntos de venta. Actualmente está prófugo —se realizó una decena de allanamientos sin dar con él.

Los investigadores de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la PFA recogieron el testimonio de vecinos que, por miedo a represalias, no quisieron aportar sus datos: después de que detuvieran a Saravia, “Eduardo Rodolfo Muñoz, hermano de Marianela, con su grupo familiar comenzaron a tener poder dentro del barrio y de forma intimidatoria amenazaban a vecinos con el fin de apropiarse de sus viviendas. Muchos de estas personas, si no se iban de las casas, eran obligados a ser parte de la organización en estamentos inferiores, como vendedores, soldaditos y satélites.”

La vivienda operativa del grupo —usada como punto de venta, guarda y acopio de sustancias ilícitas y armamento— está ubicada en el pasaje Gutenberg, ingresando por el Bulevar 27 de Febrero. Allí murió Manfredi.

Según la PFA, la organización actual responde a la conducción de Eduardo Muñoz y a personas apodadas El Colombiano, Walter Diente de Lata, Toto, Bebe y Mojarra. También aparece mencionada una mujer conocida como Liliana, a quien le entregan el dinero recaudado de la comercialización en el barrio.

Luis Miguel Muñoz —el imputado detenido— era, junto a Mario Ezequiel Peralta, el encargado de custodiar los puntos de venta y colaborar en las tareas de acopio y fraccionamiento. Son los eslabones medios de una cadena que, según el expediente, opera con una coordinación y una velocidad de respuesta que sorprendió a los propios investigadores.

El 12 de junio de 2026, tres agentes de la Policía Federal Argentina realizaban un patrullaje pedestre nocturno por Villa Banana. Iban de civil. Era pasada la medianoche. El agente Ricardo Barrios Zabala, el cabo Emilio Gómez Villafañe y el agente Rodolfo Manfredi ingresaron a pie por los pasillos entre Gutenberg y Gálvez para realizar tareas de identificación y observación. Tenían razones: en las semanas previas, esa zona había sido objeto de múltiples procedimientos con secuestros considerables de estupefacientes.

El análisis de cámaras LINCE —el sistema de videovigilancia con inteligencia artificial del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe— permitió reconstruir con exactitud milimétrica lo que pasó. El agente Manfredi descendió del móvil 13205 entre las 23.37 y las 23.40, mientras el vehículo permanecía detenido en Valparaíso, entre Gálvez y Virasoro. Se dirigió a pie hacia el interior del barrio.

Lo que ocurrió en los minutos siguientes quedó reconstruido tanto en las imágenes como en el testimonio de Barrios Zabala. Apenas los detectaron, comenzaron los silbidos. Una señal de alerta que corrió de boca en boca por el pasillo. En minutos, se congregó un grupo de aproximadamente diez personas. Los rodearon. Les gritaban, los insultaban, los empujaban hacia afuera. Barrios Zabala dijo que escuchó la palabra “cobani”. La única salida posible era hacia el Bulevar 27 de Febrero, por Gutenberg.

Entonces, mientras los tres efectivos caminaban hacia esa salida, el grupo comenzó a disparar. Barrios Zabala describió al tirador principal: una persona de baja estatura, contextura flaca, de unos cuarenta o cuarenta y cinco años, con ropa oscura y capucha, que extrajo un arma desde la cintura o la espalda. Los disparos fueron certeros. Tres impactos en la región posterior del cuerpo de Manfredi, con orificios de entrada y salida: murió por shock hipovolémico, según el pre informe de autopsia del Instituto Médico Legal de Rosario. Gómez Villafañe recibió dos balazos en el hemitórax izquierdo y la región inguinal, y llegó al Hospital Italiano en estado crítico, con cirugía de urgencia y pronóstico reservado al momento de la formalización. A Barrios Zabala los disparos no lo alcanzaron.

Los policías respondieron el fuego. Luis Miguel Muñoz llegó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con al menos dos impactos de bala: uno en la región dorsal izquierda a la altura del quinto arco costal, otro en la región mamaria izquierda al nivel del sexto arco costal, y una lesión en la cara interna del brazo izquierdo. La fiscalía subrayó que esa cantidad de impactos hace menos probable que se trate de balas perdidas del enfrentamiento. Lo trasladó su hermano Juan Carlos Muñoz en un VW Voyage que el sistema LINCE rastreó cuadra por cuadra hasta la rampa de urgencias del HECA.

El reloj marcó las 23.53 cuando llegó el primer móvil policial al lugar. Manfredi ya estaba muerto en la vereda oeste de Gutenberg. La jefa del servicio del Plan Bandera de la PFA en Rosario, ayudante Macarena Abigail Ortiz, estaba esa noche en el móvil 8205. Fue la primera en darse cuenta de que algo había salido mal. Muchos agentes de la fuerza le atribuyen a ella haberle dado la orden a Manfredi para entrar a la villa en total estado de desprotección.

Alrededor de las 23.40 intentó comunicarse con Barrios Zabala, luego con Manfredi. Ninguno atendía. Entonces escucharon los disparos —tres o cuatro, desde afuera del pasillo. Ordenó ingresar con los dos móviles disponibles.

“Apenas bajamos vimos un montón de gente corriendo hacia el lado de las vías”, contó Ortiz en su entrevista ante el Ministerio Público Fiscal. “Nosotros seguimos corriendo por el pasillo, los cuatro ya habíamos desenfundado las armas.” No encontraron a sus compañeros. Salieron, dieron la vuelta por las calles perimetrales, encontraron a Barrios Zabala en estado de shock en 27 de Febrero y las vías. Él les contó que a Gómez Villafañe ya se lo habían llevado al Hospital Italiano con un balazo. Iban camino al Italiano cuando Ortiz recibió el llamado que confirmaba lo peor: habían encontrado a Manfredi.

El relato de Ortiz aporta a los investigadores una clave fundamental para entender el contexto de lo ocurrido: “Barrios me dijo que reconoció a las personas, y que ellos también los reconocieron. Es gente que vive en esa zona, y nosotros pasamos ocho horas diarias recorriendo el mismo sector, que no es muy grande. Conocen esos pasillos de memoria, la gente los conoce a ellos.”

Esa familiaridad mutua es la que explica la velocidad de la reacción. La organización no necesitó tiempo para evaluar si los tres hombres que caminaban por el pasillo eran policías: los conocía. Y la fiscalía señala que los procedimientos de semanas anteriores en la zona —con secuestros importantes de droga— habían generado una presión que se cobró esa noche. Ortiz fue directa: “Esa gente evidentemente tiene que responder por todo ese material que pierden al ser secuestrado en los procedimientos. Reaccionaron así. Pero nunca había pasado algo así.”

Mientras Muñoz era trasladado al hospital, Mario Ezequiel Peralta —el otro imputado— se acercó al cuerpo del agente Manfredi y le sustrajo el teléfono celular y la pistola reglamentaria. El dato surgió de vecinos que se acercaron voluntariamente a los policías durante el allanamiento posterior, sin querer identificarse. Peralta se los entregó a El Colombiano, según esos testimonios. El celular de Manfredi registra su último impacto de antena esa misma noche, a las 23.50, en calle Matienzo al 3500, a pocas cuadras del lugar del hecho. Después, silencio.

Peralta tiene antecedentes concretos en la misma zona: en febrero de 2026 fue detenido vendiendo cocaína en Gutemberg y 27 de Febrero. Según el acta de ese procedimiento, la hostilidad de los vecinos fue tal que los policías debieron trasladar el operativo cinco cuadras.

El expediente judicial tiene aún varios cabos sueltos, marcados en el propio documento con anotaciones internas que evidencian un trabajo en curso: falta el resultado del dermotest, y el número de días solicitados para la prisión preventiva aparece con signos de interrogación. Eduardo Rodolfo Muñoz —el jefe de la organización, cuñado de Saravia, hermano de los imputados— sigue prófugo.

Por Germán de los Santos

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