El “Madoff rosarino” negocia una pena para evitar el juicio y los inversores temen que nunca se recupere el dinero que perdieron

Luis Herrera fue durante años una de las caras visibles de las finanzas rosarinas. Contador, con un máster, fue dos veces presidente del Mercado a Término de Rosario —Rofex— y ocupó cargos en la Bolsa de Comercio. Hoy, desde la cárcel, intenta negociar cuántos años de prisión está dispuesto a aceptar para evitar que su caso llegue a un juicio oral en el que desfilarían más de 300 testigos.

Su nueva defensa presentó ante la fiscalía una propuesta de juicio abreviado: seis años de prisión efectiva para él y cuatro años para cada uno de sus hijos, Diego e Ignacio, además de la inhabilitación para ejercer el comercio. Su esposa, Marcela Fernández, también imputada, quedaría fuera del acuerdo; según pudo saberse, la fiscalía evalúa otorgarle una probation.

La cifra contrasta dramáticamente con la que pidió el fiscal Sebastián Narvaja en su acusación: 13 años de prisión para Herrera, nueve para cada uno de sus hijos y cinco para su esposa por asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de activos.

La distancia entre una pena y otra es la que inquieta a los ahorristas, que temen que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) avale el acuerdo y la causa se cierre sin que nadie recupere un dólar.

No es la primera vez que los Herrera buscan esta salida. En junio pasado fracasó un primer acuerdo que preveía cinco años de prisión para el padre y tres en suspenso para los hijos, lo que les habría permitido recuperar la libertad.

El entendimiento había sido trabajado con algunos querellantes interesados en cerrar el proceso, pero no logró consenso: 33 damnificados prestaron conformidad, 27 se opusieron formalmente y la mayoría no se pronunció.

El que bloqueó aquella negociación fue el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo. En su resolución, objetó que los imputados no hubieran mostrado arrepentimiento ni reconocimiento del daño y cuestionó la ausencia de cualquier tipo de compensación para las víctimas: “No se advierte una concreta voluntad de resarcimiento”, escribió. También advirtió que los bienes cautelados ya estaban comprometidos en la quiebra.

La nueva oferta eleva las penas, pero repite el mismo vacío: no incluye ningún mecanismo de devolución del dinero. La defensa apuesta a que el endurecimiento de las condenas alcance para torcer la voluntad de los querellantes y de la fiscalía.

Hay, además, un factor de presión. En diciembre, Herrera y sus hijos cumplirán dos años en prisión preventiva, lo que podría abrirles la puerta a solicitar la libertad condicional mientras esperan un juicio oral que aún no tiene fecha asignada. La causa está en plena audiencia preliminar, la etapa en la que la defensa debe ofrecer prueba y responder a la acusación. Es decir, explicar el circuito que siguió el dinero que cientos de personas le confiaron.

Según la acusación, los Herrera captaban ahorros con la promesa de invertirlos en operaciones en el mercado de futuros de Chicago, a tasas de entre el 7 y el 12% anual en dólares. Las inversiones, según la fiscalía, eran inexistentes. La reconstrucción del entonces fiscal Miguel Moreno describió un esquema Ponzi clásico: el dinero de los nuevos clientes se usaba para pagar los retiros de los anteriores y disimular la falta de liquidez. La investigación incorporó documentación sobre cuentas y operaciones en el exterior.

El vehículo era Fernández Soljan, la agencia de Bolsa fundada por el suegro de Herrera, Paulino Fernández Soljan, con oficinas en calle Córdoba al 1400. El prestigio del apellido y la trayectoria de Herrera en el mercado funcionaron como garantía. Los clientes le entregaban desde unos pocos miles de dólares hasta sumas de seis cifras.

El esquema empezó a crujir con la pandemia. A mediados de 2021 los inversores comenzaron a tener problemas para retirar fondos, y a fines de ese año una corrida dejó al descubierto un faltante de 800.000 dólares que la firma no pudo cubrir. Herrera entró en default. En noviembre de 2022 fue imputado junto a su esposa y sus hijos.

Cuando habló ante la Justicia, en 2024, Herrera se presentó como víctima de las circunstancias: atribuyó la caída a la pandemia y a la corrida de los inversores, y se definió como un profesional que había cumplido sus compromisos incluso en las crisis de 2002 y 2012. “Voy a contar quién fui, porque ya no soy”, dijo frente a los ahorristas.

La magnitud de la maniobra depende de qué se mida. La investigación reunió 462 casos por un perjuicio de 34.850.235 dólares, aunque en distintas etapas el daño fue estimado entre 30 y 60 millones. Para agilizar el proceso, la fiscalía recortó la acusación a 129 hechos por un total de 9.870.478 dólares.

Los jueces Paula Álvarez, Gonzalo Fernández Bussy y Ramiro López Quintana avalaron ese recorte, al que la defensa —entonces a cargo de Lucio Pérez Castelli y Juan Manuel Cayón Roulet— se opuso por considerarlo una “acusación parcial”.

En paralelo, en el fuero civil avanza la quiebra. El juez Nicolás Avellaneda admitió a 689 acreedores con un pasivo que supera los 51.000 millones de pesos.

En septiembre se remataron un Porsche 911 Turbo de 1996, con un precio base de 300.000 dólares, un Jaguar, un Audi RS3, otros tres autos y un velero Oceanis de 1995. Aun si todo se vendiera a precio base, la recaudación rondaría los 811 millones de pesos, una fracción mínima de lo que los ahorristas reclaman. La Justicia civil también ordenó rastrear acciones de Herrera en el mercado de futuros que alguna vez presidió.

El caso Herrera es el más resonante, pero no el único. Rosario acumula un historial de fraudes financieros que no tiene equivalencia en otra plaza del país. A diferencia de esquemas como el de Leonardo Cositorto y Generación Zoe, los protagonistas aquí no son outsiders, sino agentes de Bolsa, corredores de granos y operadores con décadas de trayectoria que trabajaban a pocas cuadras de la Bolsa de Comercio.

Los nombres se acumulan. Juan Carlos Guardati y Ángel Torti, titulares de una agrofinanciera que llegó a estar entre las diez principales del país, usaron fondos de 156 inversores para tapar el rojo de su corredora de cereales; aceptaron un juicio abreviado y fueron condenados a tres años y ocho meses de prisión domiciliaria. El agente de Bolsa Pablo Arcamone enfrenta un pedido de siete años por una operatoria que derivaba ahorros a una mutual detrás de la cual funcionaba una cueva.

Los directivos de Cofyrco, la financiera de calle Córdoba que le cambió dólares a un narco, fueron procesados en el fuero federal con embargos por 3500 millones de pesos. Guido Garay, que había pasado por Cofyrco, fue imputado este año por estafas y estelionato. Esta última semana fueron detenidos los dueños de la agencia de autos Rosario Motorsport, denunciados por un posible esquema piramidal de fraude.

Las variantes cambian; la lógica se repite. Un ecosistema financiero informal tolerado durante décadas, donde las “cuevas” operan a la vista de todos y el dinero legal y el ilegal se mezclan sin demasiado esfuerzo. Y un instrumento común: la confianza. En todos los casos, las víctimas son ahorristas que buscaron una alternativa a los bancos y cayeron en una trampa.

Entre los damnificados de Herrera crece otra sospecha: que la Justicia santafesina destina pocos recursos a perseguir las estafas financieras y que las penas negociadas, lejos de ser ejemplificadoras, terminan funcionando como un incentivo.

El antecedente de Guardati y Torti, resuelto con prisión domiciliaria, alimenta ese temor. La decisión sobre el nuevo abreviado quedará ahora en manos de la Fiscalía. Del otro lado esperan cientos de personas que, cinco años después del default, siguen sin saber dónde está su dinero.

Por Germán de los Santos

• Estafa

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