El prejuicio y la ideología no salvan vidas

El asesinato a cuchilladas del inspector federal Juan Pablo Roldán fue un claro ejemplo que demuestra que, de haber portado el policía un arma eléctrica tipo Taser, con alta certeza hubiera salvado su vida y también la de su desequilibrado agresor, Rodrigo Facundo Roza.

La pistola Taser es especialmente apta para reducir personas que intentan agredir con un arma blanca o un objeto cortante. Al disparar sus dardos despiden una carga eléctrica que paraliza al agresor sin causarle la muerte, sino que lo inmoviliza de manera que se lo puede desarmar con facilidad. La escena frente al Malba, filmada en vivo, demostró con dureza que esos segundos de duda de Roldán y de sus compañeros sobre la utilización de sus armas de fuego reglamentarias, paralizados por la posible arbitrariedad de las consecuencias sobre ellos, fueron decisivos.

El agresor desaforado se abalanzó sobre el inspector, clavándole varias veces la larga cuchilla. El desenlace fatal, así, fue inevitable, como lo demuestran numerosos estudios internacionales que analizan la materia. En un contexto con mucha presencia de civiles en la vereda y con años de maltrato penal a los miembros de las fuerzas de seguridad en relación con el uso del arma de fuego para la legítima defensa, en ese instante varios policías dudaron y no dispararon. La secuencia terminó con el inspector acuchillado y el delincuente abatido de manera tardía.

El uso de armas no letales es clave como herramienta de trabajo policial: permite una acción proporcional y efectiva como opción intermedia frente a una agresión violenta. Sin el uso de la Taser, frente a una situación de conflicto el policía está obligado a pasar del uso del bastón o tonfa al arma de fuego, poniendo en riesgo la vida propia, las de otros ciudadanos presentes en la escena del delito y la del agresor.

Hay argumentos falaces, fundados en el prejuicio y en la ideología, acerca de la más utilizada de las armas no letales, que en la Argentina se conoce como Taser. Las armas de descarga eléctrica son utilizadas en 107 países, incluyendo la mayoría de los estados de la Unión Europea y naciones de la región.

Si estas armas fuesen utilizadas de manera no reglamentaria, poseen un chip inviolable que registra la cantidad de veces que fue presionado el gatillo, la duración del impulso eléctrico y la fecha y hora exacta en la cual ocurrieron los hechos. Las armas de fuego no cuentan con este tipo de registro.

La pistola eléctrica Taser había sido provista por el Ministerio de Seguridad de la Nación a la Policía Federal y al resto de las fuerzas federales, y se habían realizado cursos para asegurar el correcto uso de las mismas.El proceso de incluir estas armas no letales como armamento reglamentario había comenzado casi una década atrás, durante mi gestión como Jefe de Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

En su momento el proceso se judicializó, hasta que hace unos años el Tribunal Superior de la Ciudad autorizó su uso. A partir de esa determinación la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el equipo que la acompañamos en la gestión decidimos su utilización por las fuerzas federales.

Sin embargo, al comienzo de la gestión actual, la ministra Sabina Frederic derogó las resoluciones dictadas al respecto, haciendo virtualmente no utilizables estas armas. Seguramente los fundamentos de la antropóloga se encuentran fundados en su visión ideológica y son similares a aquellos que la llevaron a eliminar la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Frederic se ha pronunciado a favor de despenalizar el consumo de todas las drogas ilegales, ha cambiado toda la reglamentación de la gestión anterior respecto del uso de armas de fuego por parte del personal de las fuerzas federales y se ha peleado públicamente con el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, por la utilización de las fuerzas federales en territorio de la provincia.

La última ratio de estas controversiales decisiones, a mi entender, está basada en la concepción técnica e ideológica de la ministra y de su equipo, y en el prejuicio en contra de las fuerzas de seguridad y de otros funcionarios políticos que ocupan y han ocupado el área.

La pregunta que podemos hacernos es: ¿Qué consecuencias tienen en el ciudadano común y en el personal de las fuerzas de seguridad decisiones fundadas en la ideología y el prejuicio?