Los líderes de la Banda del Millón fueron alojados en un mismo pabellón y sin acceso a teléfonos celulares
Se trató de una decisión del Servicio Penitenciario Bonaerense para evitar que los líderes continúen planificando robos desde sus celdas
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LA NACIONGabriel Di Nicola
En un mismo pabellón, sin teléfonos celulares ni otros dispositivos electrónicos con acceso a Internet. Así, de ahora en más, pasarán sus días en prisión los tres sindicados líderes y otros siete integrantes de la temible banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaban salvajemente y hasta torturaban a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro.
En las últimas horas, por decisión de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) los diez sospechosos fueron traslados a la Unidad 61 de Melchor Romero, en La Plata, informaron a LA NACION fuentes judiciales y penitenciarias.
A la misma cárcel, pero en el anexo femenino, también fue trasladada Sofía Gómez, novia de Brandon Brites, alias Mape y uno de los líderes de la banda. La joven está sindicada como cobradora de la organización criminal.
“La decisión adoptada tiene por finalidad garantizar las medidas oportunamente solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, así como asegurar su adecuado cumplimiento y control. En virtud de ello, los internos se encuentran actualmente alojados en un único pabellón, sin acceso a telefonía celular ni a dispositivos tecnológicos que pudieran facilitar la continuidad o articulación de maniobras delictivas”, explicaron las fuentes consultadas.
A mediados de febrero, después de un nuevo golpe de la Banda del Millón en el que resultó víctima Mónica Mancini, conocida como la “abuela influencer” y tras comprobarse que el robo había sido planificado desde la cárcel, Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, pidió que se prohíba a los integrantes de la organización criminal detenidos en unidades penitenciarias bonaerenses el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos con conexión a Internet. Además solicitó la instalación de bloqueadores o inhibidores de comunicación móvil.
“Se ha consolidado una dinámica de ‘mando remoto’ donde la inteligencia criminal y la selección de blancos se realiza puertas adentro de las cárceles mediante acceso a medios digitales, mientras que la ejecución es dirigida en vivo a través de video llamadas (WhatsApp e Instagram, etcétera), garantizando el control total de los líderes sobre los subordinados que se encuentran en el exterior. Así, los cabecillas, lejos de ver limitada su capacidad de acción por estar encerrados, simplemente reacomodaron su rol dentro de la estructura, pasando a dirigir, ordenar, validar operaciones y obtener provecho desde la cárcel”, sostuvo Ferrari en su dictamen dirigido a jueces de dos tribunales orales, magistrados de Garantías, fiscales del fuero penal juvenil y al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, que tiene a su cargo el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El mismo pedido hizo el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, en un acto que compartió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
“Hay una banda que venía perpetrando hechos muy violentos en San Isidro, están privados de la libertad. Vemos con mucha indignación que siguen operando desde la cárcel. No podemos tolerar que personas comprometidas en hechos de violencia como los que se vivieron en San Isidro puedan seguir operando desde la cárcel. Es una oportunidad para adherir al planteo del fiscal adjunto de San Isidro [por Patricio Ferrari] para que no se les permita seguir utilizando los celulares a personas que se ha probado que siguen perpetrando delitos desde las cárceles”, sostuvo el jefe comunal frente a Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
Pedido del intendente
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, presentó esta tarde un escrito ante la Justicia provincial para solicitar que, de forma urgente, se deje sin efecto la autorización que permite, desde el gobierno de Alberto Fernandez, el uso de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias bonaerenses.
En una carta dirigida al Tribunal de Casación Penal bonaerense, Lanús argumentó que esta medida fue una disposición excepcional y temporal, adoptada durante la pandemia por el DNU 297/20 y sus prórrogas, cuya vigencia ya finalizó hace tiempo. “No podemos permitir que personas condenadas por delitos sigan operando y comandando nuevos desde la cárcel”, enfatizó el intendente.
Según informaron a LA NACION fuentes del municipio, “el escrito detalla que: a pesar del cese de la emergencia sanitaria, los detenidos continúan utilizando dispositivos de telefonía celular de manera indiscriminada y sin control efectivo. Esto facilita la planificación y ejecución de delitos desde el interior de los penales, agravando los niveles de inseguridad en el conurbano bonaerense, incluido el distrito de San Isidro”.
Lanús subrayó que el “mando remoto” delictivo habilitado por el acceso de los detenidos al uso de teléfonos celulares socava “los esfuerzos constantes del Municipio en prevención y seguridad”. Al respecto, mencionó ejemplos concretos de personas privadas de su libertad alojadas en distintas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense que −según información de la Fiscalía y evidencia adjunta− siguen dirigiendo bandas criminales desde prisión, con impacto directo en hechos delictivos locales.
El pedido de Arroyo Salgado
Además, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado le envió un oficio al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, para que arbitre las medidas necesarias para que los internos en cárceles de la provincia de Buenos Aires dejen de tener acceso a los dispositivos móviles.
“Tal como surge de las constancias del expediente en el que me dirijo, como así también de otros sustanciados ante esta misma sede judicial a mi cargo y −según entiendo− de muchos más instruidos no sólo en el ámbito de la Justicia federal, sino también, y fundamentalmente, de la Justicia provincial, el uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es principalmente una herramienta de ‘trabajo’ imprescindible y esencial para que personas que se encuentran detenidas de manera preventiva por delitos graves o ya condenadas continúen con su empresa criminal o incursionen en otras posibles dadas las limitaciones derivadas de su privación de libertad física. En efecto, en el contexto actual, la persistencia del uso de celulares en el ámbito carcelario estatuída para una coyuntura de emergencia ya concluida [pandemia de Coronavirus], terminó generando un espacio de vulnerabilidad institucional que −como quedó evidenciado tanto en la investigación mencionada, como en muchas otras− ha sido aprovechado para organizar y ejecutar delitos de distinta naturaleza y gravedad desde el interior de los establecimientos penitenciarios”, sostuvo la jueza después de procesar con prisión preventiva a los extorsionadores de Rodrigo Gómez, el soldado que se suicidó cuando estaba de guardia en la quinta de Olivos. La extorsión se había planificado y orquestado desde la cárcel de Magdalena.
La primera respuesta al pedido del fiscal Ferrari llegó de parte de la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty. La magistrada ordenó la prohibición del uso de teléfonos celulares para cuatro de los supuestos integrantes de la banda presos en un expediente que tramita en su juzgado.
Ahora llegó la respuesta del SPB con el traslado a la Unidad 61 de Melchor Romero.
“Esta medida constituye un avance concreto y eficaz en consonancia con los requerimientos impulsados por la Fiscalía, orientados a prevenir la reiteración de hechos de extrema gravedad y a desarticular toda posibilidad de coordinación criminal desde el ámbito penitenciario. Asimismo, se mantendrán reuniones de trabajo entre la Fiscalía interviniente [la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez] y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, conducido por el ministro Alonso, con el objeto de reforzar las acciones necesarias para hacer cesar las conductas investigadas como así también determinar si desde otros establecimientos penitenciarios pudieran generarse comunicaciones con idénticos fines”, dijeron fuentes oficiales.
También, según los voceros consultados, la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro “ha puesto a disposición de la Justicia recursos tecnológicos y humanos para fortalecer las tareas de prevención y neutralización del accionar delictivo”.
Los líderes de la banda, según la Justicia, son Mape Brites, Hugo Castillo San Martín, apodado Huguito, y Thiago Sandoval, conocido como Polli. Tienen entre 18 y 21 años. A pesar de estar tras las rejas, continuaron planificando y ordenando los robos que protagonizaban sus lugartenientes.
“La presente pesquisa exhibía la existencia de una organización delictiva caracterizada por una estructura de un sinnúmero de intervinientes que se empeñaban a diario en ejecutar delitos contra la propiedad de notable impacto. Los sucesos ocurrían en horas de la madrugada en diferentes viviendas de este partido de San Isidro con la peligrosidad que caracterizaba esas acciones y la reiteración que -a ese tiempo- no cesaba. Se había verificado que el núcleo operativo de la organización -en su mayoría con residencia en el barrio La Cava [por la villa situada en la localidad de Beccar]- había perfeccionado sus tácticas delictivas, recurriendo a tareas de inteligencia previa, análisis del entorno y selección de víctimas particularmente vulnerables, entre ellas, personas de edad avanzada", había sostenido el fiscal Ferrari, cuando, a mediados de noviembre pasado, presentó el requerimiento de elevación a juicio respecto de 11 sospechosos mayores de edad.
Huguito Castillo San Martín está preso por el homicidio de Jorge De Marco, un vecino de Las Lomas de San Isidro, asesinado a golpes en marzo de 2024. Se trató del crimen por el que se conoció a la banda del Millón. También está acusado por una serie de robos planificados desde la cárcel.
En noviembre pasado, LA NACION reveló que Huguito había marcado como objetivos de sus futuros robos a 171 casas situadas entre Vicente López, San Isidro y San Fernando.
La información surgió al peritar el teléfono celular que le habían secuestrado durante un allanamiento en su celda.
El otro homicidio que se le adjudica a la banda del Millón ocurrió el 25 de octubre pasado. La víctima fue María Susana Rodríguez Iturriaga, una vecina de Acassuso, San Isidro, de 81 años. El robo habría sido planeado por Polli Sandoval, que en ese momento estaba alojado en el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatorio de Virrey del Pino, donde cumplía una pena de 10 años de cárcel por su participación en el asesinato de De Marco. No estaba preso en una cárcel porque era menor de edad cuando ocurrió el crimen.
“No cabe duda alguna que desde su lugar de encierro, Sandoval se dedicó a dirigir, planificar y ‘marcar’ el domicilio de la víctima, participando durante el transcurso del mismo mediante una videollamada de la aplicación WhatsApp, además de cooperar luego con la fuga de los autores del lugar hacia el domicilio de residencia de su familia en la zona conocida como Los Caños del barrio de emergencia La Cava, en Beccar, en San Isidro”, sostuvo el fiscal Ferrari al solicitar la formal detención de Sandoval por el homicidio de Rodríguez Iturriaga.
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