El secuestro de 1345 kilos de marihuana puso al descubierto la relación de un comisario con una banda narco

Los ocupantes de la camioneta no se detuvieron ante la voz de alto y se dieron a la fuga. Pero no pudieron ir muy lejos. A 200 metros de donde habían sido descubiertos por personal de la Dirección General de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos abandonaron el vehículo, una camioneta Citroën Jumper, con un cargamento de 1345 kilos de marihuana.

Eran las 22 del 13 de febrero pasado y el hallazgo de los estupefacientes en la zona conocida como Camino del Borello, en La Paz, en Entre Ríos, daba comienzo a una investigación que puso al descubierto la relación de un oficial jefe de la fuerza de seguridad provincial con una banda de narcotraficantes.

Se trata del comisario y abogado Daniel Rosatelli, que cumplía funciones en el área jurídica de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos. Su padre, el comisario general Juan José Rosatelli, llegó a ser subjefe de la fuerza de seguridad provincial.

En las últimas horas el comisario Rosatelli fue procesado con prisión preventiva por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, por el delito de transporte de estupefacientes agravado y lesiones graves agravadas por el uso de violencia, intimidación y el empleo de un arma de fuego en concurso ideal con amenazas coactivas. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes del oficial jefe hasta cubrir la suma de $12.250.000.

Hubo otros cuatro sospechosos procesados. “En definitiva, la valoración integral de las constancias reunidas permite sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, que Rosatelli, Martín Pelizzari, Claudio Luna, Alan Favieri y José Belén Favieri intervinieron, mediante una distribución funcional de tareas, en un mismo plan dirigido al transporte organizado de 1345,51 kilos de marihuana. No se trata de elementos aislados ni de meras relaciones personales entre los imputados, sino de un conjunto de pruebas testimoniales, registros fílmicos y de videovigilancia, comunicaciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos celulares, movimientos financieros, informes patrimoniales, documentación registral y policial, secuestros y evidencias materiales que, examinados de manera convergente, reconstruyen los distintos segmentos de una única operación”, sostuvo el juez Ríos en una resolución firmada en las últimas horas a la que tuvo acceso LA NACION.

En el fallo se sostuvo que por indicación del comisario Rosatelli, Pelizzari coordinó la compra de la camioneta que iba a ser utilizada para ocultar y transportar el cargamento de marihuana que, finalmente, fue secuestrado por la Policía de Entre Ríos en La Paz.

Según la citada resolución, los encargados de trasladar el cargamento de estupefacientes eran César Leonel Ramírez, sospechoso detenido cuando se secuestró la marihuana, José Belén Favieri, alias capo, y otro delincuente aún no identificado. Ellos recibieron la camioneta Citroën Jumper de parte del comisario Rosatelli, dijo el magistrado en el procesamiento.

“Rosatelli dispuso los medios materiales, logísticos y humanos para adquirir el 4 de noviembre de 2025 la camioneta Citroën, Jumper, dominio PME392, por medio Pelizzari y Luna, por la suma de $15.000.000 aproximadamente y sustituyó posteriormente su chapa patente. El vehículo, después, fue usado para realizar el transporte del material estupefaciente”, dijo el juez Ríos.

Pero el precio acordado por la camioneta nunca fue pagado en su totalidad, lo que derivó en una denuncia por estafa, amenazas y abuso de autoridad.

Para que retiraran la denuncia por estafa, según el expediente judicial, el comisario Rosatelli protagonizó un hecho de suma violencia. La víctima fue la persona que presentó al dueño de la camioneta con los compradores.

El 12 de noviembre pasado, en la sede de la ONG Suma de Voluntades, en la ciudad de Paraná, el comisario Rosatelli “golpeó con violencia la cabeza de la víctima contra una pared, para lo cual empleó un arma de fuego tipo pistola, la cual apoyó sobre su cara, cayéndose posteriormente al piso y causándole un traumatismo encéfalo-craneano, con hemorragia subaracnoidea y edema cerebral, que le provocó un episodio convulsivo, disartria (dificultad para hablar) y debilidad motora en el hemicuerpo derecho, con riesgo de vida”, según la imputación.

Cuando la víctima estaba en el piso, Rosatelli habría dicho: “Si no retira la denuncia de la camioneta le voy a meter un tiro”.

Para el juez Ríos, “la amenaza tenía una finalidad específica. Esto es que Barbieri retire la denuncia policial por estafa. Tanto las lesiones graves agravadas y las coacciones fueron efectuadas por Rosatelli para preparar, facilitar y ocultar el uso de la camioneta que fue denunciada por estafa y utilizada en el transporte de 1345 kilos de marihuana”.

Sobre el rol del comisario en la organización criminal, el magistrado explicó: “La ausencia de comunicaciones entre Rosatelli y quienes ejecutaron materialmente el tramo final del transporte no desvirtúa, por sí sola, la hipótesis de intervención que surge de las restantes constancias. La imputación no se construye sobre su presencia física el 13 de febrero ni sobre una dirección telefónica contemporánea al desplazamiento de la droga, sino sobre un aporte material precedente: la obtención y conservación clandestina del vehículo que permitió realizarlo. Dentro de una ejecución organizada mediante división del trabajo, no resulta necesario que quien procura el medio logístico intervenga también en su conducción o mantenga comunicación directa con todos los ejecutores del tramo final. Lo decisivo es establecer si conoció el carácter funcional de su aporte y si actuó para asegurar que ese medio permaneciera disponible. Precisamente en este último aspecto adquieren especial valor la forma clandestina de adquisición, la utilización de terceros, la reacción violenta frente a la denuncia que amenazaba con recuperar o secuestrar la unidad, su posterior sustitución registral y el destino finalmente dado al mismo vehículo”.

Por Gabriel Di Nicola

• Narcotráfico

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